Crisis en el CNE: por falta del giro de los recursos del Gobierno, funcionarios han tenido que ser sacados de la entidad

Este fin de mes, en el cierre de mayo, en los pasillos del Consejo Nacional Electoral (CNE) reinó nuevamente la incertidumbre. Los trabajadores estaban intrigados, como se ha vuelto recurrente, porque durante el 2025 no han tenido su trabajo asegurado, especialmente los supernumerarios, una figura de contratación por la que está un gran número del personal de la entidad.

A pesar de que no hay cálculos oficiales por confidencialidad, informalmente se calcula que, por lo menos, más de cien personas han salido en los dos últimos meses, una cifra que en cualquier empresa privada ya hubiera causado un escándalo y hasta una intervención del Ministerio del Trabajo.

SEMANA conoció varias historias de trabajadores del CNE a los que no se les ha renovado su contrato o, incluso, siguen en la entidad, pero con un salario y cargo menor, que no solo les afecta su currículum sino su calidad de vida, ya que necesitan pagar arriendo, estudios, comida y otras necesidades básicas que muchos de ellos no saben hoy cómo sacar adelante.

“Se ha afectado mi salud mental con todo lo que está pasando. Llevar meses con prórrogas de un mes de contrato es muy complicado; y ver cómo muchos compañeros, amigos, incluso, salieron y están en una situación compleja, por no decir deplorable, también afecta”, aseguró uno de los funcionarios que pidió reserva de su nombre.

A los supernumerarios les han dado la opción de firmar un contrato a término definido cada mes, esperando que no sea el último que suscriban. En el caso de esta persona que contó su historia, su último contrato fue para este mes de mayo, por lo que desde la otra semana será un desempleado más del país.

Hay otro caso de una funcionaria que tuvo que firmar un nuevo contrato con una reducción sustancial de salario. Según cuenta, mientras que el año pasado había tenido vinculación hasta diciembre, para este año le anunciaron que serían mensuales, sin embargo, para abril le informaron que la bajarían de cargo y le reducirían el salario, porque era la única forma de mantenerla. No tuvo otra opción que aceptar y ahora percibe dos millones de pesos menos.

“Inicié unos estudios de maestría proyectada en que tenía unos ingresos que me iban a permitir pagarla. Ahora con esa reducción salarial va a tocar sacrificar cosas básicas de la vida para poder pagar la maestría”, afirmó.

Otro caso de una funcionaria que salió desde finales de abril no ha recibido su liquidación y no le dan razón de cuándo podrían dársela.

Gran parte de los supernumerarios que trabajan en el CNE son abogados, por la necesidad de la entidad, aunque no se trata de la única profesión. Varias de las personas que aceptaron hablar con SEMANA bajo reserva contaron que habían empezado estudios de posgrado pensando en su futuro profesional. Incluso, desde el CNE les ofrecieron descuentos para llevar a cabo esos proyectos, sin embargo, ahora no saben cómo pagarlos. Hay casos más críticos que aseguran no tener para solventar el arriendo o la comida.

¿A qué se debe la falta de recursos? En el CNE no dan un respuesta oficial de cuál es la situación, aseguran que el Gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda, debe girar los recursos, sin embargo, eso hasta el momento no ha sucedido.

El pasado jueves se generó cierta ilusión, porque internamente se rumoró que el Gobierno ya había desembolsado el dinero, sin embargo, luego les aclararon que no había sido así y que siguen esperando. En estos momentos todo se remite a un acto de fe: les piden rezar y tener paciencia para que en los próximos días ingresen los recursos.

SEMANA consultó al Ministerio de Hacienda para saber cuándo se girará el dinero, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los funcionarios reclaman al Gobierno que mientras el presidente Gustavo Petro y sus ministros tienen el discurso de los derechos laborales, esos mismos se están viendo afectados por decisiones del propio Gobierno. Consideran que en el fondo podría tratarse de una represalia del Ejecutivo en contra del CNE por las investigaciones que ha desarrollado en contra de la campaña de Petro de 2022.