Política
Cascada de demandas contra el ‘decretazo’ de Gustavo Petro que le abre la puerta a su consulta popular: Enrique Vargas Lleras, el nuevo demandante
Vargas Lleras acudió al Consejo de Estado porque consideró que es el competente para definir la suerte jurídica del decreto firmado por Petro, donde convoca a la consulta popular.
Enrique Vargas Lleras, el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se convirtió en el nuevo demandante del decretazo que firmó el presidente Gustavo Petro con el que pretende que la Registraduría convoque a votaciones el 7 de agosto próximo para definir su consulta popular.
La demanda la instauró ante el Consejo de Estado, el tribunal que considera competente para que dirima la suerte jurídica del controvertido decreto presidencial.
Vargas Lleras dijo en su escrito que acudía al Consejo de Estado “para solicitar la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, expedido por el Presidente con la firma de todos sus ministros, debido a la infracción directa y manifiesta de diversas disposiciones constitucionales”.
Según él, el Decreto 0639 de 2025 firmado por Gustavo Petro tiene como objeto convocar directamente a una consulta popular nacional, “presuntamente en aplicación del artículo 378 de la Constitución Política. Si bien su contenido involucra aspectos de rango constitucional y tiene efectos sobre el ejercicio de la participación ciudadana, lo cierto es que se trata de un acto administrativo de carácter general, expedido por el presidente de la República en ejercicio de una función reglada”.
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En efecto, “este decreto no contiene una reforma constitucional, ni tiene el carácter de un acto legislativo, tampoco constituye una ley estatutaria, ni ordinaria. Por tanto, su naturaleza jurídica no lo ubica dentro de la competencia de control automático o eventual asignada a la Corte Constitucional”.
Según lo expuesto en la demanda de Vargas Lleras, “el Decreto vulnera de manera grave y directa el orden constitucional colombiano, pues pretende reemplazar el procedimiento deliberativo del Congreso por una visión plebiscitaria del poder, lo que erosiona las bases del Estado de derecho y abre la puerta a la arbitrariedad institucional”.
Asimismo, advirtió que “la soberanía popular no es absoluta; por el contrario, debe ejercerse dentro del marco institucional que la propia Constitución prevé”.
El abogado argumentó que, tras la negativa del Senado frente a la consulta popular con 49 votos en contra frente a 47 a favor, el Ejecutivo desbordó sus competencias al ignorar esta decisión y expedir unilateralmente un decreto de convocatoria".
Ante esto y tras presentar varios argumentos jurídicos, Enrique Vargas Lleras pidió al Consejo de Estado que declare la nulidad por inconstitucionalidad del decreto expedido por el Gobierno y que tiene como propósito convocar a una consulta popular nacional.
También que, como consecuencia de la anterior declaración, “se ordene al Gobierno nacional respetar el concepto previo negativo que emitió el Senado frente a la convocatoria de la citada consulta”.
El contenido de la demanda se conoció horas antes de que el registrador nacional, Hernán Penagos, le confirme al país si acata o no el decreto presidencial que lo convoca a realizar votaciones el 7 de agosto de 2025 y que definiría la consulta popular.
