Sin orden, no hay Estado

Cada día que pasa, la situación del Catatumbo se torna más grave, dejando expuesta la negligencia e ineficacia del Estado a la hora de ejercer su presencia en esta región del país y traer orden al pueblo colombiano, un ideal que llevamos persiguiendo desde la génesis de la República.

Para empeorar la situación, el presidente Petro no ha centrado su atención en esta problemática, pues se encuentra ocupado casando peleas en el extranjero, pagando conciertos de 3.965 millones de pesos y repartiendo contratos a sus bodegas, sin preocuparse por los problemas de nuestro país. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿acaso Colombia está condenada a continuar con este ciclo de violencia, falta de orden y seguridad?

Recalquemos la idea del contrato social, que nació en la mente de Thomas Hobbes. Este autor propuso que las personas cedieran sus derechos al Estado a cambio de la protección contra amenazas externas e internas, lo que hacía de la seguridad la primera responsabilidad del Estado moderno. El planteamiento fue pulido por Locke y Rousseau, incluyendo otros elementos para la configuración del Estado, sin dejar de lado esta idea central. No obstante, para garantizar la seguridad en un país, era necesario que el Estado tuviera el monopolio legítimo de la violencia, lo que —en palabras del teórico Max Weber— configuraría la verdadera fortaleza del Estado, en cumplimiento del contrato social, para brindarle orden a un país. Esto implica que, según la teoría política más fundamental, la función principal de cualquier Estado es garantizar la seguridad y el orden.

Lamentablemente, esta noción tan básica de la ciencia política no se cumple, especialmente en Latinoamérica y, por supuesto, Colombia no es la excepción, ya que —desde el inicio de nuestra historia republicana— hemos fallado en mantener el monopolio legítimo de la violencia y el orden en el territorio nacional. No obstante, esta problemática ha presentado un incremento sustancial con la llegada de Gustavo Petro al poder, quien ha sido un personaje defensor de la escoria criminal y artífice de la fallida paz total.

Justamente, hace unos días se confirmó la insuficiencia de recursos con los que cuenta la Fuerza Pública para enfrentar la amenaza insurgente en el Catatumbo, lo que significa que no tiene ni los medios logísticos ni tecnológicos para combatir la amenaza. Un informe de MinDefensa, confirma una grave desfinanciación en la Fuerza Aérea y en la Policía Nacional, lo que implica que la realización de operaciones conjuntas de tierra y aire se verán afectadas por la falta de recursos para el mantenimiento de los vehículos de la FAC y por un recorte de un 30 % del presupuesto de la Policía.

Ahora bien, lo que resulta indignante es que el Gobierno no tiene dinero para la Fuerza Pública, pero sí para darle 2.000 millones de pesos al cantante Residente y renovar el contrato del bailarín Nerú, por casi 70 millones de pesos, que provienen de nuestros impuestos. Por último, los testimonios de los gobernadores del Tolima y Norte de Santander nos dan un panorama aterrador de zonas donde no hay presencia estatal, marcadas por el crecimiento de grupos terroristas violentos como el ELN.

En ese sentido, restablecer el orden en un país históricamente violento en un parpadeo es una tarea casi imposible, sin mencionar que podrían sacrificarse algunos de nuestros derechos constitucionales, por lo cual es imperativo realizar un plan de política pública a corto, mediano y largo plazo para así respetar nuestro ordenamiento jurídico y traer orden al país.

En la primera etapa, es importante realizar un fortalecimiento de nuestra Fuerza Pública, reintegrar a muchos de los generales y coroneles dados de baja por Petro por cuestiones ideológicas y redirigir más recursos a la seguridad. Por otra parte, es necesario realizar una militarización transicional en las fronteras municipales de las zonas rojas del país, cumpliendo con los protocolos de protección de los derechos humanos y ejerciendo una presencia institucional y pacífica con civiles.

A mediano plazo, es importante aprobar en el Congreso una reforma a la justicia que tenga como propósito aliviar el tráfico judicial, para que así los procesos penales no queden impunes, modificando el sistema de procedimiento penal para hacerlo más efectivo e incrementar el número de sentencias condenatorias.

En cuanto al largo plazo, es importante fortalecer la llamada comunidad política descrita por Huntington, quien considera que es uno de los elementos más importantes para que un Estado sea estable. En este sentido, la inclusión de políticas sociales y de educación resulta ser una herramienta crucial para reducir la criminalidad, disminuyendo así la influencia de la cultura criminal y la falta de oportunidades.

En conclusión, es crucial enfatizar que no hay Estado fuerte sin orden. Lamentablemente, esta situación se ha visto exacerbada por la negligencia del actual presidente y el legado de nuestro pasado violento. Por lo que Colombia tiene un largo recorrido para fortalecer sus instituciones de justicia y policivas para así finiquitar este largo conflicto fratricida que tanto daño le ha hecho al país.