Política
Cerró el primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia: indígenas quedaron solos y los cultivos volvieron al narcotráfico
Aunque el gobierno de Gustavo Petro dio la palabra en el Cauca para impulsar el uso lícito de la hoja de coca, las comunidades indígenas advierten que incumplió y los dejó solos.
El Gobierno nacional celebró con bombos y platillos la inauguración del primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia, una apuesta con la que se le demostraría al mundo el uso lícito de la planta e instaría a campesinos a abandonar la producción de cocaína. SEMANA le hizo seguimiento a la iniciativa y confirmó que no prosperó: el proyecto cerró sus puertas y sus integrantes volvieron a venderle los cultivos a los narcotraficantes del departamento del Cauca.
La historia se remonta a la época de la pandemia, cuando el mundo se confinó por la propagación del covid–19, empezó a escasear el dinero y el hambre agobió a pueblos enteros. En medio de la incertidumbre, las comunidades indígenas de Calderas, Cohetando y Togoima, ubicadas en el suroccidente del país, proyectaron la reconversión de la planta que los tenía amarrados a las economías ilegales, para tener una mejor estabilidad financiera e incursionar en un mercado innovador.
El programa fue encabezado por Victoriano Piñacué, un destacado líder de la región, quien convenció a inversionistas canadienses a apostar por el plan: “Utilicemos la hoja de coca para fines lícitos (saborizantes, productos farmacéuticos, alcoholes y abono)”, recordó en diálogo con SEMANA. En cuestión de meses, alcanzaron a reunir cerca de 2.000 millones de pesos para dar los primeros pasos, tanto en materia científica y técnica como en infraestructura física.
Este episodio coincidió con el triunfo del primer gobierno de izquierda en Colombia y las atractivas promesas de sustitución de cultivos ilícitos: “Le presentamos esa propuesta al recién elegido presidente y a la vicepresidenta. (…). El presidente Petro siempre salía a decir: ‘Qué maravilla de proyecto, la reconversión de la hoja de coca’. (…). La vicepresidenta nos visitó en dos oportunidades la planta y le pareció maravilloso. Quedamos solos. (…). Todo quedó en el discurso”.
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La primera licencia
El 6 de diciembre de 2023 se materializó el sueño de los indígenas. El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario les otorgaron el primer registro de abono orgánico con composición de hoja de coca en el país. Para ese momento, al proyecto ya se habían unido comunidades del Cauca y Huila. La ministra de la época, Jhenifer Mojica, resaltó el avance: “Hemos pasado de la coca, la mata que mata, a la coca que abona la tierra. (…). Es un componente de las apuestas de la paz”.
La organización contrató a 30 personas y construyeron tres instalaciones para los testeos, la producción y la exportación, pero no hubo ventas, porque no tiene el permiso de comercialización: “Nos falta un decreto y que el Gobierno cumpla”, agregó Victoriano Piñacué. Aunque aguardó por varios meses y varios ministros le dieron la palabra para recomponer el camino del negocio, en diciembre de 2024 la situación empeoró y se tomó la decisión de cerrar la planta.
“Cerramos la planta. Teníamos 30 funcionarios con todo lo de ley pago, pero nosotros no somos monjitas de la caridad y no podíamos tener a nuestros funcionarios produciendo para no vender nada. Yo me aburrí de andar tomando tinto con esos ministros, en esos despachos, porque solamente palmaditas en la espalda, me decían: ‘Qué proyecto tan bonito, esto es lo que Colombia necesita’, decían a bocas llenas, pero nunca ejecutaron”, manifestó el vocero de la organización a SEMANA.
Buena parte de las siembras que estaban dedicadas para la producción de estos productos se están cayendo, pero otras están alimentando el negocio de narcotraficantes. Hasta el 4 de abril, la arroba de hoja de coca la pagaron a 70 mil pesos: “Nunca va a haber sustitución. El campesino no va a sustituir la hoja de coca, porque es lo que le da de comer. Cada tres meses da la hoja de coca, si siembra cacao, pues demora cuatro, seis años, ¿mientras tanto qué come?”, dijo Piñacué.
¿Quién responde?
La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, respondió por el cierre de los proyectos. Ella explicó que estas iniciativas requieren un marco legal que está en construcción por el Ministerio de Justicia: “Este decreto, eventualmente, permitirá contar con licencias o permisos de cultivo, como en el cannabis medicinal, siempre y cuando esto sea para fines legales. (…). Este decreto no se ha expedido, están evaluando distintos temas de orden nacional e internacional”.
Pero las comunidades indígenas lo interpretan de otra manera: “No nos quieren dar el permiso, no quieren comprar nuestros abonos, porque somos indios zarrapastrosos. Si fuera un indio o un empresario de la línea establecida en los abonos y en las bebidas isotónicas en Colombia, a lo mejor se lo darán. Como somos zarrapastrosos indios que queremos ser autónomos en la administración de la cosa económica, pues no, porque seguramente les conviene tener a los indios de borregos”.
La funcionaria reiteró que la erradicación voluntaria es la herramienta prioritaria del Gobierno nacional para reducir los cultivos de hoja de coca: “Ha demostrado ser la más efectiva, con índices de resiembra inferiores al 1 %. Cuando la erradicación es voluntaria y viene acompañada de una economía lícita y bienes complementarios, como la titulación de tierras, es muy poco probable que esa coca vuelva a sembrarse. Distinto a lo que ha pasado con la erradicación forzosa”.
Hay tres programas clave: “Sustitución de ingresos/pagos por erradicación, sustitución de economías y bienes complementarios”, y se han focalizado en cuatro territorios del país: el Cañón del Micay, especialmente los municipios de Argelia y El Tambo; El Catatumbo, en El Tarra, Tibú, Sardinata y Convención; en Tumaco, Samaniego y Santa Cruz, Nariño; en Chocó, en el municipio de Riosucio, y en Putumayo, en Valle del Guamuez y Puerto Asís.
