¿En qué consisten los pilotos de fracking?

Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) surgieron de las conclusiones de la Comisión Interdisciplinaria e Independiente de Expertos sobre Fracking que presentó sus resultados a principios de 2019. Estos permitirán evaluar el potencial de hidrocarburos y la técnica de los no convencionales en las cuencas del Magdalena Medio y Cesar-Ranchería.

Hasta el momento compañías como ConocoPhillips, Drummond, Ecopetrol y Exxon han manifestado su interés por desarrollar los PPII y se encuentran a la espera de que el Gobierno complete la regulación necesaria.

El Consejo de Estado tiene suspendido el marco regulatorio relacionado con la exploración comercial, pero le dio luz verde a los pilotos. Desde entonces el Ministerio de Minas trabaja en el proceso de reglamentarlos. Ya expidió el decreto marco y la regulación técnica y social, pero aún faltan las piezas regulatorias que tienen que ver con los asuntos ambientales y contractuales.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, explicó que precisamente de la regulación ambiental y contractual dependerá si las empresas le ‘jalan’ o no a los pilotos. En las próximas semanas el Ministerio deberá expedir las piezas faltantes para que las compañías evalúen el costo beneficio de los pilotos.

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Si todo resulta como espera la industria, antes de finalizar el año se estarían presentando ante la Anla los respectivos estudios de impacto ambiental, por lo que es posible que las obras civiles empiecen en 2021.

Para el presidente de la ACP es fundamental que haya celeridad en el momento en el que se efectúe el proceso de licenciamiento ambiental. De postergarse el proceso, los resultados de los pilotos podrían coincidir con plena época electoral en 2022, lo que le podría restar objetividad al proceso.

Los PPII se desarrollarán en tres etapas: previa, operacional y de evaluación. En la primera las entidades estatales y las compañías deberán levantar y divulgar las líneas base en materia social, ambiental, de salud y de sismicidad.

En la etapa operacional, que empieza a partir del otorgamiento de la licencia ambiental, las empresas realizarán la perforación y estimulación por medio de fracturamiento hidráulico. Al mismo tiempo revisarán, gestionarán y complementarán los aspectos técnicos, ambientales, sociales, institucionales y de salud.

En la última etapa, el comité evaluador estudiará los resultados de las investigaciones y definirá si es posible hacer el tránsito a la exploración y explotación comercial. Hasta el momento ha trascendido que los pilotos consistirán en 4 proyectos de 8 pozos en total, con inversiones por unos US$650 millones.

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Según algunas proyecciones de la industria, la inversión futura de los PPII, si pasan a etapa de desarrollo, podría ser de US$ 5.000 millones, equivalente a 2% del PIB colombiano en el marco de los 4 proyectos iniciales y en el corto plazo requerirán de al menos 370 empleos nuevos.

El debate continúa

Al parecer, se le ha despejado el camino a los pilotos. Pero el futuro del fracking se encuentra en manos del Consejo de Estado, que debe emitir un fallo de fondo con respecto a la normatividad relacionada con la exploración comercial. Y aún no está claro si el alto tribunal esperará los resultados de los pilotos para tomar la decisión, el debate sigue más encendido que nunca.

Hace pocas semanas se volvió a encender, cuando varios congresistas anunciaron que un artículo de la reforma al régimen de regalías era un mico que autorizaba los proyectos no convencionales en el país. En realidad el artículo, que fue retirado, no tenía nada que ver con la regulación, y se trataba de una gabela en el pago de regalías. Pero el hecho confundió a la opinión pública.

Para el gremio, el retiro de este artículo incluido en la reforma del gobierno Santos es un precedente bastante grave, pues afecta la estabilidiad jurídica de las compañías interesadas en invertir en el país.

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Es claro que las personas que se oponen al fracking continuarán tomando acciones para frenar su avance a toda costa. No solo lo harán mediante acciones judiciales y una gran actividad en redes sociales. También en el Legislativo, donde hay varias iniciativas para prohibir el fracking en el país, lo que frenaría en seco los pilotos.

Los ambientalistas aseguran que de aprobarse la técnica se afectarían gravemente los acuíferos, esto por los altos volúmenes de agua que se demandarían y por los químicos utilizados en el proceso. Además, alertan por posibles cambios en la sismicidad de las zonas de influencia de los proyectos y un posible aumento en la producción de gas metano.

“Tengo el firme convencimiento que lo que quieren los antifracking es evitar que se hagan los pilotos, porque los pilotos demostrarán que la técnica se puede desarrollar bien y los van a desmentir”, le dijo a Dinero el presidente de la ACP.

Pero al margen del debate político, el país viene haciendo un esfuerzo importante por diversificar su matriz energética y avanza en la transición a energías limpias como eólica y solar. Pero este no es un proceso inmediato y seguiremos dependiendo de combustibles fósiles como el petróleo y gas por unos 20 o 30 años más.

La industria está viviendo al día, raspando la olla con técnicas de recobro mejorado y de continuar con los mismos niveles de producción, el país cuenta con 6 años de reservas de petróleo y 8 de gas. Con la entrada del fracking cambiaría completamente el panorama. En efecto, el país conseguiría la autosuficiencia energética de más de 20 años con la que se apalancaría el proceso de transición.

Por otro lado, no se puede desconocer la importancia de la industria. Colombia no es una potencia petrolera, pero el sector representa 1,4% del PIB y cerca de 40% de las exportaciones. En materia fiscal, las regalías, impuestos y derechos económicos sumaron 11% de los ingresos corrientes de la nación en 2019.

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Según un informe publicado por la ACP, si Colombia le da la espalda al fracking, el costo para el país se estima en US$ 2.994 millones durante los próximos 20 años. El gas importado tendrá un costo adicional de 45%, el servicio de energía eléctrica se incrementará en 2,8% cada año y las importaciones de crudo para las refinerías del país aumentarían en más de 40% en 10 años, posiblemente aumentando el costo de los combustibles.