Política
Demanda masiva: 8 partidos políticos piden tumbar el ‘decretazo’ del presidente Petro
La acción fue presentada este jueves, 12 de octubre, ante el Consejo de Estado.
Sigue la lluvia de demandas contra el decreto que expidió el presidente Gustavo Petro este miércoles, en el que convoca para este 7 de agosto a los colombianos a las urnas a votar la consulta popular. La más reciente acción fue presentada por ocho partidos políticos de oposición e independientes.
La demanda de las organizaciones política fue instaurada ante el Consejo de Estado, en la que solicitan la nulidad, por inconstitucionalidad, del decreto, firmado por el jefe de Estado y los 18 ministros.
Los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal, actuando en defensa del orden constitucional, alertaron sobre lo que califican como una “grave ruptura del Estado de derecho”.
En la acción interpuesta, los firmantes solicitan al Consejo de Estado la adopción “urgente” de una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos del decreto.
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Según los partidos, las acciones interpuestas tienen como finalidad “evitar erogaciones presupuestales irrecuperables y prevenir una alteración del orden constitucional”. Por esas razones, piden al alto tribunal declarar la nulidad por inconstitucionalidad del decreto en cuestión.
Así las cosas, la demanda está sustentada en cuatro cargos: vulneración al estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación del presidente en el ejercicio de sus funciones y separación de poderes, violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado.
Ahora bien, dentro de dicha argumentación, los partidos denunciantes plantean que la intención del Gobierno de imponer una consulta “al margen del procedimiento constitucional” refleja una “peligrosa deriva autoritaria que amenaza la estabilidad institucional del país”.
Teniendo en cuenta ese panorama, los partidos denunciantes aseguran que el “decretazo” de consunta popular fue expedido sin contar con el concepto de constitucionalidad que es una condición exigida por el artículo 104 de la Constitución y por las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Esa omisión, advierten, “convierte el acto administrativo en una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, contraria al ordenamiento jurídico vigente”.
Un dato, no menor, es que el proyecto de consulta fue votado en el Senado el pasado 14 de mayo, cuando no logró los votos suficientes para su aprobación.
Finalmente, las colectividades que presentaron la demanda señalaron que con esa acción “reafirman su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, y anunciaron que también interpondrán denuncias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación”.
