Advierten que durante el Gobierno Petro se han frenado los proyectos de inversión pública: “Hay excesivos gastos burocráticos”

SEMANA: Usted dijo en su intervención que la arquitectura, la ingeniería y los proyectos de inversión publica están en riesgo en el Gobierno Petro, ¿por qué?

VENANCIO PORRAS: La gestión de proyectos de inversión pública en este Gobierno es objeto de debate y cuestionamientos. Según algunos análisis, la falta de estudios de factibilidad, problemas de financiamiento y excesivos gastos burocráticos, han frenado varias iniciativas de proyectos de infraestructura, como el tren del Caribe o la construcción de instituciones educativas de educación superior (IES), vías 5G, VIS, pues no hay plata para financiarlos y se sacrificó la inversión pública por puestos. El sector de la construcción cayó, según cifras del Dane y Camacol, lo que genera incertidumbre a la inversión privada, ósea Petro nos tiene jodidos.

SEMANA: ¿La llegada de Petro a la Presidencia afectó los proyectos de infraestructura pública en Colombia?

V.P.: La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República ha tenido un impacto negativo sobre la dinámica de la infraestructura pública. Uno de los efectos más notorios ha sido la ralentización generalizada de los proyectos, tanto en su fase de planificación como en la ejecución. Por ejemplo, durante los primeros meses de Gobierno, se evidenció una pausa en varios procesos ya estructurados durante administraciones anteriores, motivada por revisiones ideológicas o revaluaciones estratégicas que no siempre se basan en criterios técnicos.

La incertidumbre en la continuidad de políticas públicas de largo plazo ha generado un ambiente de desconfianza entre las empresas del sector. Muchas iniciativas que contaban con estudios previos, licencias o fuentes de financiación fueron puestas en espera o descartadas, generando un efecto dominó que afectó tanto a firmas consultoras como constructoras, ejemplo obras del canal del Dique. Esta situación ha impactado la generación de empleo, la cadena de proveedores y el desarrollo territorial.

SEMANA: ¿Cuáles han sido los principales cambios en los procesos de contratación pública?

V.P.: Durante este Gobierno, la contratación pública ha experimentado transformaciones significativas que han generado preocupación en el sector de la ingeniería y la arquitectura. Uno de los cambios más notorios, según mi perspectiva, es el incremento en el uso de mecanismos de contratación directa y convenios interadministrativos, lo que reduce la participación abierta del sector privado y limita la pluralidad de oferentes.

SEMANA: En la intervención, usted habló de riesgos en el sector de la arquitectura, ¿cuáles son?

V.P.: Uno de los principales riesgos actuales para el sector de la arquitectura y la ingeniería es la creciente inestabilidad institucional y la pérdida de confianza en la gestión pública de los proyectos. Esta situación se traduce en una disminución de la participación del sector privado en licitaciones, ya que muchas firmas perciben que invertir tiempo y recursos en propuestas técnicas puede ser un esfuerzo en vano si los criterios de selección no son transparentes o se cambian arbitrariamente. También hay que recalcar que la falta de continuidad en proyectos iniciados por administraciones anteriores ha generado un ambiente de inseguridad jurídica y operativa, donde muchas firmas se enfrentan a la cancelación o suspensión de contratos sin criterios técnicos claros, afectando su estabilidad financiera, su credibilidad y su capacidad de generar empleo o innovación en el sector.

SEMANA: ¿Hay disminución en la inversión pública en proyectos?

V.P.: Se ha evidenciado una disminución preocupante de la inversión pública en todas las regiones del país, especialmente en departamentos como Cauca y La Guajira, donde varios proyectos han sido cancelados o pospuestos sin una justificación técnica clara. Aunque el Gobierno ha manifestado un interés por fortalecer la equidad territorial, en la práctica se observa una centralización de decisiones y una falta de ejecución efectiva en los territorios.

SEMANA: También mencionó que hay lentitud en los procesos. ¿Por qué?

V.P.: Durante el actual Gobierno se ha intensificado la burocracia en los procesos de aprobación y ejecución de proyectos, lo que ha generado demoras significativas en todas las etapas, desde la formulación hasta la contratación. Las nuevas exigencias administrativas, muchas veces poco claras o sujetas a interpretaciones políticas, han creado cuellos de botella que afectan la eficiencia del sistema. Esta situación no solo ralentiza la ejecución de obras, sino que también genera desmotivación y frustración en el sector técnico, al percibirse una gestión más ideologizada que orientada por criterios técnicos y de resultados, además de los nombramientos donde pesa mas el acompañamiento en la campaña política que los conocimientos técnicos.

SEMANA: ¿Entonces, le meten ideología al asunto?

V.P.: Uno de los mayores riesgos es la creciente influencia ideológica en la planificación y priorización de proyectos públicos. Muchas iniciativas son evaluadas más por su alineación política que por su viabilidad técnica, lo que ha llevado al rechazo de proyectos estructurados en administraciones anteriores, sin considerar su impacto o urgencia.

SEMANA: ¿Qué le diría al Gobierno Petro para mejorar la gestión de la inversión pública?

V.P.: Que hay aspectos claves que deben tener una mayor dinámica, por ejemplo, retomar el enfoque técnico, garantizar continuidad institucional, agilizar procesos y fomentar una mayor apertura al sector privado. También sugiero reducir la improvisación y reforzar los criterios meritocráticos en la contratación pública. Del mismo modo, resulta pertinente mencionar la centralización de decisiones en materia de proyectos, dado que se ha olvidado la realidad de las regiones.

Se debería crear una sede en cada región del país, donde funcionen todos los 19 ministerios del Gobierno y que sea desde allí que se viabilicen y aprueben los proyectos de inversión publica para que se dinamice y se agilice la aprobación que, hoy por hoy, es sujeto de retrasos en la implementación de políticas publicas que ayuden a mitigar las necesidades de los pueblos, además de vincular empresas privadas por outsourcing como asesores que promuevan la maduración de los proyectos. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación Nacional solo existen siete técnicos que están a cargo de la revisión de todos los proyectos que llegan a este ministerio que, según cifras del DNP, están alrededor de los mil proyectos en un año, lo que representa muchos retrasos para la revisión y aprobación.