“Cremación sin fuego”: un nuevo servicio funerario llegaría a Colombia, y ya genera polémica entre los expertos. ¿Beneficiaría a grupos criminales?

El Senado tiene en sus manos una decisión histórica que podría cambiar los servicios funerarios en Colombia: adoptar la hidrólisis alcalina como nueva disposición final de cadáveres y abaratar los rituales.

SEMANA conoció que detrás del proyecto hay presiones de empresas privadas y supuestos ofrecimientos de dinero para que los congresistas aprueben la iniciativa; jugadas políticas para darle viabilidad sanitaria, cuando hay abundantes cuestionamientos científicos; y un riesgo para el desarrollo de las investigaciones penales.

La “cremación sin fuego” es promovida por parlamentarios antioqueños y consiste en “una versión acelerada del proceso de descomposición natural de los cuerpos que, en lugar de usar energía en forma de combustión, como lo es en la cremación convencional, hace uso de agua bajo condiciones específicas”, se lee en un fragmento de la ponencia que se discutirá en cuarto debate en el Senado y que genera múltiples preocupaciones entre la academia y las autoridades sanitarias.

Este método ya se aplica en regiones de Estados Unidos, México, Australia y Países Bajos: el cadáver se ingresa a un contenedor de acero inoxidable con una solución alcalina que contiene 95 por ciento de agua y 5 por ciento de hidróxido de potasio o sodio; se le aplican temperaturas que van desde los 140 a los 170 grados centígrados junto a alta presión, logrando la reducción de todos los órganos y tejidos en menos de 180 minutos; como resultado, se entregan los restos óseos, lo demás termina en vertimientos de agua.

La justificación de los congresistas que promueven la iniciativa es que es importante que los servicios funerarios reduzcan el impacto ambiental en comparación con los procedimientos existentes y establecidos, como la cremación e inhumación: “Se basa en la creciente conciencia de la importancia de adoptar prácticas funerarias más sostenibles, que minimicen la contaminación del suelo y agua, reduzcan el consumo de recursos naturales y disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la denominada “cremación sin fuego” no era conveniente en Colombia porque antes debe estar “antecedida por la reglamentación sanitaria con miras a procurar la salubridad de los seres humanos, animales y plantas, pues esta depende de la buena disposición de los cadáveres”, por lo que emitió un concepto negativo sobre el mismo, y levantó ampollas entre los congresistas aliados del Gobierno Petro que impulsan el proyecto de ley.

Sin embargo, el ministerio cambió de decisión 61 días después y abandonó la teoría de sus funcionarios técnicos: “Este proyecto de ley es conveniente, toda vez que su alcance no promueve la generación de riesgos a la salud durante el manejo del cadáver para su disposición final”. ¿A qué se debió el cambio? La misma cartera, en derechos de petición, reconoció que el concepto se modificó después de una reunión que sostuvo Jaramillo con el representante del Pacto Histórico y promotor del proyecto, Alejandro Toro, en junio de 2024.

Legisladores describieron a SEMANA que el revés del Ministerio de Salud generó dudas sobre el proyecto e interpretaron que se habría reemplazado la lectura científica por la política. Sumado a esta anomalía, llamó la atención entre algunos congresistas el presunto ofrecimiento de respaldos a futuras campañas políticas por parte de empresas ligadas al sector funerario a cambio de respaldar la hidrólisis alcalina, más propuestas de viajes gratuitos a Estados Unidos para conocer de primera mano el método que se quiere implementar.

¿Es viable?

Hay muchas interpretaciones sobre el alcance que tendría la “cremación sin fuego” en Colombia. Hay críticas sobre los verdaderos efectos ambientales que traería la medida y la falta de regulación para el vertimiento de los tejidos a través de las aguas residuales; expertos en medicina forense encienden las alarmas por las graves consecuencias que traería para el desarrollo de investigaciones penales, y también se advierte del provecho que sacarían los actores criminales.

La representante Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, se alejó de la iniciativa porque identificó sus peligros: “Yo soy química de profesión; por lo tanto, sé lo que significa un proceso de hidrólisis alcalina. Muchos dicen que es ambientalmente sostenible, pero estamos trabajando con un producto alcalino, con unos pH supremamente altos, lo cual indicaría que estamos obteniendo residuos peligrosos”, y no es clara, todavía, la manera en la que esos materiales terminarán en el ambiente.

La Alcaldía de Medellín reveló que en 2023 descubrió en el corregimiento de Santa Elena un establecimiento que estaba realizando métodos parecidos, pero con animales, y probó las graves afectaciones: “Conocemos de primera mano que los impactos ambientales están sobrecargados en el componente ambiental de agua, evidenciando una carga orgánica exageradamente alta (…). Este proyecto trae consigo una serie de preocupaciones frente a los riesgos de la implementación y su impacto en el recurso hídrico”.

La Alcaldía de Bogotá, mediante la Secretaría de Ambiente, también reconoció que en 2017 les aplicó medidas preventivas a dos establecimientos que prestaban la hidrólisis alcalina a mascotas debido a irregularidades en la normativa y atendió quejas por malos olores en una de ellas. “Estos establecimientos generaban vertimientos de aguas residuales no domésticas con altos contenidos de materia orgánica y variaciones del pH que podrían afectar el recurso hídrico de la ciudad”.

La preocupación de los críticos del proyecto es que se repitan estas escenas en dado caso de aprobar esta técnica para la disposición final de cadáveres. Aunque la iniciativa establece las zonas donde se podría realizar esta práctica y la manera en la que debe darse el manejo ambiental para el tratamiento de los tejidos, ellos sospechan que hay un vacío en la normativa y podría generar una crisis sanitaria en Colombia, pero el Ministerio de Salud, bajo sospechosos movimientos, ya le dio el visto bueno.

Carlos Eduardo Valdés, exdirector de Medicina Legal, aclaró que la hidrólisis alcalina no contamina el ambiente con dióxido de carbono si se compara con la cremación tradicional, pero sí requiere un consumo alto de agua, que va de 1.000 a 1.500 litros por cuerpo, lo que representaría un gran dolor de cabeza, más en ciudades que enfrentan crisis de abastecimiento, como lo ocurrido con Bogotá y otra docena de municipios de Colombia que se vieron en la obligación de restringir el recurso.

En términos forenses, el experto detalló que este método “es un procedimiento que destruye el ADN. Al destruir el ADN, se está desapareciendo no solamente el cuerpo, sino la identidad de un ser humano que ya falleció”.

Bajo estas consideraciones, en un país como Colombia, donde los índices de desaparición forzada son críticos, él cree que la técnica podría empeorar el fenómeno: “¿Qué estamos propiciando aquí? Un mecanismo en el cual el cuerpo que se quiera ocultar se va a destruir completamente.

Hay casos en donde, por ejemplo, habiéndose destruido los cuerpos con incineración, aún se puede recuperar el ADN. Qué mejor para los grupos delincuenciales que tener una alternativa para desaparecer una persona”.

La Alcaldía de Medellín también encendió las alarmas por las consecuencias que podría traer la implementación de esta técnica en “lo relativo a la seguridad e impunidad a la que pueda conducir la inadecuada operación”.

El proyecto de ley está en la lista de espera para ser agendado en cuarto debate la próxima semana. Las cuentas en el interior del Legislativo indicarían que sería aprobado por mayorías, pero el fantasma de afectaciones ambientales y los riesgos de la desaparición forzada podrían impedir su avance.