Camilo Romero sostiene que no fue suspendido como embajador en Argentina y responde a sanción de la Procuraduría

El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, respondió a la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación por las irregularidades que se presentaron en la empresa Aguardiente Nariño durante el tiempo que él fue gobernador de ese departamento.

La decisión del ente de control fue confirmada el domingo 8 de septiembre después de una investigación sobre la selección de la compañía que estuvo a cargo de comercializar 80 mil cajas de licor en el año 2016 y corresponde a un fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

Sobre este asunto, Romero sostuvo: “Después de varios años, por fin se cierra el caso que llevaba la Procuraduría en mi contra por el tema de Aguardiente Nariño. Una gran noticia. Lo que pasa es que estamos hablando de una Procuraduría politizada, hay que hacer énfasis en eso”.

La Procuraduría concluyó que “en el proceso se estableció que el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S.A.S. sin que previamente se hubiera realizado el proceso de selección correspondiente”.

El despacho que dirige la procuradora Margarita Cabello aseguró que la administración departamental correspondiente al periodo 2016-2020 no garantizó la libre concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones. La Procuraduría halló que durante el proceso contractual de Aguardiente Nariño solo uno de los oferentes pudo acceder al documento que tenía los precios y escalas para la venta de licor.

Ante la decisión del ente de control, el actual embajador sostuvo: “Al no encontrarme responsable de los hechos de alguna acción irregular, acude a la omisión para no dejarme limpio, para imponerme una multa, que es lo que ha decidido. No se trata de suspenderme como embajador de Colombia en Argentina”.

Lo que sostiene la Procuraduría es que “el entonces gobernador Camilo Romero actuó sin la diligencia y cuidado necesario, pues no vigiló y controló la actuación desplegada por el secretario de Hacienda departamental (e) durante el proceso de selección y adjudicación del contrato”.

Con ese argumento, el embajador Romero fue sancionado por una falta grave cometida a título de culpa grave y le obliga a pagar una multa de $ 31′859.152.

“Ha sacado un comunicado tendencioso que cualquiera interpretaría [como que] me puede sancionar hoy como embajador de Colombia en Argentina. No es cierto. Esto demuestra cómo actúa la Procuraduría, que sigue siendo un actor político de las decisiones de Colombia y no un órgano de control con garantías”, aseveró Romero tras conocer la decisión de la Procuraduría.

El fallo de la Procuraduría detalla que hubo “una total omisión frente a los deberes propios del gobernador, más aún si se tiene en cuenta que él dispuso del encargo al secretario de Hacienda para los asuntos urgentes de su despacho”.

En junio de 2023, la Procuraduría había establecido un fallo de primera instancia contra el exgobernador, señalándole de no vigilar ni controlar la venta de aguardiente durante la firma del convenio que le entregó la administración a la empresa encargada de fabricar las cajas de licor para agosto de 2016.

El exsecretario de Hacienda de Nariño, Mario Fernando Benavides Jiménez, y la exsubsecretaria de Rentas, Adriana Milena Amaya, también resultaron salpicados por este caso.