Política
Angélica Lozano detalla el futuro de la reforma laboral: “El Gobierno no quiere ley, ellos quieren consulta”
La senadora aseguró que la administración de Gustavo Petro quiere que la concertación del proyecto fracase para confirmar su consulta popular por “decretazo”.

SEMANA: Usted decía que al Gobierno solo le gusta lo que se aprueba al pie de la letra de sus pretensiones. ¿Eso será un problema para la concertación de la reforma laboral, teniendo en cuenta que el Senado no aprobará lo que avaló la Cámara de Representantes?
Angélica Lozano (A.L.): Es inmaduro y absurdo. El Congreso de Colombia es bicameral y es como si el Gobierno no lo entendiera, porque dicen que solo aceptan el consenso de la Cámara. El Senado no es notario, tenemos una buena actitud para lograr una reforma por consenso y el Gobierno no puede pretender que cometamos el vicio que ya está estudiando la Corte sobre la reforma pensional, en la que la Cámara acogió el texto del Senado. Tenemos seis artículos que se definirán a voto limpio porque son diferencias de fondo.
SEMANA: ¿Qué puntos ya quedaron diferentes en la reforma del Senado en relación con lo que se tenía en la reforma de Cámara?
A.L.: El contrato laboral para los aprendices del Sena se definirá a voto limpio, también el recargo nocturno desde las 7:00 p.m., punto en el que la Comisión Cuarta aprobó que comenzará a las 7 de la noche para todas las empresas, pero en el que varios partidos quieren votar una excepción para las microempresas.
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SEMANA: ¿Cómo están las cargas políticas para la conciliación? Esta semana fue difícil llegar a acuerdos entre los ponentes, la bancada del Pacto Histórico y los ministros.
A.L.: Nos hemos sentado en repetidas ocasiones. El miércoles en la mañana pidieron una reunión para concertar a la que llegaron cerca de veinte congresistas del Pacto Histórico y cinco representantes del Gobierno presentando siete puntos de honor; luego, en la noche, eran once, y cuando se levantó la sesión para ir a una comisión especial nos presentaron 17. Para la mañana del jueves ya tenían solo cuatro.
El Gobierno exige que no se vote la excepción en las horas extra para las microempresas y una parte del Senado no quiere ceder en ese punto. Hay dos artículos de la ponencia sobre el tiempo parcial y la Unidad de Trabajo Especial (UTE) que para ellos se volvió en un asunto de honor eliminar. Y creo que hay una mala interpretación en esos puntos.
SEMANA: ¿Ese es el trabajo por horas?
A.L.: Ellos dicen que esos puntos legalizan el trabajo por horas, pero eso no está en los artículos. Incluso, en lo que había radicado Gloria Inés Ramírez se hablaba de tiempo parcial, pero ellos armaron un fantasma en torno a esto.
SEMANA: De parte del Gobierno siempre han aparecido “peros” a lo que se está debatiendo. ¿Cómo interpreta eso?
A.L.: Ellos no quieren la ley. Esto está consensuado y parecido a lo que aprobó la Cámara, con unas diferencias legítimas que se resuelven votando, pero yo creo que la razón es que ellos no quieren ley, ellos quieren consulta y más ahora que le metieron un decretazo violatorio de la Constitución y ya van en constituyente. Ellos necesitan que esto fracase y por eso le buscan peros. Cada que se resuelven los puntos le buscan otro pero.
SEMANA: El acuerdo político en Senado es que se sacará la reforma porque este es el argumento más firme que ustedes tienen como poder legislativo para decir que no hace falta la consulta popular. Pero, ¿qué esperan del Gobierno? ¿Confían en que se cumpla la promesa de derogar el decreto?
A.L.: No lo sé. El Senado no se dejó provocar. Lo que hizo el presidente es demasiado grave, pero el Senado siguió haciendo su trabajo. El decretazo no va a llegar a materializarse porque es de flagrante inconstitucionalidad. Entonces, la respuesta del Senado es sacar la reforma laboral con una ley justa. La violación a la Constitución que cometió el Gobierno será una mancha indeleble, y más, si ya le suma una constituyente mientras el país arde en inseguridad con una amenaza terrorista o los problemas económicos de cuenta de su decisión con el marco fiscal de mediano plazo, comprometiendo la economía del país a diez años. Lo que hay son problemas complejos en los que necesitamos al presidente y al Gobierno volcado en resolverlos y no en jugar al decretazo y a la constituyente. El Gobierno quedó desnudo: ¿Qué quiere, campaña o ley?
SEMANA: Ustedes estuvieron reunidos con los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino cuando el presidente firmó el decretazo. ¿Ellos qué les dijeron a ustedes como ponentes?
A.L.: Horas antes, más temprano, el senador Iván Cepeda dijo que no se sabía si el presidente sacaría el decreto y pidió que nada perturbara el trabajo que estábamos haciendo. Benedetti pidió consensuar y “ayudar a contener el decreto”, pero el Senado no es el psicólogo del presidente. La tarea del Senado es discutir un proyecto y sacar la mejor ley para la gente, no puede meterse en las emociones y ataques de decretazos.
SEMANA: ¿Benedetti estaba jugando a dos bandos, a consensuar y permitir que el presidente firmara el decreto?
A.L.: Eso se le debe preguntar a él. Él se ha salvado de muchos procesos penales y ahora caerá es por esto. Es muy grave lo que pasa con los ministros porque ellos son los que gobiernan el país, se necesita gente con carácter para decir cuando algo está mal y con criterio para saber qué le conviene al país. Lo que hicieron fue firmar algo que está mal y va contra la ley. Los ministros no tienen impunidad garantizada y el prevaricato no es un chiste.
SEMANA: El presidente amenaza con una constituyente si no hay consulta y si no se da la reforma que él quiere. ¿Qué piensa sobre esta amenaza que llega cuando faltan 15 meses para dejar el Gobierno?
A.L.: Es lamentable, inviable. El presidente será un expresidente insoportable y está haciendo su agenda para el futuro, para cuando sea exmandatario. Su agenda es tumbar la Constitución del 91 y nada de eso saldrá bien. La Constitución fue construida entre visiones diferentes, pero en este grado de controversia saldría algo regresivo y menos garantista que la actual. La constituyente es la agenda de Gustavo Petro como expresidente: tirarse la Constitución de 1991.