OpiNión
Ruth Aralí Martínez Vega, MD, MSc, Ph. D.
El descrédito de la doctora es irrefutable. Nadie puede ser profesor en Bucaramanga y al mismo tiempo dirigir un laboratorio en La Guajira.
Ruth Aralí Martínez Vega es médica, realizó un magíster en Epidemiología y tiene un doctorado, títulos que le otorgó en Bucaramanga la Universidad Industrial de Santander (UIS). Es autora de muchas publicaciones científicas sobre el dengue. Pero a su hoja de vida le falta otra abreviatura tan válida como las tres que ella incluye en su currículum: CD, científica deshonesta.
Por años figuró como miembro de la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis), una entidad que existe solo en el papel. Asistió en 2013 a una reunión en la casa de la mamá de su colega, amigo y fundador de Olfis, Fredi Alexander Díaz Quijano. Esa era la sede de Olfis, la supuesta organización latinoamericana. La participación en una entidad de fachada es un acto deshonesto. Ningún científico honorable aceptaría formar parte de una entidad que solo tiene un largo nombre, pero que carece de planta física, laboratorios, científicos con bata blanca, y capacidad financiera. Ningún científico participaría en una junta directiva en la que tres personas están ahí por nepotismo: el papá de Fredi Díaz, que fue alcalde de Zapatoca; el tío, que es vocal de un hogar para ancianos en Zapatoca; y el hermano, que tiene una IPS en Zapatoca.
En 2014, Fredi Díaz firmó a nombre de Olfis un contrato por 18.000 millones de pesos con el gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, para reducir la incidencia del dengue en el departamento. El contrato no se cumplió. Olfis recibió más de 4.000 millones de pesos. El gobernador está condenado a 15 años de prisión por este enorme desfalco contra las regalías. Fredi Díaz es prófugo de la justicia, pero lo encubre la Universidad de São Paulo, donde es profesor.
La doctora Martínez Vega figura como investigadora del proyecto. Firmó un contrato de trabajo con Olfis durante 13 meses en 2015 y 2016 que la obligaba a permanecer en Riohacha y a trabajar 48 horas semanales. El contrato contemplaba una remuneración de 121 millones de pesos.
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Sin embargo, antes de suscribir el contrato, la epidemióloga había firmado con la UIS un contrato como profesora de la Escuela de Microbiología, de medio tiempo. La sede de la UIS está en Bucaramanga. Era imposible dictar clases en Bucaramanga y trabajar en Riohacha. Firmar el contrato con Olfis fue un acto deshonesto. El trabajo en la UIS sí lo realizó, de lo contrario la habrían despedido y consta que ella se retiró en 2021 de la UIS por renuncia voluntaria.
La doctora Martínez Vega sostiene que el contrato en La Guajira no contemplaba “un horario predeterminado diario, semanal o mensual”, pues era “un contrato de obra o labor”. El contrato habla específicamente de 48 horas semanales. Para ella se trataba de “una labor de tipo intelectual que no se mide en jornadas ordinarias”. Ser profesora y ser investigadora es una labor intelectual, sin lugar a dudas, pero es imposible creerle a la epidemióloga cuando afirma: “Nunca existió alteración de mi disponibilidad como docente de medio tiempo en la UIS durante el tiempo en que estuve vinculada en mi labor alterna”.
Fredi Díaz manifestó a las autoridades de La Guajira, según informe de la Secretaría de Salud del departamento, que “el laboratorio para diagnóstico en La Guajira estará dirigido por la Dra. Ruth Aralí Martínez-Vega, doctora en Ciencias de la Salud Pública-Enfermedades Infecciosas”. El descrédito de la doctora es irrefutable. Nadie puede ser profesor en Bucaramanga y al mismo tiempo dirigir un laboratorio en La Guajira.
Olfis gastó 941 millones de pesos en comprar los equipos para el laboratorio, incluyendo 143 millones de pesos en un ultracongelador de -86 grados centígrados. La empresa de Medellín que los vendió no los despachó a La Guajira, sino a Bucaramanga, a la sede de Olfis, a la Avenida Los Búcaros 2-108, la casa de la mamá de Fredi Díaz. Hoy nadie sabe dónde están esos equipos, pero la doctora Martínez Vega es defensora de Olfis. Hace unos días escribió que la justicia “está evaluando en este momento las pretensiones de Olfis hacia la nación por potenciales daños patrimoniales y morales”.
El exgobernador Ballesteros fue condenado por la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, de la Corte Suprema de Justicia, pues “celebró el referido convenio sin verificar que la Olfis carecía de reconocida idoneidad para ejecutarlo; es decir, que no contaba con la experiencia ni con la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria”.
