Día clave contra la campaña presidencial de Petro: el CNE presentará ponencia sancionatoria por violación de topes, como lo anticipó SEMANA

Los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro viven horas de infarto. Si nada extraordinario ocurre, los magistrados e investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicarían este martes, ante la sala plena del CNE, el proyecto de decisión definitiva de la investigación por violación de topes y financiación prohibida de la campaña política que llevó al poder a Gustavo Petro.

Una fuente de alto nivel de ese tribunal le contó a SEMANA que el proyecto de decisión estaría encaminado a sancionar al entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora María Lucy Soto Caro y a la tesorera Lucy Aydeé Mogollón. Aunque Mogollón le contó al CNE que Ricardo Roa la separó de sus funciones y le dejó el manejo del dinero de la campaña a Sebastián Caicedo, el hermano de su pareja, Julián Caicedo, no salió bien librada y sería sancionada administrativamente.

También serían declarados responsables los partidos políticos Colombia Humana, que fundó Gustavo Petro y lo avaló a la presidencia en 2022, y la Unión Patriótica.

Este medio estableció que la violación de los topes electorales estaría cerca de los 3.000 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones de pesos se habrían registrado en la primera vuelta, ocurrida en mayo de 2022, y los 500 restantes corresponderían a la segunda.

La cifra se reduciría en unos 2.000 millones de pesos, en comparación con la que fijaron los magistrados Ortiz y Prada en el pliego de cargos radicado en mayo de 2024. En esa oportunidad se habló de una posible violación de los topes de campaña en 5.355 millones de pesos, de los cuales, 3.709 millones se registraron en la primera vuelta, mientras que en la segunda se reportaron ingresos superiores a los 1.646 millones.

También se supo que, aunque los magistrados decretaron y practicaron todas las pruebas solicitadas por los defensores de los investigados, sus argumentos no fueron suficientes para desvirtuar los cargos formulados.

El cargo por el uso del avión comercial de Daily Cop, la empresa de criptomonedas que estafó a decenas de colombianos y en el que se desplazaron por varias regiones el entonces candidato Gustavo Petro y el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, como lo demostraron varias fotografías difundidas en redes, no habría podido establecerse con certeza, según las pruebas aportadas por la empresa Sadi de Ibagué, que tenía el control de la aeronave de placas HK 5328.

Ómar Hernández, uno de los cerebros de la criptomoneda, le explicó al CNE desde una cárcel en Colombia que Daily Cop se había reunido con Ricardo Roa para acordar la entrega de una millonaria suma de dinero a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) para la compra de la aeronave que sirvió a la campaña, pero no soportó con ninguna prueba.

Tampoco fue posible contactar a Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco, entonces representante legal de Sadi, quien permanece en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico, para que ratificara lo dicho por Hernández.

En la ponencia final, los magistrados llegarían a la conclusión de que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydeé Mogollón; la auditora, María Lucy Soto, además de la Colombia Humana y la Unión Patriótica, deberían ser sancionados económicamente y pagarle al Estado más de los 3.500 millones de pesos con los que se financió la campaña con dineros prohibidos.

Igualmente, los directivos de la campaña tendrán que devolver 150 millones de pesos al Estado. Ese dinero lo destinaron para el alquiler del Movistar Arena, en Bogotá, la noche del domingo 19 de junio de 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido presidente.

El entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, pagó desde su tarjeta de crédito 100 millones de pesos, aunque según lo que se probó durante el proceso, el contrato ascendió a 250 millones, y los otros 150 millones los pagó una persona jurídica.

Para el CNE, eso no podía constituirse como un evento de campaña y no podía relacionarse como gasto en la contienda política, porque se realizó horas después de las elecciones. Como si fuera poco, el tribunal electoral podría compulsar copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa por haber mentido y sacar provecho del Estado con los 100 millones que él pagó.

Otro de los temas que aborda la ponencia definitiva es que la investigación no ha caducado, pese a que algunos de los investigados consideran que la acción administrativa cesó el 19 de junio de 2025 porque ese día se cumplieron los tres años de la segunda vuelta presidencial.

Esta solicitud sería resuelta en el proyecto de resolución que se radicaría la próxima semana y los magistrados argumentarían que los tiempos se corrieron porque durante la investigación se presentaron y decidieron seis recusaciones (cuatro contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y dos contra Alba Lucía Velásquez) y la Sala de Consulta del Servicio Civil se demoró casi cuatro meses resolviendo si el CNE tenía o no las facultades para investigar a la campaña del Pacto Histórico en la que Petro era el candidato responsable administrativamente por los dineros que ingresaron a su campaña. Es decir, el proceso podría extenderse hasta octubre de 2025 o, incluso, hasta diciembre, según argumentaron algunos abogados consultados por SEMANA. El debate jurídico será para alquilar balcón.

Estos meses serán de máxima tensión en la sala plena del CNE porque los magistrados cercanos a Petro querrán solicitar la investigación en rotación y ganar tiempo para favorecer a la campaña del hoy jefe de Estado debido a que la acercarían a la caducidad; el mejor escenario para los responsables porque, tal como se observan las pruebas documentales y testimoniales, será difícil controvertir o echar para abajo la investigación que adelantaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Cada togado podrá, legalmente, tener el proceso dos semanas en su despacho.

A partir de la radicación de la ponencia definitiva contra la campaña Petro Presidente, se pone fin a la actuación de los ponentes y el país pondrá su lupa en la actuación de la sala plena, que tendrá la última palabra y definirá si sanciona o no a los directivos de la campaña. El CNE tiene nueve magistrados, de los cuales ocho podrán votar, pues Alba Lucía Velásquez, cercana a Gustavo Petro, fue recusada porque fue testigo electoral avalada por el Pacto Histórico en 2022 y, aun así, fijaba posiciones jurídicas en temas de la Casa de Nariño.

Preliminarmente, las cargas estarían cinco (Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz, Alfonso Campo y Maritza Martínez) contra tres (Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Altus Baquero). El último votó positivamente el pliego de cargos en 2024, pero tomará una decisión frente a la última ponencia cuando conozca el expediente. En ese orden de ideas, se necesitaría convocar conjueces, toda vez que las decisiones del CNE requieren mínimo de seis votos para ser aprobadas o negadas.

El CNE se tomó casi dos años y seis meses en una actuación administrativa en la que se construyó un expediente que Colombia conocerá a partir de esta semana, y que contiene cerca de 8.000 folios y casi 600 páginas del proyecto de resolución, en el que se decretaron y se practicaron cerca de 150 pruebas, algunas ordenadas por Ortiz y Prada, las demás solicitadas por las defensas de los investigados.

Esta es la primera vez en la historia de Colombia que una investigación por violación de topes de una campaña política de un presidente en ejercicio llega hasta esta instancia, un hecho que superó las expectativas, pues críticos y algunos sectores políticos coincidían en que, según la tradición, en el Consejo Nacional Electoral no se avanzaría en esta investigación.