Alfredo Saade, quien propuso cerrar el Congreso y restringir medios de comunicación, será quien maneje el tema de los pasaportes. Esta es la historia

Colombia podría quedar en el limbo de una crisis de pasaportes, empujada por la incapacidad del Gobierno nacional de lograr un nuevo acuerdo para la sesión del próximo contrato con el que se proveerá al país del documento de viajes que, hasta ahora, está en poder de la multinacional Thomas Greg & Sons.

Se conoció que el nuevo jefe de gabinete, el pastor Alfredo Saade, será el nuevo ungido con la bendición de Petro para sacar adelante y “desenredar” el tema de los pasaportes, justo después de que la canciller, Laura Sarabia, anunciara que se estaba estructurando la declaratoria de una urgencia manifiesta con la que se prolongaría por 11 meses más el contrato con Thomas Greg. Esa decisión fue desaprobada públicamente, como siempre, por el presidente Petro.

Sarabia ya había dicho que el memorando de entendimiento que habría “quedado listo” durante el periodo del excanciller Luis Gilberto Murillo estaba sin vigencias futuras, sin trámites aduaneros, pactado en euros y sin cronograma operativo y que por esa razón no era viable otorgar el contrato a Portugal y a la Imprenta Nacional, por lo que se optaría por la urgencia manifiesta mientras se planeaba una transición organizada para que el proceso quedara en manos de Portugal y la Imprenta.

Siendo insistentes en ese tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha repetido con vehemencia que no realizará convenios que carezcan de soportes técnicos y jurídicos que puedan impactar la continuidad del servicio (como dicen que quedó el realizado por Murillo), es decir, son firmes cuando dice que no firmará nada a ciegas.

Ahora bien, esto no quiere decir que el Gobierno nacional no pueda tomar la delantera y suscribir el convenio pasando por encima de la Cancillería e imponiendo la nueva autoridad del pastor Saade.

Sin embargo, el modelo Murillo, que —según su versión— estaba listo, fue el caballito de batalla de Saade para tomar la batuta de ese proceso y asegurar que, antes del primero de septiembre, cuando se acaba el contrato con Thomas Greg, el país tendría un nuevo modelo de expedición de pasaportes sin traumatismos.

Hay que recordar que, con el contrato actual, los colombianos pueden expedir el documento entre 24 y 48 horas como máximo.

El enredo con los pasaportes no es solo un tema administrativo del Estado, es también un campo de batalla a muerte donde se están jugando la legitimidad el excanciller Murillo con su proceso “estructurado y listo” que defiende a capa y espada y que podría desempolvarlo dentro del petrismo; la canciller Laura Sarabia, con la rectificación del proceso de su antecesor y la posibilidad de “salvar” al país de quedarse sin pasaportes, y por último —y quizá más importante—, la jugada de Saade para legitimar su llegada al Gobierno con la materialización de una orden de Petro que nadie más ha podido ejecutar y que podría darle senda victoria política.

Aquí hay varios datos que no resultan menores. El primero, Colombia se podría quedar sin un proceso expedito como el que hay hasta ahora en términos de tiempos de entrega y trámite.

Segundo, no existe claridad si con la idea de Petro, Murillo y Saade los pasaportes seguirán teniendo la calidad que permite que sean reconocidos en Estados Unidos y la Unión Europea. Y tercero, tampoco es claro cómo la Imprenta Nacional va a garantizar la operación teniendo en cuenta que atraviesa por un momento crítico.

Sobre ese último punto, dentro de la entidad hay una guerra manifiesta entre los sindicatos y la gerente general Viviana León, quien fue puesta expresamente por el presidente Petro para impulsar “transformaciones”.

Desde la llegada de León se han registrado cerca de 80 quejas de acoso laboral, según información del sindicato Sintraimprena, siete despidos injustificados y un hecho, materia de investigación, en el que presuntamente se habría retenido a funcionarios dentro de la entidad el día de la firma del decreto de la consulta popular del Gobierno.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía y el Ministerio del Trabajo ya tienen carpetas abiertas por esta indagación; sin embargo, dentro de los sindicatos aseguran que no hay garantías dentro del proceso, mientras que la señalada gerente general se toma fotos con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en eventos oficiales del Gobierno nacional.

Por ahora, y con ese complejo panorama dentro de la Imprenta Nacional, nada sobre los pasaportes es claro, porque si bien el desorden dentro de esa entidad podría afectar la movida maestra de Saade, lo cierto es que es solo una de las aristas del tremendo conflicto en el que también están jugando Sarabia y Murillo y en el que, hasta hoy, el país no sabe si habrá o no pasaportes después del primero de septiembre.