Solidaridad con nuestra institucionalidad democrática

Es un error democrático que las personas que no estamos vinculadas laboralmente al Estado, permanezcamos indiferentes frente a las diversas acciones criminales de los grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes o delincuencia común porque sencillamente todas sus acciones terroristas, como el denominado plan pistola contra nuestros militares y policías, al final de cuentas, buscan el debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática, y de nuestras Fuerzas militares y de Policía. A toda esa macabra política, contribuyen decididamente todos los actos de corrupción, de irresponsabilidad y negligencia que se vienen presentando tanto en el Estado como en algunos sectores políticos, económicos y sociales.

De modo que, más allá que se esté o no con el Gobierno del presidente Petro o con alguno de los gobiernos departamentales o municipales, considero que el deber constitucional y democrático de todas las personas que no estamos involucradas en actividades ilegales, es manifestarnos públicamente contra todos los actos ilegales y criminales que tengan como fin el debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática. En ese sentido, considero que es muy importante el papel pedagógico y democrático que pueden jugar los diversos medios de comunicación en el logro de promover un proceso pluralista contra todas las manifestaciones de ilegalidad y criminales en Colombia.

En igual sentido, debería procurarse construir un acuerdo democrático en favor del desarme de la palabra entre el presidente Petro, los integrantes de su Gobierno, el Congreso de la República, los voceros de los partidos políticos y de los diversos gremios económicos y sociales, a fin de que se constituya en una hoja de ruta democrática a seguir en favor de la convivencia ciudadana y de lucha contra todas las manifestaciones de ilegalidad en Colombia.

En ese mismo orden de ideas, sería importante que más allá de nuestras afinidades o diferencias políticas, le solicitemos a todas las personas que en Colombia aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República que por favor dialoguen entre ellos y que unidos en la diferencia, nos demuestren con hechos reales que, por encima de sus intereses políticos y sus egos personales, está el futuro democrático de Colombia, de sus fuerzas militares y de policía, lo mismo que la cero tolerancia con la corrupción y con todas las nefastas actividades de los grupos armados ilegales.

A manera de reflexión democrática, y como persona que siempre he procurado la búsqueda de caminos de paz para Colombia, debo decir enfáticamente que el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, el terrorismo, la violación de los derechos de los niños, de las mujeres y demás acciones criminales contra la población urbana y rural, independientemente de quien las haga, son contrarias a los ideales de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de todas las normas democráticas de convivencia pacífica y al mandato constitucional en Colombia de que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

En tal sentido, y dado que los diversos diálogos de paz que ha emprendido el presidente Petro no han dado ningún resultado en favor del derecho a la convivencia pacífica de la población colombiana y que no podemos seguir conviviendo con los criminales hechos de violencia que desafortunadamente hoy estamos viviendo en varias regiones de Colombia, sería muy importante que los diversos partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria y con el aval de los diversos candidatos a la presidencia de la República, tomaran la decisión patriótica de unirse para solicitar que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo 31 de 2026, se le preguntara a los votantes sobre los requisitos mínimos humanitarios que deben existir en Colombia para iniciar en el futuro nuevos diálogos con los grupos armados ilegales.