Día D para la certificación, o descertificación, de Estados Unidos a Colombia: “Hay que actuar con precaución”

Este lunes es el día clave para conocer si Colombia será certificado o descertificado por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, una decisión que tendrá implicaciones en asuntos políticos, económicos, de seguridad y cooperación de la agenda binacional.

El riesgo de la descertificación fue advertido por los integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso a la Casa de Nariño, sin que el Ejecutivo escuchara a los congresistas.

Ese tema se lo pusieron sobre la mesa a los funcionarios de la Presidencia durante las reuniones con la Cancillería y también en la Comisión Segunda del Senado, pero quienes enviaron esos mensajes cuentan que el Ejecutivo tomó nota, mas no actuó sobre esas advertencias.

Por eso los legisladores están convencidos de que el país llega a esta decisión en un contexto de desventaja: la relación de Petro con Trump no ha sido amable con una serie de mensajes de X que ocasionó tres crisis diplomáticas, Petro ha defendido al principal enemigo de Trump en la región, Nicolás Maduro, y el Gobierno se acerca cada vez a países como China.

“Si llega una descertificación, hay que actuar con precaución y avanzar en otros tipos de programas que no están contemplados hoy en la lucha contra el narcotráfico. Cuando el país fue descertificado cometimos el error de acercarnos a Rusia, por ejemplo, con la compra de aeronaves, y aún vivimos las consecuencias de esa decisión. Se necesitan nuevos acercamientos con el Departamento de Estado”, consideró el senador José Luis Pérez, integrante de esa Comisión Asesora.

Las gestiones para intentar contener un mal escenario para Colombia no solo estuvieron a cargo de los delegados del Gobierno nacional o de los mandatarios locales que viajaron a Washington, para buscar reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso estadounidense, desde el Legislativo también se adelantaron tareas de diplomacia parlamentaria para contener ese escenario.

Los congresistas colombianos llevan meses comunicándole a la administración Trump que sí hay voluntad de las instituciones del país de combatir los cultivos ilícitos, en un lobby paralelo en el que participaron legisladores independientes y de oposición. De hecho, no se puede olvidar que hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo que interceder por el bienestar de la relación bilateral por cuenta de la crisis ocasionada por las publicaciones hechas por Petro a media noche, a finales de enero de este año.

Uno de los asuntos de la relación bilateral que tiene peso en la decisión de Estados Unidos de certificar o descertificar a Colombia es la extradición de los señalados capos del narcotráfico o cabecillas guerrilleros, quienes hoy tienen diálogos en curso con la administración Petro, lo que impide que estas personas sean entregadas a la justicia norteamericana.

“Muchos sectores le estamos pidiendo a Estados Unidos que se mire otra alternativa, como una descertificación condicionada, porque la postura del Gobierno no es la misma del Congreso y los ciudadanos y acá terminan pagando justos por pecadores”, comentó la senadora Paola Holguín, una de las encargadas de las relaciones diplomáticas desde el Congreso.

Colombia está en riesgo de perder ayuda de cooperación internacional, económica y militar por cuenta de la decisión que tome la Casa Blanca esta semana, decisión que traería mayores consecuencias en un escenario global en el que ese país ya redujo las partidas presupuestales que envía a sus aliados internacionales. Además, lo que la administración Trump determine influirá en la flexibilidad de la banca multilateral para prestar recursos a la nación y hasta podrá implicar ajustes en el régimen arancelario.

“Nunca Colombia había estado tan cerca de la descertificación y este es el resultado de lo que el país dejó de hacer en los últimos tres años: se debilitaron los programas de sustitución de cultivos, también los programas de desarrollo con enfoque territorial para llegar con el Estado a las zonas donde hay cultivos y el fortalecimiento de las vías terciarias; no tenemos una política de extradición que ahuyente. Antes el enemigo común fue el narcotráfico y ahora no lo es”, aseveró el exconsejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila.

Colombia estuvo descertificada entre 1996 y 1997 durante la administración de Ernesto Samper, como resultado del Proceso 8.000 que dejó al jefe de Estado colombiano y a sus más altos funcionarios sin visa. Esa decisión significó una suspensión de ayuda equivalente a 35 millones de dólares y restricciones en la banca internacional para el acceso a crédito de Colombia.

La certificación regresó con la administración de Andrés Pastrana y la lucha del gobierno posterior de Uribe Vélez contra el narcotráfico y las guerrillas afianzó la relación con Estados Unidos. Incluso, en la administración de Juan Manuel Santos, se presentaron reducciones en los cultivos ilícitos como resultado de la erradicación manual y la aspersión aérea. Esta última fue prohibida por la Corte Constitucional en 2015, que ratificó su negativa a este asunto en 2022. La firma del Acuerdo de Paz en el Gobierno Santos incluyó un enfoque para priorizar la erradicación manual voluntaria de cultivos por parte de los mismos campesinos que dejó en manos de las comunidades las condiciones para efectuar esa tarea.