Amnistía Internacional advierte que Colombia está repitiendo los problemas del pasado: “No se está protegiendo a la sociedad civil”

SEMANA: ¿Cuáles son los principales hallazgos que Amnistía Internacional encuentra en este nuevo informe, específicamente para el caso colombiano?

Camilo Vargas (C.V.): Algo preocupante es que no hay un gran hallazgo sobre algo que haya pasado en 2024 y que no haya ocurrido con anterioridad. El problema es que en 2024 se siguieron repitiendo los graves problemas del pasado. Colombia sigue enfrentando una grave crisis de derechos humanos que ha vivido por cuenta de una reactivación y reconfiguración de su conflicto armado. Las cifras de diferentes violaciones a los derechos humanos se ha incrementado y las cifras dan cuenta de un promedio macabro de dos asesinatos semanales de personas defensoras de los derechos humanos en los últimos siete años. Eso es escandaloso. Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos.

SEMANA: ¿Qué violaciones a los derechos humanos se están presentando?

C.V.: Desde alrededor de 2018, las cifras han subido y se han mantenido elevadas en violaciones a los derechos humanos como desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento infantil para explotación de niños y niñas y violencia contra personas defensoras de los derechos humanos, especialmente casos de asesinatos. Esto es preocupante porque ha habido esfuerzos, como una política de ‘paz total’, se han declarado ceses al fuego en los últimos años, ha habido acciones que deberían apuntar a un desescalamiento de ese conflicto, pero lo que vemos es que al margen de esos esfuerzos de paz, en el fondo, se sigue afectando a la sociedad civil.

SEMANA: ¿Qué está fallando?

C.V.: No se está protegiendo a la sociedad civil. En contextos de diálogos de paz y de ceses al fuego recibimos graves denuncias de que mientras el Gobierno está sentado en mesas de negociación con grupos armados se está atacando a la sociedad civil con extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos a personas defensoras y líderes de comunidades. En contextos de conflicto en donde se han reactivado las operaciones militares tampoco se está protegiendo eficazmente a la sociedad civil y se pasa, también, por estigmatizaciones a la sociedad civil, incluso de parte de personas del Estado. No es aceptable que se considere que las organizaciones de la sociedad civil están del lado de uno u otro actor armado, nosotros estamos pidiendo que se respete el Derecho Internacional Humanitario y que se deje a la sociedad civil de lado de los conflictos armados. Colombia tiene que modificar sus políticas de protección porque el país sigue aferrado al modelo de dar chalecos antibalas y escoltas cuando ya hay herramientas para proteger a la población civil que van más allá de desplegar personal de seguridad. Proteger a la población civil en muchos de estos contextos implica llevar al Estado a los territorios.

SEMANA: ¿Los esfuerzos de paz no tuvieron en cuenta lo que había que hacer en las regiones para que las personas sintieran ese intento de paz?

C.V.: Amnistía Internacional no está juzgando si los esfuerzos de paz están bien o mal hechos, lo cierto es que las afectaciones a la sociedad civil siguen con diálogos de paz o en medio de la guerra y esto es un viejo llamado de la sociedad civil a que se construya esa presencia de las instituciones civiles del Estado.

SEMANA: Colombia sigue siendo uno de los países con más desplazados internos.

C.V.: Hace falta que Colombia asuma que en sus políticas públicas de atención a la población desplazada asuma frontalmente implementar soluciones verdaderas para esta población. En 2011 se creó una ley de víctimas que permitió el reconocimiento jurídico de los casi 8 millones de personas reconocidas como desplazadas internas, pero la atención al desplazamiento se ha quedado corta porque no está solucionando la afectación de estas personas, al punto que la ley tuvo que renovarse. Sabemos que no es una tarea fácil en un país que tiene a una quinta parte de la población declarada como víctima del conflicto armado, pero en realidad eso termina reflejando el problema de que se necesita enfocar las políticas públicas.

SEMANA: Usted habla de “llevar el Estado”. ¿En qué zonas identificaron esa necesidad?

C.V.: Por todas partes del país hay denuncias sobre la presencia de organizaciones armadas distintas al Estado y del control social que están llevando a cabo por el Ejército Gaitanista de Colombia desde el Magdalena Medio hasta el sur del Chocó y, desde ahí, hasta el extremo norte de Colombia; también de lo que hasta hace poco era el Estado Mayor Central en el sur occidente de Colombia, en los llanos orientales; de otras disidencias de las Farc en el sur de Putumayo. Si uno enlista las zonas, lo preocupante es que es media Colombia. El país tiene distintos conflictos armados al mismo tiempo, cada uno con sus particularidades y con la sociedad civil pidiendo ser escuchada.

SEMANA: ¿En este momento hay más o menos garantías para ser defensor de derechos humanos y líder social que las que había antes de firmar la paz con las Farc?

C.V.: Es claro que en torno a la firma del acuerdo de paz en 2016 descendieron significativamente las violaciones a los derechos humanos. Entre 2014 y 2017, Colombia vivió niveles significativamente bajos frente al resto de su historia en materia de todos estos datos, pero desde 2018 es claro que el Estado no ha hecho la tarea de estar presente en los territorios que históricamente han necesitado su presencia y de la protección integral del Estado.

SEMANA: ¿La falta de cooperación internacional de parte de Estados Unidos afectará estos temas de derechos humanos?

C.V.: Es preocupante la contracción de la cooperación internacional que ya se venía presentando desde hace varios años en el mundo. La decisión repentina del Gobierno Trump afecta una cantidad de programas de cooperación muy enfocados en todos estos territorios de Colombia afectados por la violencia. Existe un principio de responsabilidad solidaria de los Estados que debería llamar a gran parte de los Estados a ayudar a abordar estas situaciones. Muchos ya lo han hecho, pero sí es preocupante el impacto que esto pueda tener a corto plazo. La atención de las regiones afectadas por la violencia es una responsabilidad primaria del Estado colombiano, así como defender los derechos de su población. Hay regiones que están quedando más desprotegidas.

SEMANA: ¿Qué mensaje le deja este informe al Gobierno?

C.V.: Hay un mensaje al Gobierno y otro al Estado.

SEMANA: ¿Qué mensaje le deja este informe al Gobierno?

C.V.: Hay un mensaje al Gobierno y otro al Estado. El Gobierno debe implementar políticas eficaces de protección a la sociedad civil, con especial énfasis a las personas defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de estos que están bajo riesgo. Hace falta llevar las políticas del papel a la práctica. Y un llamado al Estado es el otro gran mensaje que deja este informe anual y es que hay una crisis de impunidad. Todas estas violaciones a derechos humanos están, en su mayoría, en el impunidad a pesar de que la sociedad civil pone todo de su parte para que la justicia colombiana actúe. Hay muy pocos procesos judiciales que avancen. A ello, se suma que no solo hay impunidad con las violaciones a los derechos humanos que cometen los grupos armados, sino también con las que comete la Fuerza Pública. Es grave que haya impunidad porque esto es una carta abierta para que se sigan cometiendo las violaciones.