A solo un debate de ser aprobado en el Congreso, hay varias alertas sobre el proyecto del nuevo Código Electoral

Este martes fue aprobado en su tercer debate el proyecto de Código Electoral en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. A pesar de que se había anunciado que se congelarían las reformas hasta nuevo aviso, lo cierto fue que se avanzó en ese debate y logró ser aprobado. Ahora solo le resta el paso por la plenaria de la Cámara para que se convierta en ley.

Por eso, algunos congresistas han hecho varias alertas sobre el articulado que fue aprobado. Una de las que más ha insistido en varios reparos y superpoderes que se le darían al registrador nacional, en este caso Alexánder Vega.

Por ejemplo, una de ellas es el artículo 11 que fue aprobado y abriría un boquete para que Vega -o quien lo suceda en el cargo- pueda nombrar delegados regionales, registradores especiales y auxiliares, lo cual generó una gran alerta para varios parlamentarios porque consideran, no solo que sería inconstitucional sino conllevaría a mayor burocracia en la entidad.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, alertó que la implementación del voto electrónico podría verse afectada por la falta de conectividad y acceso a internet que hay en algunas regiones del país.

“En el 2020 planteamos que el voto electrónico se iniciaría como una especie de muestra en el exterior, hoy y muy a mi pesar, se incluyó un parágrafo transitorio que hace que el voto electrónico mixto entre en vigencia en el 2029″, aseguró el congresista.

“¿Cuántas regiones de Colombia tienen ya todas las condiciones de redes, de internet, para contar con esto?”, cuestionó el representante de Cambio Radical.

El voto electrónico está contemplado en el artículo 157 y sigue siendo uno de los temas más sensibles de la reforma. Mientras que algunos congresistas lo defienden porque consideran que se debe avanzar en materia tecnológica, hay quienes consideran que este modelo ha fracasado en otros países y que podría ser vulnerado el sistema y se hable de un posible fraude.

Otro artículo polémico que deberá ser discutido por la plenaria de la Cámara de Representantes es el artículo 247, que se refiere a la seguridad nacional y protección del proceso electoral por medio del cual el registrador podrá hacer algunas contrataciones. La alerta es que se podrían hacer acuerdos misionales con ese argumento y podría generar dudas sobre los contratos de la entidad en medio de los procesos electorales.

Por su parte, el artículo 160 habla de la posibilidad de que se pueda suspender la jornada electoral en caso de una grave perturbación del orden público. El artículo fue eliminado, pero algunos congresistas alertaron que allí se incluían las horas de inicio y finalización de las elecciones y el trámite para las votaciones en el exterior, por lo que eso deberá ser incluido en un nuevo artículo que se deberá crear.

También genera polémica un artículo relacionado a la auditoría informática electoral, ya que no se establecieron claramente los tiempos en los que deberá ser contratada y el plazo en el que se realizará ese proceso.

“Las auditorías se deben realizar respecto a todos los componentes tecnológicos utilizados en las elecciones, con plazos adecuados, y a partir de cronogramas de contratación establecidos con suficiente anticipación”, recomendó la Misión de Observación Electoral (MOE).

Para la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, una de las que más ha insistido en que el proyecto no debería ser aprobado hay varios puntos problemáticos, pero hay dos que le preocupan gran alerta.

Por un lado, el de los servidores de la Registraduría, porque sería inconsitucional, ya que en la Constitución, en el artículo 266, se aclara que los funcionarios de la entidad son de libre remoción y no nombramiento. Considera que con el Código Electoral eso se está cambiando y por eso la Corte Constitucional podría tumbar de nuevo el proyecto.

Otro de los puntos es la contratación a través del argumento de la seguridad nacional, porque considera que esto daría falta de transparencia a los contratos que haga la Registraduría en medio del proceso electoral.

El proyecto deberá ser aprobado en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes antes del 16 de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso. A pesar de que se ha anunciado que habrá sesiones extras hasta el 30 del mismo mes, el proyecto, por tratarse de una ley estatutaria no podrá ser discutido en extraordinarias.