Crisis de la salud: piden que se repita la mesa para recalcular la UPC ante la grave crisis que golpea al sector

La mesa técnica para el recálculo de la UPC está a punto de fracasar. Esa instancia había sido convocada por el Ministerio de Salud para hacer caso a la orden que le dio la Corte Constitucional en enero, instando a presentar una nueva cifra técnica para determinar ese monto porque los incrementos de 2025 y de los años anteriores fueron insuficientes.

La UPC es la Unidad de Pago por Capitación que determina el rubro de los giros que hace cada mes el Gobierno a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que estas puedan garantizar el servicio a los usuarios, del que depende que las entidades puedan pagar los servicios a las IPS, también cancelar los pagos pendientes a los hospitales por las camas que utilizan sus pacientes y hasta hacer los giros para los medicamentos que les envían las farmacéuticas. Todo lo que por estos días está en crisis.

Pero ese mecanismo no salió como los actores ajenos al Gobierno nacional lo esperaban, porque en las seis reuniones que se llevaron a cabo durante un mes para construir una nueva metodología de cálculo, hubo fisuras desde el primer momento de la instancia de concertación.

Los reparos comenzaron a partir del primer día, cuando el agente negociador, el Ministerio de Salud, llegó a esa instancia imponiendo una metodología llamada Phillips 6.6, que es una técnica de trabajo en grupos, mas no un mecanismo de resolución de conflictos.

Quienes estuvieron allí sentados se quejan de que en todas sus intervenciones el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, jamás reconoció que exista una insuficiencia en la UPC, pese a que el mismo auto de la Corte Constitucional le instó a recalcular este indicador y se reconoce que se debe revisar la deficiencia en la financiación del sistema.

Las EPS intervenidas solo tuvieron a un delegado, pese a que estas representan el 60 por ciento de los usuarios del país que están afiliados a las diez entidades que se encuentran bajo administración de la Superintendencia Nacional de Salud. Esas que hoy dependen del Gobierno no han presentado sus resultados consolidados al cierre de 2024 y es tan grande la brecha de información que la más grande del país, la Nueva EPS, apenas terminó de consolidar los resultados de 2023.

La composición fue apenas uno de los ingredientes que tensó las conversaciones en esa mesa de concertación, porque hubo actores del sector privado que se quejaron de que sus apuntes no estaban quedando computados en las actas del encuentro. Entonces tuvieron que reclamar al Ministerio de Salud adjuntar las grabaciones de todas las reuniones como garantía de que sí pusieron sobre la mesa los líos de financiación que están registrando, porque estos no fueron contemplados.

El 29 de mayo vence el término para que la cartera presente la nueva metodología de cálculo de la UPC y los privados temen qué pueda resultar de ese ejercicio. Por eso presentaron una solicitud en la que piden que se repita la mesa técnica para la UPC y que esta cuente con la participación de actores garantes, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, porque no conciben que el Ministerio de Salud haya fungido como juez y parte en esa instancia.

Ese llamado a repetir el ejercicio va acompañado de una solicitud que ya han hecho los pacientes a que se declare un estado de cosas inconstitucional en la salud, sector que también redactó una demanda que será presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos días para reclamar medidas internacionales a los problemas de acceso a la salud en el país.

Los actores de la salud no se atreven a relatar hasta qué momento alcanzarán los recursos. Lo cierto es que cada mes que transcurre con una UPC insuficiente, significará el cierre de más servicios para los enfermos del país.