POLÍTICA
Canciller Álvaro Leyva le responde fuerte a la JEP en medio del choque por carta del presidente Petro a la ONU: “En las cosas claras no se hace interpretación”
El ministro de Relaciones Exteriores cuestionó la posición del magistrado Roberto Vidal. Sigue el choque entre la jurisdicción especial y el Gobierno.
El canciller Álvaro Leyva arremetió contra el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, luego de que en las últimas horas el líder de tribunal especial de paz reclamara al Gobierno por la declaración que entregó el mandato de Gustavo Petro al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del desconocimiento de su presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. Gustavo Petro, jefe de Estado, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio”, aseguró Leyva.
Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del deconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. @petrogustavo Jefe de Estado está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio.
— Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 21, 2023
El mensaje del canciller surge luego de que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, respondiera fuerte y directo a los cuestionamientos que se han presentado en los últimos días sobre los avances de las investigaciones y las decisiones judiciales que se han tomado por la jurisdicción especial.
En una misiva de cinco párrafos, el magistrado Vidal manifestó que se debe respetar la independencia de las ramas del poder establecida en la Constitución Política, que ha sido protegida y blindada con el pasar de los años. Pese a que es el tribunal más nuevo, el principio de autonomía también los cobija y debe ser respetado.
“Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes ni orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”, precisó el presidente de la JEP, al recordar que el hecho de que dicho tribunal haya sido creado tras la firma el Acuerdo de Paz en el 2016. Los intervinientes en dicha negociación no cuentan con las facultades para ejercer presiones sobre las decisiones que se emitan.
“Los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano”, aclaró.
El cuestionamiento del magistrado se dio luego de una carta que envió el presidente Gustavo Petro, a través de Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, en la que se ratificó el compromiso de cumplir a cabalidad el acuerdo de paz de La Habana firmado con las Farc y lo que se derivó de él, sin embargo, se hizo una mención al papel de la JEP que no cayó muy bien.
En uno de los apartes finales de su comunicación, el jefe de Estado manifestó: “Habrá un empeño adicional para que la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia”.
Petro agregó en su declaración que “la JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”.
Todo eso se suma a lo dicho por el canciller Álvaro Leyva Durán en contra de la JEP. Dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la JEP se estaba “descarrilando” frente a lo “plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”.
Además, planteó la necesidad de que se revisara la actuación de la JEP para poder así “perfeccionarla”. El Canciller también cuestionó la falta de avances. “Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial (...), se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”.