Sin autoridad moral

Eduardo Montealegre ha conquistado a lo largo de los años un bien ganado descrédito. Nadie olvida la condecoración que en 2015 le otorgó, siendo fiscal general de la nación, a Natalia Springer, una ilustre desconocida a la cual Montealegre le soltó centenares de millones de pesos en contratos dizque para investigar patrones de macrocriminalidad de las Farc en relación con el secuestro durante medio siglo. Una farsa. Darle la medalla que lleva el nombre de Enrique Low Murtra, eximio, pulcro y honrado jurista, fue una infamia. Solo el senador Roy Barreras defendió ese adefesio: “Cada quien es libre de condecorar a quien le tiene afecto”. Por algo el senador se llama Roy Barreras Montealegre.

En los cuatro años en que fue fiscal general, entre 2012 y 2016, Montealegre logró concitar en su contra la aversión general, por el cinismo que desplegó, por privatizar el cargo para sus caprichos y por ejercer el poder con abuso arrogante. En materia de rechazo visceral, solamente lo aventajó en su época el eximio troglodita Alejandro Ordóñez.

En el Gobierno de Petro, aun los que antes tenían prestigio, se desprestigian. A la vista está el caso de Iván Velásquez, funcionario respetado hasta su nombramiento como ministro de Defensa y hoy desvalorizado ante la opinión pública. Ya no es posible que Montealegre se desprestigie más, aunque podría nombrar viceministra de Justicia a Natalia Springer, de sus afectos, para seguir ascendiendo en la escala del desdoro.

Mucho menos conocida es la persecución que Montealegre desató como fiscal general contra una persona inocente, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, exdirector de Prosperidad Social, exdirector del Sena y exembajador en la OEA, a quien Montealegre y los medios de comunicación vilipendiaron y persiguieron. La justicia lo absolvió en primera y en segunda instancia, pero no se pueden olvidar las falsas acusaciones que contra él lanzó repetidamente Montealegre.

En 2014, Montealegre armó un sainete con apoyo de periodistas. Afirmó que un hacker de la campaña de Óscar Iván Zuluaga estaba saboteando las conversaciones de paz en La Habana. Era falso. Montealegre dijo que el hacker era ingeniero, cuando no era cierto; dijo que se encontraron sofisticados equipos, cuando solo había computadores de escritorio y un equipo de Claro para conectar a la televisión.

Públicamente, Montealegre mencionó a Hoyos Aristizábal como cómplice del supuesto sabotaje contra La Habana. No había tal, pero Montealegre quería favorecer en las elecciones a Juan Manuel Santos.

La Fiscalía acusó a Hoyos como “autor intelectual” de la supuesta desestabilización de las negociaciones de paz en La Habana a cargo del hacker Andrés Sepúlveda. La Fiscalía agregó que la información de inteligencia comprada por el hacker por 8 millones de pesos la recibió Hoyos. Nada de eso se demostró.

Cinco delitos le imputó la Fiscalía a Hoyos Aristizábal. Se los imputó, pero sin pruebas. En 2019, el magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, absolvió definitivamente al falsamente acusado.

La patraña fue vergonzosa. La sentencia afirma: “La judicatura no puede pasar inadvertida la falta de atención y de diligencia de la representante del ente acusador”. El magistrado acusó a la Fiscalía de presentar una imputación falsa: “El ente acusador aseveró que el concierto para delinquir y las demás conductas acusadas a Hoyos Aristizábal se demostraron con la declaración del director del cuerpo técnico de investigación Danny Julián Quintana Torres, lo cual no es cierto”. Y por si lo anterior fuera poco: “El tribunal no advierte la participación de Hoyos Aristizábal en la pregonada organización delincuencial que con vocación de permanencia en el tiempo estuviera encaminada a cometer múltiples e indeterminados punibles, es decir, no se logró probar que Andrés Fernando Sepúlveda Ardila y el aquí acusado, en efecto, se hubieran concertado para acabar o atacar ilícitamente el proceso de paz que se llevaba en La Habana, Cuba, en el año 2014”. Todavía más aberrante fue esta revelación del fallo: las pruebas no permiten establecer la participación de Hoyos en las conductas investigadas, pues las posibles actividades ilícitas “se concretaron en una persona distinta al procesado”.

Esta sentencia demostró la existencia de un atentado orquestado por Montealegre contra una persona inocente como Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. Pero además sirve para probar que todos los ciudadanos fuimos vilmente engañados por Montealegre, porque el fiscal general presentó como verdaderos unos hechos que no eran ciertos.