Una EPS zombi

Me imagino la expresión de alivio con que los directivos de las Cajas de Compensación recibieron el anuncio del presidente de acceder, desde el Estado, a la mayoría accionaria de la Nueva EPS. Esas entidades vienen asumiendo un inmenso riesgo siendo mayoritarios, pero sujetos a un esquema inicial de mayoría accionaria, con entrega forzada de la gestión y luego la intervención por parte del gobierno. Han venido asumiendo las consecuencias de la pésima gestión de una intervención que ha tenido cuatro interventores en 19 meses. Uno de ellos ‘premiado’ con el cargo de Superintendente de Salud, a pesar del evidente conflicto de intereses, y que los obligó a designar una superintendente ad hoc después de que varios pusimos el hecho en evidencia. Un proceso de consecuencias todavía imprevisibles.

Con la mayoría accionaria están como debe ser, a Dios lo que es de Dios, dicen por ahí. El gobierno se responsabiliza directamente de lo que tanto ha querido tener, mediante las trapisondas de la Superintendencia de Salud, y a través de intervenciones forzadas ahora asume de manera plena las consecuencias de su gestión, pasada y futura.

El presidente ya se precipitó a manifestar que la entidad estaba en manos privadas y eso lo llevó “al desastre financiero”. Trata de evadir anticipadamente el inevitable desastre. Pero en su mirada al pasado se le olvidó -de manera conveniente- que, si bien las Cajas de Compensación son privadas, también son organizaciones sin ánimo de lucro y sus juntas directivas están conformadas de manera paritaria entre patronos y trabajadores. Así las cosas, parte de la culpa recae a las propias organizaciones sindicales que permitieron esos supuestos exabruptos.

También pasa por alto que, según el último informe de la Contraloría General de la República, el mayor hueco de la entidad se generó durante los últimos tres años, esos en que la gestión estuvo a cargo de su propio gobierno. Además, como la Defensoría del Pueblo lo expuso en su riguroso informe hace un par de semanas, la situación absolutamente critica de desprotección de los pacientes de la Nueva EPS está evidenciada en el tremendo incremento de tutelas, precisamente, durante los últimos dos años.

Pero detrás de la claridad lograda hay un futuro siniestro de muy corto plazo. Según el informe de la Contraloría dos vicepresidentes de la Nueva EPS aceptaron que los ingresos de la entidad “solo permiten cubrir 1,9 billones de pesos, mientras la facturación supera los 2,5 billones cada mes”. Eso quiere decir, en primera instancia, que el hueco -para 2025- puede llegar a los 7 billones de pesos y, en segundo término, es una especie de prueba reina que los recursos que el gobierno viene reconociendo por la UPC son insuficientes, por lo menos para los gastos médicos de la EPS más grande del país. Si a ello se agregan los déficits de los dos años anteriores, la cifra puede alcanzar los 19 billones, que suman las facturas sin procesar y los anticipos sin legalizar, que encontró la Contraloría.

¿Esa toma de posesión quiere decir que el gobierno va a recapitalizar la Nueva EPS? ¿De dónde sacarán los recursos cuando el gobierno no tiene aprobada la reforma tributaria y enfrenta un hueco fiscal gigante por las devoluciones de los anticipos de renta de 2023? ¿Van las Cajas de Compensación -como socios minoritarios- a echar la mano al dril para sacar la porción de capitalización que les corresponde? ¿De dónde?, ¿De los recursos del subsidio? Son inquietudes de imposible e improbable respuesta por ahora. Pero tenemos un escenario de crisis que marcha a velocidades astronómicas, en tiempos electorales, y de evidente radicalización del discurso ante el estancamiento de la reforma a la salud y las derrotas jurídicas de las iniciativas de reforma por la vía de los decretos.

La situación desesperada puede llevar a la instrumentalización de la Nueva EPS como una especie de EPS zombi. Está siendo instrumentada desde el Ministerio de Salud y neutralizada en todas sus funciones de aseguramiento, para convertirse esencialmente en un cascaron con funciones financieras asumidas desde la ADRES. Lo harán a través de un giro directo exiguo, lo cual garantizará el crecimiento de la cartera a los hospitales y aún mayor deterioro de la atención a los pacientes. Muchos hospitales y gestores logísticos dejarán de prestar servicios a la EPS, dejando desprotegidos a los pacientes.

El fracaso de la Fiduprevisora, con ese mismo esquema en el sistema de salud de los maestros (FOMAG), mostró que esa es la peor forma de gestionar el riesgo en salud. No obstante, la inveterada tozudez ideológica del gobierno hace perfectamente posible ese escenario.

Independientemente de lo anterior, pareciese que el legado de este gobierno incluirá -además-entregar el cuerpo moribundo de Ecopetrol, la otrora mayor compañía generadora de ingresos públicos para los colombianos, y el cadáver insepulto de la mayor empresa de generación de bienestar social: La Nueva EPS.