A pesar de la carta de la Embajada de Colombia en Nicaragua, Gustavo Petro dice que no solicitó la residencia de Carlos Ramón González en ese país

El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves, 14 de agosto, en medio de la profunda polémica que se desató en el país, por la noticia que se conoció sobre la residencia en Nicaragua que logró Carlos Ramón González, uno de sus hombres más cercanos.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado fue enfático al señalar que su gobierno no realizó ningún trámite para que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, accediera a la residencia nicaragüense.

“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, posteó.

El trino del jefe de Estado fue sobre una publicación que hizo la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.

Entre tanto, la situación jurídica de Carlos Ramón González es delicada, ya que permanece prófugo de la justicia, en medio del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Hace varias semanas, este medio logró confirmar que el exdirector del Dapre se encontraba en Nicaragua, país desde el cual atendió la audiencia de imputación de cargos en su contra.

Y este jueves Noticias RCN reveló un documento en el que se confirma que Carlos Ramón González ya cuenta con residencia en ese país.

En ese sentido, en el documento de residencia emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de Nicaragua oficial, se logra evidenciar que “González, de 67 años y nacionalidad colombiana, cuenta con una “categoría permanente” en ese país.

Frente al escándalo de corrupción en la UNGRD, en las diferentes audiencias, la Fiscalía señaló que González hacía parte fundamental en la “organización criminal”.

Su papel, según el ente acusador, fue la de direccionar millonarios contratos en la Unidad para comprar congresistas y lograr así la aprobación de los proyectos presentados por el Gobierno.

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.