Zona binacional: el engaño para entregar el país al crimen y al chavismo

El reciente anuncio del narcodictador Nicolás Maduro sobre la creación de una “primera zona binacional” en la frontera colombo-venezolana debería encender todas las alarmas en Colombia. No solo por el contenido del plan, sino por algo aún más inquietante: el silencio absoluto del gobierno de Gustavo Petro. Ese silencio no es diplomático, es cómplice. Porque si lo que dijo su camarada es cierto, estaríamos frente a un acuerdo de Estado que compromete directamente la seguridad nacional y se estaría ejecutando a espaldas del Congreso, y, peor aún, de los colombianos.

Petro salió a declarar que el acuerdo con Venezuela “no va en contra de la soberanía”, sino que “propende por un mayor control territorial para ambos Estados”. Pero esa explicación no solo es débil, es peligrosa. ¿Desde cuándo entregar control conjunto de una zona fronteriza con un régimen acusado de narcotráfico fortalece la soberanía? ¿Desde cuándo compartir el territorio con un narcoestado es sinónimo de mayor seguridad?

La pregunta de fondo sigue sin respuesta. ¿Qué es exactamente esa “zona binacional”? ¿Un modelo de integración económica? ¿Un gesto simbólico entre gobiernos vecinos? O más bien, ¿una puerta abierta a la ilegalidad, el crimen y la pérdida de soberanía? ¿Un corredor vial para el narcotráfico? Porque en los hechos, una zona como esa —sin supervisión efectiva del Estado colombiano— podría convertirse en terreno fértil para el tráfico de drogas, de armas, de personas. Un espacio sin ley, ideal para el fortalecimiento de grupos armados ilegales que ya operan con impunidad en ambos lados de la frontera.

Y no estamos hablando de hipótesis. La frontera con Venezuela lleva años infiltrada por los narcoterroristas del ELN, de las FARC y mafias criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Además, es una zona controlada por el cártel de los militares venezolanos, conocido como el Cártel de los Soles. Convertir esa región en un experimento binacional sin reglas claras ni control institucional es legalizar enclaves criminales bajo el sello de un acuerdo internacional. Es, en la práctica, facilitarle el trabajo al narcoestado venezolano.

¿Será que los colombianos estamos a las puertas de una nueva zona de despeje, como la del Caguán, libre de obstáculos para actividades non sanctas?

Si Petro firmó este acuerdo con Maduro sin pasar por el Congreso, estaríamos frente a una violación flagrante al principio de separación de poderes y a los mecanismos constitucionales de control político. Cualquier acuerdo internacional debe ser conocido, debatido y aprobado, en muchos casos, por el Legislativo. Saltarse esos pasos es actuar por fuera de la Constitución. Y lo hace, nada más y nada menos, que con un régimen acusado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.

¿Quién va a controlar esa zona? ¿Qué ley se aplicará allí? ¿Quién responderá si se convierte en un santuario de criminales? La complicidad del Gobierno colombiano es tan grave como el anuncio del dictador venezolano. Todo indica que hay un pacto en marcha que se está manejando en la sombra, con un cálculo maquiavélico muy peligroso que debería alarmar a todas las instituciones del país.

Petro no puede entregar la soberanía por afinidad ideológica. Esto no es política exterior, es una jugada del manual del socialismo del siglo XXI. Una zona binacional con Maduro no es integración, es regalar el control del territorio. Y mientras tanto, Petro respalda.

Nuestras Fuerzas Militares no pueden permanecer al margen. Ante la amenaza real que representa esta “zona binacional” —convertida en posible corredor del crimen y plataforma de expansión chavista—, es deber constitucional de las Fuerzas Armadas proteger la soberanía, garantizar la seguridad nacional y frenar cualquier intento de entrega territorial disfrazado de integración. El silencio institucional no puede ser la respuesta frente a un riesgo de esta magnitud. Nuestra Constitución es clara.

Si esto se está haciendo sin pasar por el Congreso, estamos frente a un precedente peligrosísimo. Porque lo que demuestra es que Petro puede pactar con dictaduras, entregar pedazos del país y avanzar en su agenda sin rendirle cuentas a nadie. Todo a espaldas del pueblo. Todo en nombre de una falsa paz. Ese, en el fondo, es el verdadero plan perverso: desactivar todos los frenos de la democracia y avanzar sin obstáculos.

Petro está usando la fachada de la integración para consolidar una agenda ideológica, territorial y criminalmente funcional. El acuerdo con Maduro no busca desarrollo, busca alianzas para blindar su poder, ampliar su control y borrar los límites institucionales. Es, literalmente, jugarse la carta de la reelección, aun cuando esta ya no está permitida por la Constitución colombiana.

Y, mientras tanto, la palabra “paz” vuelve a ser utilizada como trampa. Porque si hay algo que los comunistas han prostituido a lo largo de la historia para manipular a las masas, es precisamente esa palabra. La usan para esconder todo lo contrario: el control, la violencia, la imposición y la mentira.

Ojo, Colombia. No estamos ante un simple gesto diplomático. Estamos ante un intento encubierto de entregar la soberanía, desarmar las instituciones y avanzar hacia un proyecto autoritario sin retorno, que cuenta con más de 350.000 hectáreas de coca como respaldo.

Ñapa: la senadora Paola Holguín ya venía denunciando esta amenaza. Advirtió que la llamada “franja binacional” representa un riesgo directo para la soberanía, al señalar que el verdadero propósito de ese proyecto es convertir esa zona de Colombia en una especie de “Franja de Gaza”, controlada por estructuras criminales y guerrilleras a lo largo de los 2.200 km de frontera que comparten ambas naciones. Según su denuncia, el discurso oficial habla de guerrillas “binacionales”, lo que en la práctica significa legitimar la presencia del ELN, las FARC y otras estructuras armadas en ambos lados de la frontera, bajo una narrativa de integración ideológica.

Hoy, los hechos confirman lo que desde la oposición se venía alertando. La “integración” que propone Petro no es otra cosa que un modelo geopolítico peligroso, diseñado para desdibujar fronteras, debilitar la autoridad del Estado y facilitar la expansión de redes criminales bajo el amparo de un discurso ideológico.