Centro Democrático acusa al presidente Petro de violar derechos de la oposición y pide garantías al CNE

El Centro Democrático presentó este lunes, 21 de abril, una acción de protección de los derechos de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, pues acusa al presidente Gustavo Petro de vulnerarlos en su más reciente mención hacia la senadora María Fernanda Cabal en redes sociales.

La queja está sustentada en un trino que emitió el jefe de Estado el pasado viernes 18 de abril sobre una cuenta de X que, supuestamente, estaría diseñada para intimidar de muerte a varias personas y anunció que estaría vinculada a la congresista de este partido político.

“Le solicito a la Fiscalía y a [la] Policía abrir investigación judicial sobre esta red dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido al presidente de la República. La red está vinculada a la senadora Cabal”, redactó Gustavo Petro.

El Centro Democrático alertó que este mensaje vinculaba de manera directa a la senadora con una presunta red criminal y anticipó lo que estaría detrás del trino: “La acusación fue realizada sin prueba alguna, basándose en un hilo publicado por una cuenta anónima que el mismo presidente difunde”.

El partido insistió en que las palabras emitidas por el mandatario afectan el buen nombre, la honra, la seguridad personal y el libre ejercicio de los derechos políticos de la congresista, además de constituir una “violencia simbólica y moral en contra de una mujer en ejercicio activo de sus derechos políticos”.

Además, se informó que “configura una vulneración directa de ejercer la oposición sin estigmatización”. Pero la gravedad, según el Centro Democrático, es que “la publicación se encuentra aún visible, tiene carácter masivo y ha motivado a comentarios, amenazas y señalamientos”.

El partido político quiere que el Consejo Nacional Electoral “declare que la conducta desplegada por Gustavo Petro, en su condición de presidente, al realizar una publicación en la red social X, vinculando sin sustento probatorio a la senadora con una red criminal, constituye una vulneración a los derechos de la oposición”.

De igual manera, que el mandatario se retracte de la acusación en el mismo espacio, que lo insten a abstenerse de emitir pronunciamientos públicos que tengan como efecto la estigmatización de los miembros de la oposición y que se adopten medidas de garantía y no repetición.

También que se “oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, a efectos de que se haga seguimiento institucional a los hechos materia de esta acción, conforme a sus competencias”.