Contraloría General incluyó a Confecámaras como sujeto de control de la entidad tras actualización de sus alcances

Una decisión técnica podría tener una gran influencia sobre el control de Confecámaras, el gremio de las cámaras de comercio del país. SEMANA conoció un documento de la Contraloría General de la Nación, la Resolución 0150 de 2025, en la que se establece que la confederación será sujeto de control.

“La presente resolución tiene por objeto actualizar la sectorización de los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, y asignar la competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal respecto a las entidades y a los particulares que manejan fondos o bienes públicos”, se lee en el documento.

En el artículo 3 se establece que la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será competente de la vigilancia y el control fiscal de Confecámaras en su numeral 61.

“La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica, en lo que tiene que ver con los planes, programas y proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, y en todos aquellos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional, indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo”, señala el documento.

Este hecho importa porque el contralor delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Rodolfo Zea, y el director de la Oficina Jurídica de la Contraloría, Javier Tobo, habían emitido un concepto el 25 de octubre del 2024 tras una consulta de Confecámaras en el que establecían que los recursos que percibe la organización por las garantías mobiliarias no eran sujetos de control de la Controlaría.

“Señala también que Confecámaras tiene la firme convicción de que los recursos que percibe como consecuencia del servicio de garantías mobiliarias son de naturaleza privada y, por ende, aquella no realiza gestión fiscal alguna y no están sujetos a la vigilancia o control fiscal de la Contraloría General de la República. Esta conclusión está basada en un profundo análisis jurídico, que pone a consideración de este ente de control fiscal”, consigna el documento.

SEMANA había revelado que hay una molestia en la junta directiva de la organización porque, según han expresado algunos de sus miembros, desde la presidencia no se han compartido detalles de la información que ellos han solicitado, sin embargo, desde esa dependencia aseguraron que en 2025 se han realizado seis sesiones, una mensual, en las que se ha presentado el cumplimiento al 100 % del plan de acción aprobado por la propia Junta.

Además, desde Confecámaras han expresado que la Superintendencia de Sociedades tampoco tendría competencia para investigarlos.