Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia fueron establecidas desde 1822, cuando fue reconocida la Gran Colombia. Han evolucionado de una relación de dependencia comercial a una alianza estratégica enfocada en la seguridad, el comercio y la lucha contra el narcotráfico.
La intervención de Estados Unidos en la separación de Panamá, en 1903, generó grandes tensiones entre las dos naciones y afectó seriamente la posición geopolítica de Colombia en el mundo. En 1920, el presidente Marco Fidel Suárez estableció la doctrina de mirar al norte (Estados Unidos) como referente económico y político. En 1961, bajo el gobierno de John F. Kennedy, se estableció la Alianza para el Progreso, fortaleciendo la cooperación económica y la lucha anticomunista. En el año 2000, se diseñó el Plan Colombia para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad; luego evolucionaría en una cooperación para la implementación de los acuerdos de paz. En 2012, se firmó el tratado de libre comercio, convirtiéndose Colombia en un aliado principal en la región.
Según Amcham, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones a ese país ascendieron a USD 13.498,8 millones, equivalentes al 30 % de las ventas totales. Hasta octubre de 2025, 3.110 empresas han realizado exportaciones a ese país. Alrededor del 70 % de las importaciones desde Estados Unidos son bienes que no produce Colombia. Hasta el tercer trimestre de 2025, Estados Unidos es el principal inversor histórico en Colombia con más de USD 3.375 millones, que representan el 37 % de las inversiones en ese periodo. Estados Unidos es el principal emisor de remesas; equivalen al 50 % del total. Entre enero y octubre, 974.783 estadounidenses visitaron el país, lo que equivale al 26 % de los visitantes. En fin, Colombia ha sido el mayor receptor de asistencia económica de Estados Unidos en el hemisferio occidental en los últimos 50 años.
La llegada de Gustavo Petro a la presidencia implicó un giro en las relaciones con Estados Unidos. El crecimiento de hectáreas sembradas de coca, el señalamiento de Donald Trump como cómplice del genocidio en Gaza, calificar de secuestro la captura de Nicolás Maduro, ilegítimo gobernante de Venezuela, e impedir el aterrizaje de aeronaves con deportados por Estados Unidos, marcaron sin duda una oportunidad para el presidente colombiano de adquirir notoriedad global con sus posiciones críticas frente a la primera potencia mundial.
La reacción del Gobierno Trump no se hizo esperar: señaló a Petro de enfermo y drogadicto, calificó de ineficiente la lucha contra las drogas en Colombia, que afecta seriamente a Estados Unidos, descertificó al país en esta labor y condicionó las ayudas económicas. Además, incluyó a Petro, a su esposa, a su hijo y a su ministro del Interior en la llamada lista Clinton, que prohíbe operaciones con entidades financieras de ese país y aliadas.
La euforia por la globalización de principios de siglo se ha desvanecido: la negativa de Estados Unidos a ser el policía del mundo y defender sus propios intereses, el debilitamiento de la OTAN y el ocaso de Europa, el ascenso económico de China y la India, así como las ambiciones territoriales de Rusia, han cambiado el panorama geopolítico hacia el reagrupamiento de Estados alrededor de las potencias.
En este nuevo entorno, Estados Unidos ha reformulado la doctrina Monroe en el sentido de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental; de ello dan cuenta la intervención en Venezuela y el bombardeo de lanchas supuestamente usadas por el narcotráfico.
Más allá de la retórica de las declaraciones oficiales y de las imágenes del encuentro Trump-Petro del pasado 3 de febrero, lo cierto es que el presidente Petro ha quedado reubicado en la nueva doctrina Monroe o Donroe.
