Un fallo escrito a cuatro pies

Si a alguien le quedaba duda sobre la intencionalidad política de la jueza Sandra Heredia, en su caso contra el expresidente Uribe, ella se encargó de disiparla en la sesión de imposición de la condena: 12 años de cárcel y privación de la libertad. La Fiscalía había pedido nueve años por tres delitos y, a pesar de que la jueza lo condenó por solo dos de ellos, se fue a una pena de 12 años. Además, mostrando su animosidad insuperable contra Uribe, la jueza ofendió a su familia acusándola de “falta de gallardía”, en un acto insólito e impropio de un juez de la República. Pero lo peor es que lo privó de la libertad sin esperar a que se confirme la sentencia por instancias superiores, que es lo que dictan las normas frente a procesados que no tienen antecedentes y han demostrado sujeción a la ley.

Pero Uribe no es un procesado normal, es el jefe de la oposición, y la consigna del gobierno de extrema izquierda de Petro, y de quienes militan en esa ideología como la señora jueza, es encerrarlo; o sea, neutralizarlo políticamente. Eso explica el sentido de un fallo de 1.114 páginas carentes de pruebas, que fue escrito no digamos a cuatro manos, sino a cuatro pies, y en el que se vulneraron derechos y garantías procesales y, por supuesto, la desproporción de la sanción, incluyendo privación inmediata de la libertad.

Decía Kant: “La religión, por su santidad, y la justicia, por su majestad, buscan a menudo eximirse de la crítica, y por esa razón se vuelven sospechosas”. Yo soy católico y respeto a la Iglesia, pero eso no me inhibe de pedir el mayor castigo posible para los curas pederastas. Al contrario, mi fe en Dios me impele a ser más crítico frente a aquellos que mancillan su Iglesia. Por eso, en este caso en que los hechos, no las conjeturas, confirman el abuso de la jueza, no vale la máxima de “la justicia se respeta”, cuando se intenta poner en evidencia el proceder malicioso de la jueza.

Ya no, no después de la actuación del pasado viernes. Cuando lo que está de por medio es algo tan sagrado como la justicia, acudir al facilismo de invocar su respeto para callar frente al abuso en su nombre no es una opción. Ahora es el momento del valor civil, y no el que la juez les atribuye a criminales, sino ese que debemos tener los ciudadanos de bien, empezando por el periodismo, para llamar a las cosas por su nombre y así evitar una mayor degradación institucional. Tampoco vale el espíritu de cuerpo; jueces y magistrados están llamados a señalar las manzanas podridas, de lo contrario, serán cómplices. Ahora, la máxima de “la justicia se respeta” no puede seguir siendo usada para tapar lo evidente y evitar el escrutinio a una jueza deshonesta que le está haciendo el mayor daño posible a una democracia, que es utilizar su investidura para sacar de la arena política al jefe de la oposición y, de contera, satisfacer los apetitos de venganza de la criminalidad que combatió. Al contrario, porque “la justicia se respeta” es que hay que poner la lupa sobre su actuación y denunciarla por todos los medios posibles como una extremista política que, violando derechos fundamentales, condenó a un inocente arrodillándose al poder y envileció la institución más sagrada de un Estado de derecho, que es la justicia.

Los doctores Granados y Lombana han hecho un gran trabajo, igual que el mismo expresidente Uribe. Su oración en defensa propia del pasado viernes es una pieza histórica e incontrovertible para cualquier juez probo, y su entereza ejemplar, como el huracán que entre más velocidad alcanza, más calma se aprecia en su ojo. Pero este es un juicio político, y como tal, es necesario que todos los ciudadanos participemos en su defensa para que brille la justicia. Por eso este 7 de agosto todos los uribistas, pero también los no uribistas que quieran defender a la justicia, debemos salir a la calle.