Contraloría alerta que no estarían garantizados los $500 mil millones que necesita la JEP para reparar a las víctimas e imponer sanciones

El contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una alerta sobre el papel que tiene que desempeñar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para imponer sanciones a los excombatientes de las Farc y reparar a las víctimas de ese grupo guerrillero.

Según dijo, hasta el momento, no hay claridad sobre qué podría pasar con los 500 mil millones de pesos que necesita la JEP para ese propósito, pues esos recursos no han sido asignados dentro del Presupuesto General de la Nación y solo se han desembolsado 20 mil millones.

Uno de los temas que genera mayor preocupación es que se espera que próximamente se impongan las primeras sanciones en contra del antiguo secretariado de las Farc por los delitos relacionados con el secuestro; sin embargo, los recursos para ese propósito no estarían garantizados.

Las sanciones que les serán impuestas serían penas alternativas, según lo acordado en La Habana, que se denominarán Toar (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador).

La falta de esos recursos afectaría la reparación de las víctimas, quienes han reclamado impunidad en estos casos. Hasta el momento, han sido acreditadas 9.200 víctimas individuales y 340.000 personas integradas en sujetos colectivos en calidad de víctimas.

La alerta de la Contraloría se basa en que presupuestalmente no se contaría con los recursos para esos TOAR y que tampoco se vislumbra la financiación o sostenibilidad a mediano y largo plazo.

Desde la Contraloría dicen que les preocupa que se ha registrado una baja monetización de los bienes que tenían las Farc, tras auditorías de 2022 y 2024 realizadas por la SAE.

Cuestionaron que se presentan “debilidades” del sistema de justicia transicional para la implementación de sanciones y su financiación, y le piden al Gobierno que se debe prever y garantizar la ejecución desde el punto de vista administrativo y financiero.

El contralor general criticó que la falta de articulación y coordinación podría llevar a una implementación ineficaz de las medidas y que no se llegue a imponer sanciones que puedan reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas.

“La ausencia de financiación para la ejecución de estas sanciones puede llevar a la revictimización, frustración de la comunidad y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”, alertaron desde la Contraloría.

Cuando se anunció la destinación de los 500 mil millones de pesos desde el Gobierno a la JEP, se conoció que 190 mil millones de pesos estarían destinados a pagar los salarios de magistrados, abogados y otros funcionarios que laboran en el tribunal especial.