Ya nada nos sorprende

En 2016, Santos violentó la decisión de las mayorías que dijeron ‘no’ al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, pero pisoteando el plebiscito dio un ‘golpe de Estado’ a la voluntad popular y logró que el Congreso, en tiempo récord de 40 días, le aprobara un nuevo acuerdo, en el cual se dio poder político e impunidad a quienes durante más de cinco décadas habían causado ríos de sangre, tristeza y dolor a los colombianos.

En forma parecida, el actual jefe de Gobierno quiere darle un ‘golpe de Estado’ al poder legislativo con el famoso ‘decretazo’ en el que se convoca a una consulta popular, iniciativa que ya fue rechazada por el Senado; acto administrativo que —según reconocen los expertos— goza de entera legalidad. La amenaza a sus ministros de que despediría a quienes no firmaran el ‘decretazo’ muestra su propia debilidad.

Ante este decretazo, se está desconociendo la separación de poderes, se está violentando la ley y, además de pasar por encima de las decisiones de quienes por elección popular representan al pueblo colombiano, quiere imponer su ideología progresista al estilo dictatorial, con la amenaza de convocar a una constituyente en caso de que, legalmente, no le acepten la decisión de la consulta popular por decreto.

Con gran preocupación se observa que el Gobierno intenta nuevas acciones para permanecer en el poder por muchos años; es así como, posiblemente, algunos de los objetivos de la consulta popular sean los de aprobar la reelección o extender el período presidencial, mientras que en el caso de la constituyente, buscarán afianzar legalmente la ideología comunista que tanto daño ha causado en el mundo libre, pero le estarán dando sepultura a la democracia.

Se presagian días violentos, especialmente alimentados por el odio y la lucha de clases que imprime en sus discursos el presidente, incluyendo lo que puede considerarse una amenaza de muerte —posiblemente— a quienes no están de acuerdo con su doctrina zurda, como sucedió en la plaza de Bolívar, y el insulto y la descalificación de los otros poderes atacando verbalmente al Congreso y, particularmente, a los senadores que no aprobaron la consulta popular y la reforma laboral presentada por el Gobierno.

Se consideran gravísimas las erradas interpretaciones que quiere dar el nuevo ministro de Justicia a la aplicación de algunas normas vigentes, pero que han sido promulgadas con otros alcances para que, a pesar de violar los principios constitucionales, trate de validarlas solamente para justificar e imponer al país la consulta popular y la constituyente. Muchos se preguntan: si la justicia ha venido cojeando, ¿será que ahora vendrá en silla de ruedas?

La violencia no puede ser un instrumento de la política, como sucedió hace unas ocho décadas, pero tampoco se puede subvertir el orden para el logro de propósitos ideológicos; se ha escalado la violencia en el territorio nacional y los atentados y asesinatos de candidatos a cargos públicos, de representantes de las comunidades y de miembros de la Fuerza Pública es aberrante; el país unido debe rechazarlo. Los violentos no pueden señalar el destino de Colombia.

El Gobierno se ha quedado sin dinero por la corrupción, los despilfarros y por repartir millones entre los delincuentes, por eso, ha anunciado una nueva reforma tributaria que afectará sustancialmente a las familias menos favorecidas. La realidad muestra que los subsidios con los cuales posiblemente esperan comprar los votos en 2026 no sacan a nadie de la pobreza, pero sí generan zánganos que no trabajan y que están al acecho para recibir las migajas que los gobiernos totalitarios reparten para mantener agarrados por el cordón umbilical a los inútiles e improductivos moscardones.

Colombia está viviendo uno de los momentos más oscuros de su historia, en que la narrativa de la izquierda esclaviza a muchos incautos que aspiran a seguir como rémoras viviendo del Estado absolutista. La inseguridad está desafiando la autoridad del Estado y los delincuentes de todas las pelambres son una minoría que está dominando parte del territorio y, seguramente, impondrán candidatos para las elecciones de 2026 con el empleo de la violencia para que siga la violencia.

Políticos corruptos han llevado al país a la situación actual y, de seguir el mismo camino —probablemente—, las próximas elecciones no reúnan las garantías mínimas ni para los candidatos, ni para la transparencia de los resultados. Tenemos que defender la democracia para que imperen las libertades.