Esta es la estrategia de Ricardo Roa y los directivos de la campaña de Gustavo Petro para tratar de salvarse de las millonarias multas del CNE

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, le dieron una fuerte estocada a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Radicaron una última ponencia en contra de la campaña, en la que demostraron, a través de facturas, documentos y pruebas testimoniales, cómo el petrismo violó los topes electorales por 3.500 millones de pesos.

Hasta ahí llegó el trabajo de Ortiz y Prada, quienes durante casi dos años y seis meses trabajaron en una actuación administrativa en la que se construyó un expediente que contiene cerca de 8.000 folios y casi 600 páginas del proyecto de resolución, en el que se decretaron y se practicaron cerca de 150 pruebas.

En adelante, la decisión recaerá en manos de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que determinará a través de los votos de los magistrados si la campaña del candidato de la izquierda violó o no los topes establecidos por la ley.

SEMANA conoció que, aunque la decisión administrativa juega en contra del hoy presidente ―porque así no lo toque directamente, sí reafirma que se gastaron recursos que no se reportaron a las autoridades electorales―, el gerente de la campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydee Mogollón; la auditora, María Lucy Soto Claro; y los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica, no tienen todo perdido y llevará al proceso a su caducidad en los próximos dos meses.

En la resolución del CNE, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada negaron la solicitud del abogado de la Colombia Humana, Ulises Durán Porto, de que se aplicara la caducidad a la investigación porque en junio de 2025, según el jurista, se cumplieron los tres años de ocurridos los hechos, es decir, la segunda vuelta presidencial.

A juicio de algunos abogados del CNE, la caducidad se vencería a finales de octubre próximo porque los tiempos se corrieron, ya que durante la investigación se presentaron y decidieron seis recusaciones (cuatro contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y dos contra Alba Lucía Velásquez) y la Sala de Consulta del Servicio Civil se demoró casi cuatro meses resolviendo si el CNE tenía o no las facultades para investigar a la campaña del Pacto Histórico, en la que Petro era el candidato responsable administrativamente por los dineros que ingresaron a su campaña.

Hoy, la ponencia definitiva de Ortiz y Prada está en la sala plena.

Lo más probable es que los magistrados pidan la investigación en rotación. Al menos, eso ocurrirá con Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, cercanos al presidente Gustavo Petro.

Igualmente con el magistrado Altus Baquero, quien votó positivo el pliego de cargos contra el Gobierno, pero estudiará con lupa cada una de las pruebas contenidas en las casi 600 páginas para tomar una decisión final.

Cada magistrado podrá tener el expediente en su despacho hasta dos semanas. Si eso ocurre, transcurrirá septiembre y comienzos de octubre.

A eso se suman las recusaciones que solicitarán los abogados de los directivos de la campaña, quienes buscarán dilatar el proceso y llevarlo a la caducidad.

El CNE tiene nueve magistrados, de los cuales ocho podrán votar, pues Alba Lucía Velásquez, cercana a Gustavo Petro, fue recusada porque fue testigo electoral avalada por el Pacto Histórico en 2022 y, aun así, fijaba posiciones jurídicas en temas de la Casa de Nariño.

Preliminarmente, las cargas estarían cinco (Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz, Alfonso Campo y Maritza Martínez) contra tres (Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Altus Baquero). El último voto es incierto.

En ese orden de ideas, se necesitaría convocar conjueces, toda vez que las decisiones del CNE requieren mínimo de seis votos para ser aprobadas o negadas. Eso genera un tiempo que, sin duda, favorece a la campaña presidencial de Petro.

Estas dos semanas serán de infarto y de un intenso debate jurídico en el CNE.

El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, cree que el 11 de septiembre la sala plena votará el pliego de cargos, pero los abogados de los directivos de la campaña Petro Presidente buscarán la caducidad.