Respaldo total al Consejo de Estado

La fortaleza de nuestra democracia depende directamente de la solidez de nuestras instituciones, del respeto a la Constitución y a las leyes. Cuando estas son amenazadas, maltratadas, o cuando su competencia es desconocida, la democracia se debilita, lo cual conviene solamente a los amigos de las dictaduras.

En Colombia estamos presenciando un momento histórico sumamente convulso, no solo por la compleja situación de orden público, sino por el resquebrajamiento que de manera premeditada y calculada está haciendo el Gobierno nacional de instituciones tan importantes como el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Poco antes de escribir esta columna, me encontraba en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, cuando leí con asombro en un grupo de WhatsApp el siguiente titular: “Otro decretazo de Gustavo Petro: busca que las tutelas contra él y su gobierno no las revise exclusivamente el Consejo de Estado”.

Pasé entonces de la dicha de contemplar el arte, la belleza plasmada en un lienzo y todo lo bueno que este encarna, a una sensación de repudio y malestar por el irrespeto constante al que el Ejecutivo somete a instituciones tan importantes, pilar de nuestra democracia, como lo es el Consejo de Estado.

Aterrada, empecé a llamar a varios colegas para saber qué pensaban sobre este decreto. Uno de ellos, Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, me manifestó que esta medida dictada desde el Ejecutivo era ampliamente contraria a la ley. Asimismo, me recordó el origen del Consejo de Estado, el cual fue fundado por el libertador Simón Bolívar, no solamente como órgano jurisdiccional, sino muy especialmente como un organismo de consulta del Ejecutivo, en 1817.

Luego de oír al doctor Herrera, me quedó claro que aquellos que hoy quieren apropiarse de las banderas de Bolívar, que exhiben en la plaza pública su espada, son los mismos que pretenden degradar su obra, al punto de querer anularla.

Asimismo, consulté a expresidentes del Consejo de Estado, quienes de manera clara y expresa me manifestaron que una decisión de este calado se salía del marco constitucional vigente. De hecho, uno de ellos, que quiso mantener su nombre en reserva, me expresó con claridad que es un asunto de competencia judicial, el cual es inmodificable.

De acuerdo con los artículos 228 y 229 de la Constitución, las competencias de los jueces están definidas por ley. Un decreto reglamentario no tiene la jerarquía ni la fuerza normativa para modificar el reparto de tutelas.

Otra fuente consultada me manifestó que consideraba esta era “una vendetta contra el Consejo de Estado, por la decisión que tomo en contra del decretazo”. Esa también es una lectura, en mi parecer, válida. El Gobierno nacional actúa como una organización de esas cuyos cabecillas saca de las cárceles para ubicarlos en tarimas al lado del presidente, a su nivel.

Hoy, más que nunca, debemos respaldar como ciudadanos a una entidad tan importante para nuestra democracia como lo es el Consejo de Estado. Su majestad, historia y grandeza así lo ameritan. Espero que los organismos internacionales de la justicia y de los derechos humanos, de manera urgente, tomen una postura y condenen este hecho.