Desprotegidos presidenciales: los precandidatos se quedan sin protección y aumenta la angustia de cara a las elecciones del 2026

La Unidad Nacional de Protección (UNP) no está tramitando las solicitudes de protección de los precandidatos a la presidencia en las que estos han reclamado que se actualicen sus estudios de riesgo, refuercen sus esquemas de seguridad y les asignen escoltas para sus viajes fuera de Bogotá.

Si bien esta semana la entidad prometió evaluar la protección para todos los aspirantes a raíz del atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, lo cierto es que quienes están en la contienda llevan meses sin esquemas completos o hasta pagándose seguridad privada porque la del Estado no llega.

David Luna tuvo que interponer una solicitud de medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se cansó de no tener respuesta de la entidad que dirige Augusto Rodríguez. En tres ocasiones en el último año ha pedido refuerzo de su esquema sin que le den trámite y recorrió casi todos los departamentos del país solo con el equipo de custodia que tiene desde que era senador.

En el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán también solicitó más apoyo y está a la espera de una nueva evaluación de riesgo de la entidad. En medio de esa demora en los trámites, recorrió Cali, Medellín y Pasto utilizando carros de integrantes de su proyecto político, ya que pidió acompañamiento para sus recorridos sin obtener respuesta. Galán ha tenido que llegar a sus eventos en taxi, con una moto de la Policía custodiando el vehículo.

SEMANA conoció que, en los últimos meses, Vicky Dávila ha presentado varias denuncias en la Fiscalía por amenazas, y fiscales han solicitado a la UNP revisar su esquema de seguridad. La entidad ha reevaluado el riesgo de la periodista y precandidata sin hacer ajustes. Tras el atentado contra Uribe Turbay y las informaciones que se han conocido sobre un posible ataque contra Dávila, la Policía se comprometió a reforzar su seguridad y la de su familia.

La protección no solo se trata de tener un uniformado al lado. Los esquemas suelen estar integrados por cinco hombres, entre policías y agentes de la UNP, y dos camionetas, que no siempre son blindadas. La cantidad de guardas y el número de vehículos se determina por un análisis de riesgo que realiza el Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo, instancia que arroja un porcentaje de evaluación y con el que se toman las medidas. Llama la atención que para casos como el de Uribe Turbay, en su más reciente análisis, la UNP redujo ese indicador desde más del 60 por ciento a solo el 52 por ciento, pese a que era precandidato presidencial y un líder visible de la oposición.

La compañera de bancada de Uribe Turbay, Paloma Valencia, asegura que no ha tenido acompañamiento en ninguna región. Entonces, ha tenido que desplazarse en taxis custodiados por dos policías en moto. Por su parte, Juan Daniel Oviedo está esperando que la UNP le actualice el esquema que tenía como concejal.

El auto al servicio de Claudia López se ha varado en dos ocasiones durante este año. Ese carro es blindado, pero hay días en los que debe dejarlo parqueado y no le sirve para protegerse. Entretanto, el empresario Santiago Botero paga seguridad privada, pues no le han entregado un esquema.

La UNP debe actualizar el análisis de riesgo de sus protegidos cada semestre y se hacen recurrentes los casos en los que funcionarios y actores políticos, como los ex-Farc firmantes de la paz, rechazan los carros que no están blindados o que no son de determinadas marcas porque sienten que estos no les servirán para ir a terreno. También es común que a los precandidatos no les presten seguridad para los recorridos por el país, pues los esquemas serán utilizados para viajes de los funcionarios del Gobierno.

Cada vez que un precandidato viaja fuera de la ciudad en la que reside, debe enviar una solicitud 72 horas antes de su itinerario para que su esquema lo acompañe en ese trayecto, pero a los jefes de seguridad no suelen aprobarles los tiquetes y viáticos para custodiar a sus protegidos en otras regiones. Eso ocurrió con Uribe Turbay en 23 ocasiones durante este año y también le está pasando a otros precandidatos que hablaron con SEMANA para este artículo.

Desde el atentado contra Uribe Turbay, la UNP prometió reforzar los esquemas de todos los aspirantes a la presidencia, pero se necesitaron cinco días para que se ordenara una reunión con los más amenazados. Por su parte, la Policía prometió destinar a un coronel como encargado de actualizar la seguridad de los aspirantes. Mientras las nuevas medidas llegan, los políticos hacen una pausa en sus campañas por el inminente riesgo.