Concejales alertan sobre posibles irregularidades en contrato de geolocalización de línea 123 en Bogotá; Secretaría de Seguridad responde

El proceso para contratar una solución tecnológica a través de la plataforma Carbyne, que permita el fortalecimiento de la atención de emergencias y de seguridad ciudadana por medio de la línea 123, a través de servicios de geolocalización de llamadas, chat silencioso, transmisión en video y envío de imágenes directas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), generó la alerta de algunos concejales de Bogotá.

Se trata de una solución tecnológica que ya se había contratado por contratación directa por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad en agosto de 2023, en el marco del Contrato 1743, y cuyo plazo de ejecución venció en agosto de este año, por lo que ahora la Secretaría abrió un nuevo proceso de licitación por subasta inversa para volver contratar el servicio, el cual se va a adjudicar este miércoles 18 de diciembre.

Pues bien, en un debate de control político, la concejala del Centro Democrático Sandra Forero alertó de posibles irregularidades en el nuevo proceso contractual que está ad portas de adjudicarse.

En sus más de 30 minutos de intervención, la cabildante cuestionó que de 1.686 empresas registradas en Secop II para presentar cotizaciones, hubo invitación directa a 60 proveedores, de los cuales 19 se suscribieron al proceso y solo tres presentaron cotización al evento, pero de las cuales solo uno realmente presentó oferta a la subasta inversa.

Así mismo, Forero advirtió que, en medio del proceso, hubo varias observaciones presentadas por los oferentes, las cuales, según ella, fueron desestimadas por la Secretaría de Seguridad.

Una de esas observaciones, según lo explicó la cabildante, estuvo relacionada con la posibilidad que debe tener el oferente de poder activar y utilizar el servicio de localización de emergencia ELS de Google.

“Las empresas presentaron observaciones a la solicitud de información, y la mayoría de las empresas comentaron que la certificación que confirma la posibilidad del oferente para activar el servicio de localización de emergencias, en un tiempo de 45 días, debe ser emitida directamente por Google, que es el único que tiene esa posibilidad, pero en respuestas a las observaciones, la Secretaría aseguró que la certificación debe ser expedida por el contratista. O sea, el contratista se gana el contrato y después va a Google a ver si le dejan tener la georreferenciación en Bogotá, pero eso puede ser después hasta un hallazgo fiscal”, afirmó Forero.

Así mismo, la concejala advirtió, en medio del debate de control político, que las empresas presentaron observaciones por la cantidad de licencias que se empezaron a exigir en medio del proceso contractual.

“¿La cantidad que indican de 210 se refiere al número de licencias que se requiere para los funcionarios? —preguntaron las empresas, según la concejal Forero—. (La Secretaría de Seguridad) contesta: ‘La necesidad de la entidad es de adquirir un servicio donde 210 usuarios pueda acceder de manera concurrente y simultánea, no requiere licencia porque es un servicio en la nube’. (Pero resulta) que el que había tenía 73 licencias pagadas por el Distrito”, sostuvo Forero.

En este sentido, el cuestionamiento de la concejala Sandra Forero es que en el contrato anterior se habían contratado 73 licencias y, según las observaciones de las empresas, en este nuevo proceso se están requiriendo 210 licencias. Eso implicaría pasar de un valor del contrato anterior de 5.250 millones de pesos a 9.500 millones de pesos.

Finalmente, Forero cuestionó que la modalidad que se escogió para adelantar este proceso haya sido la de ‘subasta inversa’.

Al término del debate de control político, en una carta enviada al alcalde Carlos Fernando Galán y a los entes de control, los concejales de la bancada del Centro Democrático, Sandra Forero, Diana Diago, Óscar Ramírez Vahos, Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Daniel Briceño y Humberto ‘Papo’ Amín, pidieron una revisión a este nuevo proceso de contratación e incluso pidieron la suspensión.

“Solicitamos una revisión exhaustiva del proceso y la implementación de medidas que aseguren la continuidad del servicio sin comprometer su calidad y eficiencia. De no ser así, solicitamos la suspensión del proceso, suspensión que debe ir acompañada de alternativas viables y transparentes que garanticen la operatividad de este servicio fundamental”, se lee en la misiva de los cabildantes.

Secretario de Seguridad responde

En diálogo con SEMANA, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, respondió a cada uno de los cuestionamientos que hay desde el Concejo al nuevo proceso contractual que adelanta la entidad.

Frente al interrogante de por qué se decidió adelantar un nuevo proceso contractual después de que venció el contrato anterior y no haber prorrogado el que venía de la administración anterior, el funcionario aseguró que “la responsabilidad primaria de un funcionario público es cumplir la ley en todas sus direcciones. Y, en este caso, en la contratación pública, pues seguir los parámetros que da la Ley 80 y todas las normas de contratación estatal. En esas normas de contratación estatal, para seguirlas, lo que hicimos en la secretaría fue verificar si la condición de único proveedor que había tenido la empresa de antes, en el año interior, cuando se hubiera contratado, se sostenía”.

Y especificó que “en esa verificación, que incluyo cartas de proveedores potenciales que ofrecían productos con unas características similares, la secretaría quedó sin alternativa diferente a abrir un proceso amplio, dirigido a pluralidad de oferentes y transparente. Y que se cumpliera la ley en todas sus direcciones”.

El funcionario puntualizó que, en este nuevo proceso, hubo pluralidad de oferentes, contrario a lo que ocurrió en el contrato anterior, que se adjudicó bajo la modalidad de contratación directa.

“Esto realmente tiene un proceso que sigue una secuencia lógica. Y es la secuencia de la revisión en el Secop II de cuántos proveedores, posiblemente, pueden ofrecer el servicio. Eso nos da un número de 1.680. Después de eso, se hicieron invitaciones a hacer cotizaciones, se hicieron invitaciones en todo el estudio de mercado y, a partir de eso, nueve empresas declaran tener interés. Y de esas nueve, tres envían cotizaciones. De esas tres cotizaciones, solo una al final se presentó”.

Restrepo enfatizó, además: “¿Qué es lo que ocurre? No es que haya un solo oferente, si vamos viendo el proceso, se van identificando actores con posible interés, se va cerrando, se va cerrando. Y, al final, de acuerdo con lo que la ciudad está requiriendo, solo uno se atreve a poner la oferta. Y esto es muy diferente a que haya un único proponente, porque al final del proceso, solo uno se presenta. Y es porque los nueve que manifiestan interés no están obligados a presentarse”.

“La pluralidad de oferentes no está determinada por quienes presentan la propuesta al final, sino por todo el proceso que se abrió y dio plena información pública”, agregó.

Ahora, en cuanto al cuestionamiento de que el nuevo proceso está requiriendo muchas más licencias de las que se adquirieron en el contrato anterior, lo que va a aumentar el valor del contrato, el secretario Restrepo enfatizó:

“Las condiciones técnicas del producto que se adquirió en 2023 y el que se quiere adquirir en 2024, son exactamente las mismas. ¿Qué hay nuevo? Unas condiciones de mercado que pretenden que los intereses de la ciudad y los recursos de los bogotanos sean salvaguardados. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones en cuanto al mercado? El producto que se compró en el año anterior cubría apenas 71 licencias, que es más o menos el 34 % del total de 123″.

El secretario complementó: “Es decir, en ese primer negocio con un único proveedor se compraron licencias para atender 71 estaciones de trabajo de 123. A lo largo de la prueba se confirmó que esa era una herramienta que se requería en la ciudad. Y para este año lo que pretendimos es abrir una prueba licitatoria que pasara de 71 a 210 usuarios. Y esos 210 usuarios, no basados en el modelo de vender licencia por licencia, sino un servicio para los 210 usuarios. Y eso es lo que nosotros sacamos a concurso en este proceso este”.

Frente al incremento que va a tener el nuevo contrato, el funcionario distrital precisó que “cuando usted vendía una a una las licencias, el precio es más grande. Eso nos lo demuestra el costo que tuvo el año anterior, que solo permitía 33 % del total de cobertura. En el momento en el que adjudiquemos esto, podríamos llegar a tener ahorros de hasta el 44 %”.

Y puntualizó: “Puede haber una confusión en la lectura de los valores y es que, efectivamente, el valor del contrato en el año anterior es inferior al valor de lo que estamos saliendo a comprar en este año. ¿Pero en qué radica la diferencia? Primero, el año anterior eran 71 licencias, ahora es la cobertura de los 210 estaciones de trabajo. Segundo, cuando usted ve que 210 usuarios tienen el valor que esperamos gastar en este producto, frente a los 71 del año anterior, al costo de 2023, obtiene 44 % de ahorro”.

Frente a los señalamientos que han surgido ante a un posible direccionamiento del proceso contractual a una empresa en específico, Restrepo indicó de manera tajante: “El direccionamiento estaría determinado porque estuviéramos planteando un producto de única características técnicas o que no existiera y que hay que crearlo de cero. Aquí lo único que hicimos en lo técnico, no en el modelo de negocio, que es lo que busca los mejores beneficios para la ciudad, en lo técnico, dar iguales condiciones de 2023. Tanto es así que el proveedor, que hizo de proveedor único en el año 2023, presentó cotización en el proceso de 2024. No presentó propuesta, pero cotización sí presentó”.

Finalmente, en cuanto al servicio de localización de emergencia ELS de Google, el secretario Restrepo sostuvo:

“Estas herramientas trabajan sobre unas plataformas de georreferenciación que son provistas por la empresa Google. En el mundo, a todos los centros de emergencia, el uso de esa plataforma es gratuito, pero para centros de emergencia. Luego, cuando una empresa va a proveer una herramienta que funciona sobre esa plataforma, se le da la gratuidad en el uso, dado que hay una conexión con el centro de emergencia. Tal vez una lectura errada de esa dinámica ha hecho pensar que quien era el prestador del servicio del año pasado, al presentar la licencia de Google, era el único poseedor del derecho de usarlo y que al renunciar o no renunciar, al no tenerlo como proveedor, se pierde la relación con él”.

Y agregó: “No es de esa forma. Tanto es así que el C4 informó la finalización de ese servicio, de ese contrato, a la empresa Google, diciéndole que se había acabado esa relación comercial y que, por lo tanto, ya no se iba a utilizar con ellos hasta que renováramos el contrato y cuando quede adjudicado el contrato, tanto la secretaría como el proveedor que quede seleccionado, tenemos que empezar a hacer la gestión para que se reactive el uso de la plataforma de manera gratuita”.