Una dentista contra la mafia

Son múltiples los caminos a través de los cuales Gustavo Petro busca asegurarle a sus aliados mafiosos, dentro y fuera del país, la posibilidad de mantener, crecer y consolidar su capacidad de sembrar y traficar coca y lavar las enormes utilidades que este negocio y sus negocios anexos generan.

Son tantas que ningún espacio o recuento basta: la designación de Iván Velásquez como ministro de Defensa, la suspensión de la erradicación, la legitimación de la siembra de coca, los despejes de municipios, las gestorías de paz a guerrilleros y narcos, el desmonte de UIAF y su dirección por desmovilizados del M-19, la tolerancia con la corrupción en POLFA, la entrega del Catatumbo al ELN y las FARC, la entrega del Pacífico sur a Calarca, la Araña y los Comandos de Frontera, y claro, entre tantas otras acciones estratégicas para favorecer al narco, la política de sometimiento o legalización del narcotráfico del ministro Montealegre.

La descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la suspensión de la ayuda económica a la fuerza pública en el marco del plan Colombia, anunciada ayer por el presidente Trump, son un efecto lógico de la determinada intención de transformar al país en otra narcodemocracia latinoamericana.

El compromiso de Petro con esta agenda es tan amplio y decidido que Samper pasa a ser poco más que un amateur en sus amplios esfuerzos como presidente para favorecer a los carteles que lo eligieron y que terminaron cómodamente sometidos bajo el liderazgo de tantos que hoy se rasgan las vestiduras con los despropósitos de este Gobierno en la materia.

No nos digamos mentiras. Una parte grande del régimen petrosantista, que aupó a Petro al poder con recursos, apoyos, pleitesías y acomodos, también fue partícipe del narcogobierno de Samper y participó activamente en el encubrimiento del escándalo del 8.000. Lo de apoyar a un narcogobierno y después esconder la mano no es nuevo en el país.

Una de las estrategias más arteras en el desmonte de capacidades de la fuerza pública para abrirle camino al narco ha sido la de las purgas severas en las instancias de dirección de las Fuerzas Militares y de Policía.

Tal vez la acción ejecutiva más dinámica y consistente de este Gobierno ha sido la purga de liderazgo de los oficiales de insignia de la fuerza pública. Literalmente, se ha arrasado con el talento, la experiencia y el liderazgo, bajo la dirección perniciosa Iván Velásquez, el gran odiador institucional de nuestras fuerzas y con la asesoría, perversa y destructora, del senador Iván Cepeda quien, desde la Comisión Segunda del Senado, por años ha venido construyendo sus archivos de destrucción de carreras de oficiales de todas las armas que le resultan odiosos o incómodos a sus protegidos de siempre de las FARC y a sus nuevos amigos del ELN.

Pero esta estrategia de purga no ha venido sola. Se ha visto complementada por la modificación de los criterios de selección para el generalato, permitiendo que oficiales del cuerpo administrativo en las fuerzas y en la Policía Nacional accedan al rango máximo.

El valor y aporte del cuerpo administrativo a la adecuada operación de la fuerza pública no está en discusión. Su existencia es más que justificada por las amplias y específicas demandas y necesidades de operar el complejo conjunto de misiones del Ministerio de Defensa.

Pero zapatero a tus zapatos. La distinción entre quienes deben desarrollar la misión y quienes la apoyan define los alcances y, precisamente, las limitaciones a las que deben someterse los profesionales y técnicos de los cuerpos administrativos de las fuerzas.

Ascender a generales a estos oficiales, por más meritorios que sean, ha abierto una puerta peligrosa de expansión del número de generales en perjuicio de su capacidad de liderazgo en la misión y tiene como fin congraciarse con los subordinados, la politización y la manipulación de los procesos de ascenso.

La ruta implementada por Petro, posiblemente bajo la falsas y peligrosas banderas de la diversidad, la equidad y la inclusión, cementerio de la meritocracia en las organizaciones públicas y empresariales contemporáneas, apunta a crear un nuevo estamento de ‘agradecidos’ con Petro y el Pacto Histórico. Personas que en un escenario lógico y organizacional racional no deberían ni podrían asumir el alto mando operacional, se hacen a la ‘lotería’ del favor presidencial y tendrán que devolverlo en el futuro con acciones y nombramientos para el petrismo.

La designación de la general Sandra Patricia Pinzón como directora de la Policía Nacional y la aceptación por parte de esta del nombramiento habla tan mal de la estrategia presidencial como de la lealtad con la institución de la nominada. La general Pinzón sabe bien que no posee la trayectoria, ni la experiencia, ni la antigüedad para el manejo de la institución en estas oscuras y graves horas. Pero la codicia y la ambición personal de la palomita se imponen a pesar del alto costo de la descabezada que vendrá por su falta de antigüedad, en otra forma habitual de purga indirecta aplicada en este Gobierno.

Es tan absurdo como poner a un administrador en salud a operar y dirigir un quirófano, poner al gerente de alimentos a cocinar en un gran restaurante o a pilotear aviones al gerente financiero de una aerolínea.

Médicos, odontólogos, sacerdotes o neurosicólogos jugando a ser generales es definitivamente una mala idea. La dentista fracasará, como lo ha hecho en sus anteriores encargos en el Inpec, Antinarcóticos o la región n.º 4 (Valle del Cauca, Cauca y Nariño). Viene de la difusa y patética Unidad Policial para la Identificación de la Paz, donde la pusieron sus aliados como Otty Patiño, posiblemente para que no hiciera más daños y poderla usar.

No pasa de ser una herramienta vacía de propaganda. Ella lo que sabe es trepar y posar para la foto.