Carlos Ramón González solicitó asilo en Nicaragua declarándose “perseguido por la extrema derecha”, cuando la Justicia lo reclama por escándalo de UNGRD

El exdirector del Dapre Carlos Ramón González incurrió en varias contradicciones el 10 de junio de 2025, cuando se acercó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, ubicado en Managua, y solicitó el asilo político.

De acuerdo con la respuesta de la Cancillería de ese país, firmado por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos, Iván Lara Palacios, González argumentó que solicitaba la protección del régimen de Daniel Ortega por considerar que “su vida estaba amenazada, su integridad física, seguridad y libertad”, se lee en el documento.

Según el solicitante de asilo —como Nicaragua llamó al exfuncionario—, “pidió la medida por su trayectoria política como líder de izquierda y revolucionaria; su papel en la conformación del actual gobierno y su cercanía con el presidente Gustavo Petro, quien además fue su compañero en la guerrilla del M-19, y por su papel en el Gobierno".

A juicio de Carlos Ramón González, “ha sido objeto de una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha en Colombia”.

Lo extraño es que mientras González le dijo a la Cancillería de Nicaragua que lo perseguían por ser cercano al presidente Gustavo Petro y a su gobierno, el propio jefe de Estado fue quien lo solicitó en extradición.

Como si fuera poco, la Cancillería de Colombia, tan pronto conoció la noticia de la negativa de Nicaragua para extraditar al exdirector del Dapre, expidió un comunicado de prensa en el que informó que “la figura de asilo no puede ser utilizada para evadir responsabilidades frente a la comisión de delitos comunes”.

González habló de una persecución política, judicial y mediática de la extrema derecha en su contra, pero es la propia Justicia la que solicitó su medida de aseguramiento en Colombia, en medio de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El exdirector del Dapre está imputado judicialmente por los delitos de presunto cohecho, peculado, apropiación y lavado de activos.

Y según los señalamientos en su contra, fue uno de los supuestos cerebros del entramado de corrupción más grande del gobierno de Petro.

González, supuestamente, dio la orden para pagar tres mil millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros mil millones al de la Cámara, Andrés Calle, para empujar en el Congreso los intereses de la Casa de Nariño. Name y Calle hoy están recluidos en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Carlos Ramón González también se refirió en Nicaragua a una campaña sistemática de desprestigio en medios de comunicación en su contra, “provocando amenazas directas contra su vida y de su familia”.

Dijo: “Que se han iniciado procesos judiciales sin pruebas reales, claramente orientados por motivaciones políticas sin ningún sustento juridico; que la inminente imposición de medida de aseguramiento con privación de la libertad en instituciones carcelarias colombianas, pone en riesgo su vida, su libertad y su integridad personal”.

El exdirector del Dapre no logró estar en el entierro de su madre, quien falleció la semana pasada. La historia se repitió, porque hace 25 años también se defendía desde la distancia por un escándalo de corrupción, cuando fue concejal de Bucaramanga, y murió su padre, pero también estuvo ausente.