Alerta: ¿el Gobierno Petro ha puesto en marcha una estrategia de “policía política” para perseguir a detractores y opositores?

La Secretaría de Transparencia, en cabeza de Andrés Idárraga, presentó un informe sobre presuntos hechos de corrupción en el sistema de salud que se habrían cometido durante la existencia de las EPS Saludcoop, Cafesalud y Medimás. A la opinión pública le sorprendió que el documento mencionara a Alejandro Gaviria, ministro de Salud en ese entonces y de Educación en el Gobierno Petro. Idárraga lo cuestionó por supuestamente “favorecer” a algunos acreedores de las entidades modificando la normatividad.

Gaviria, retirado de su cargo por sus críticas a la polémica reforma a la salud de Carolina Corcho, cuestionó el rol de la Secretaría de Transparencia en el Gobierno, dado que históricamente se ha dedicado a asesorar al presidente en el diseño de una política de lucha contra la corrupción. “Me da temor, no solamente en mi caso, sino, en general, que se convierta en una policía política”, advirtió el exministro en SEMANA.

Su alerta sugiere que puede existir la intención de una persecución política desde varias entidades señaladas de tomar represalias contra la oposición. Por ejemplo, llamó la atención el sorpresivo allanamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las oficinas de Ecopetrol.

El operativo ocurrió un día antes de la salida del expresidente Felipe Bayón, a quien le inspeccionaron su celular. La coincidencia de la visita de la SIC con la salida de Bayón dejó un mal sabor por los conocidos desencuentros entre el expresidente de la compañía y el Gobierno Petro en materia económica y de hidrocarburos. Para muchos, muestra un “tufillo” de retaliación contra el saliente directivo.

También hay controversia por el rol de la Superintendencia de Salud. Al principio de su gestión, el superintendente Ulahy Beltrán aseguró que la deuda total de las EPS era de 50 billones de pesos, cifra que causó zozobra y tuvo que ser rectificada, pues en realidad corresponde a 23,3 billones de pesos.

Beltrán también enfoca su gestión en investigar a las EPS. En las últimas semanas, abrió una indagación contra el gremio por el desabastecimiento de medicamentos en el país, escasez que tendría origen, entre otras cosas, en el aumento de la demanda.

Otro operativo que causó indignación fue la repentina visita de la Dian a los consultorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá. A finales del mes de marzo, funcionarios de la entidad llegaron acompañados de policías a la clínica con el fin de verificar la facturación electrónica en cada uno de los consultorios.

Muchos galenos sintieron que se trataba de una retaliación por su posición frente a la reforma a la salud. “Nunca había pasado, los policías fueron exagerados”, contó un médico que presenció la escena.

Asimismo, está el caso de Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, que deberá explicarle a la Procuraduría actuaciones que podrían entenderse como abuso o desviación de poder. El Ministerio Público conoció que el funcionario solicitó información sobre la planta de trabajadores de las cajas de compensación y al parecer ha intervenido varias de ellas.

Las empresas de servicios públicos también sienten la presión de Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos. No solo insiste en que el presidente Gustavo Petro debe asumir el control de los servicios, sino también viene abriendo múltiples investigaciones a empresas y señala que el modelo de prestación está “más preocupado por el negocio”.

Varios sectores comparten el temor del exministro Gaviria sobre la “policía política”, que también estaría siendo utilizada bajo la excusa de la inspección, vigilancia y control que ejercen algunas entidades públicas.