Atentado contra Miguel Uribe Turbay anticipó la ruptura entre Gustavo Petro y las mayorías en el Congreso: algunos políticos no quieren sentarse con el presidente

El presidente Gustavo Petro ha enfrentado varios conatos de divorcio con el Congreso, que no suponen mayor riesgo para su gobernabilidad. Uno de ellos —quizás el más recordado— fue cuando rompió la unidad nacional que él había construido y que voló en mil pedazos porque varios partidos, entre ellos, la U, el Conservador y el Liberal, le hundieron la controvertida y frustrada reforma a la salud de la exministra Carolina Corcho.

El entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, recogió las cenizas de esa relación y trató de enderezarla.

Sin embargo, la relación entre la Casa de Nariño y el Congreso nunca había tenido un antecedente como el que se está viviendo ahora, donde algunos senadores y representantes —a juzgar por sus posiciones— no quieren tener relación con el palacio presidencial.

El ataque sicarial contra el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, este fin de semana en la localidad de Fontibón, en Bogotá, agitó los ánimos y parece que adelantó el divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo; una ruptura apenas normal en los ocasos de los gobiernos y que pronosticó Roy Barreras desde que era presidente del Senado en el 2022.

El ataque contra Uribe Turbay tiene herido al Congreso porque algunos parlamentarios, en medio de la calentura de lo ocurrido, no descartan que los constantes ataques y calificativos que reciben por parte del presidente los exponga aún más.

Por esto, este atentado llevó a varios congresistas a parar en seco a Petro y a pedirle, de una vez por todas, que desescale su lenguaje. El ministro Armando Benedetti anunció que Petro le bajará a las tensiones en su red social X.

Llamar a los congresistas “nazis”, “enemigos del pueblo” o exponerlos en plaza pública con sus nombres porque no le aprobaron la consulta popular o porque le hundieron, recientemente, su reforma laboral, los pone en un escenario de posible riesgo.

Por eso, cansados de los ataques de Petro, nueve partidos políticos no quisieron aceptar la invitación de la Casa de Nariño de asistir a una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada por Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyo plato fuerte era el atentado contra Uribe Turbay. “No vemos garantías con el presidente ni en su ministro”, resumió Alexander Vega, director del partido de la U.

Al contrario, los directores de los nueve partidos prefirieron encontrarse con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien también ha sido víctima de los ataques mediáticos de Petro, y expusieron sus preocupaciones.

Tras el encuentro, los partidos Liberal, Conservador, la U, el Centro Democrático, Colombia Justas Libres, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI, Mira y Cambio Radical, expidieron un comunicado de prensa con una fuerte carga de molestia contra Petro.

“El miedo, la incertidumbre, la polarización y la audacia del crimen han secuestrado la vida nacional, sembrando inseguridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lejos de apaciguar esta crisis, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, parece empeñado en agudizarla. Su insistencia en profundizar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten no hace más que agravar la fractura social y política que nos consume”, informaron.

Ante la falta de garantías y los sesgos gubernamentales contra la oposición, anunciaron que acudirán “a instancias internacionales que nos brinden las garantías que el Gobierno nos niega“.

Y siguieron: “El presidente Petro, ajeno a esta realidad, persiste en una radicalización que nos ha conducido al borde del abismo. Su gestión, en lugar de buscar consensos, se aferra a la confrontación, ignorando el clamor de un país que exige liderazgo responsable y soluciones efectivas”, añadieron.

Exigieron al Gobierno nacional “mesura, respeto irrestricto por la institucionalidad y el cese inmediato de maniobras que buscan eludir las normas para satisfacer intereses políticos y electorales. Las instituciones de Colombia —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el poder electoral y los medios de comunicación— no son peones al servicio de agendas particulares. Son pilares de nuestra democracia, conscientes de su responsabilidad histórica con la nación”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, no se quedó callado y respondió con contundencia a los nueve partidos políticos.

“¡Ayyyy, Dios! Los ‘presidentes de los partidos’ no pueden estar por encima de la ley que crea esta Comisión para dar garantías electorales y de seguridad para precandidatos y precandidatas, porque la seguridad solo puede garantizarla el Gobierno nacional. Pero son libres de rechazar o aceptar la protección. Nada que pueden bajar el tono. Bienvenida la intervención de la Procuraduría, que hoy está con nosotros aquí en Casa de Nariño”, dijo el ministro.

Y después, en una conferencia de prensa, Benedetti se refirió a la buena relación de los congresistas de la mayoría de los partidos políticos con la Casa de Nariño, más allá de sus directores.

“Qué descaro, un poco de politiqueros aprovechan el atentado en contra de Miguel Uribe para iniciar a darle un golpe de Estado al presidente Petro. Lo mejor es que quien habla y pide desconocer al presidente, es quien fue registrador (Alexander Vega) cuando casi nos iban a robar siete curules. El chiste se cuenta solo”, opinó el parlamentario Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico.

El ambiente está enrarecido y el ministro Benedetti, quien tiene que tratar de enderezar la relación con el Congreso, lo tiene claro.

La reforma laboral de Petro agoniza en la Plenaria del Senado porque los tiempos no juegan a su favor. También la reforma a la salud que ni siquiera ha empezado a ser estudiada como quiere el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Y, mucho menos, se augura un buen futuro a la reforma a la justicia, que se radicará en el Congreso después del 20 de julio el ministro designado, Eduardo Montealegre, según le contó a SEMANA.

Como si fuera poco, Gustavo Petro insiste en desconocer al Senado que hundió su consulta popular por dos votos, los llama “tramposos”; y este miércoles, 11 de junio, desde Cali, la ciudad donde más se sintió el estallido social contra el expresidente Iván Duque, firmará el decreto con el que le “ordenará” al registrador Hernán Penagos que convoque a elecciones para el 7 de agosto de 2025.

Ese desconocimiento al Senado, además de las elecciones del 2026 a la vuelta de la esquina, terminarán por sepultar de una vez por todas las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo.

En el Gobierno Petro esperan que el 20 de julio Efraín Cepeda salga de la presidencia del Senado y llegue un aliado con quien se puede dialogar, según le dijo a SEMANA el exdirector del DPS, Gustavo Bolívar. No obstante, como va todo, cualquier cosa puede pasar.