Vil atentado contra el sistema de salud

Incoherencia fatal. Estas dos palabras resumen lo que el Gobierno nacional está haciendo con el Decreto 0858, en el que impone a rajatabla, sin deliberación en el Congreso de la República, un nuevo modelo de salud por la puerta de atrás. Más de ocho millones de colombianos que padecen enfermedades crónicas tienen una sentencia de muerte con este panorama.

Muy bien, el contralor general habla de revisar técnicamente las consecuencias irreversibles que este decreto determina. El gobierno de Petro está desmontando el modelo de aseguramiento en el país y se está tomando atribuciones más allá de sus límites jurídicos. Lo peor del asunto es que este decreto ni siquiera resuelve los problemas estructurales del sistema y lo que hará es generar mayor caos y acabar con las EPS, que han beneficiado el aseguramiento de salud en el país, desconociendo la Ley Estatutaria.

La preocupación es total, porque no hay claridad en la prestación de los servicios, y el país va camino a que los 50 millones de colombianos se vean avocados a un sistema ineficiente, similar al que ya padecen los maestros en el país con el Fomag. Es una clara muestra de que el Gobierno de Petro desconoce las necesidades de los pacientes en Colombia. Tal vez está pensando en “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”, ignorando el acceso a los servicios y lo que eso conlleva en el espacio vital en el que nos encontramos.

La Corte Constitucional está ahora en la tarea de evaluar la legalidad y constitucionalidad de este decreto que, ad portas de unas elecciones, es un cheque en blanco de 80 billones de pesos que tiene el Gobierno en sus manos para jugar —literalmente hablando— con la salud de los colombianos. Más de doce mil instituciones públicas entran en alerta roja por esta situación. Resulta también muy irónico que quien salió a defender este decreto no fue el propio ministro de Salud, sino el del Interior, mostrando aún más que están politizando un sector que debe ser eminentemente técnico.

Este desmonte del aseguramiento lleva a que la contratación de los temas de salud queden en manos de los alcaldes y gobernadores (llámese ente territorial), tal cual como lo hemos venido advirtiendo desde el mismo momento en que este gobierno habló de la crisis explícita. Se vendrán más dificultades en la atención de los pacientes y del financiamiento de la salud de los colombianos, la responsabilidad de estos se verá todavía más diluida, y las EPS no podrán ser conformadas por ellas (que se convertirán en convidados de piedra), sino por los entes territoriales. Vaticino un naufragio de los colombianos al interior de esos Caps, donde nadie se responsabilizará de sus atenciones.

Este gobierno se jacta diciendo que el decreto promueve un modelo preventivo de salud, cuando la realidad muestra que no han sido capaces de enfrentar al dengue, la malaria, el virus sincitial respiratorio o la fiebre amarilla, que atacan a diario la salud de los colombianos, tal cual se observa en los boletines epidemiológicos semanales del INS. Tampoco dan razón del macondiano anuncio sobre los diez mil equipos básicos de salud que supuestamente recorren los municipios del país con un modelo de salud preventiva que no ha sido efectivo y no tiene resultados que mostrar ante los colombianos.

Así mismo, la promotora de la crisis explícita del sistema señala —en palabras de terceros, como la Contraloría— que es un sistema inviable, pero se le olvida que ella y sus sucesores en la cartera de salud lo llevaron al abismo, porque el manejo de la pandemia dejó evidenciado que no es así y que ellos fueron pésimos administradores de los recursos de salud de los colombianos; tal como su exjefe se victimiza y responsabiliza a otros de la hecatombe que generaron.

Eso que están haciendo con el sistema es mucho más grave que la propia situación en la que se encuentra el expresidente Uribe. Tendrán que asumir sus responsabilidades —ante los estrados judiciales— por su responsabilidad en la pérdida de vidas de colombianos, por no asumir a cabalidad la rectoría de la salud de nuestra nación.