JORGE HUMBERTO BOTERO

OPINIÓN

Refundación de la Patria 2.0

El fin perseguido con la consulta popular es revolucionario.

Jorge Humberto Botero
15 de abril de 2025

Como la memoria es flaca, conviene recordar el Pacto de Ralito, firmado en 2001 entre sectores políticos de derecha y grupos armados; su objetivo consistía en “refundar la patria y establecer un nuevo contrato social”. Mucha agua ha corrido bajo el puente, pero estamos regresando a ese mismo propósito, esta vez promovido por el Gobierno.

Ahora la ideología que lo inspira es comunista y el objetivo es una revolución social para liberar al pueblo de la opresión de las oligarquías.

El camino elegido por Petro para desafiar a un parlamento que no “obedece” al pueblo —o sea a él mismo— es la consulta popular, un mecanismo previsto en la Constitución para resolver un enfrentamiento político sobre un tema concreto que el presidente considere trascendental. Es evidente que el camino elegido es inadecuado.

Fue esgrimido para coaccionar una comisión senatorial el día en que debería decidir sobre una ley propuesta por el Gobierno. Como la votación le fue adversa, introdujo un recurso ante la plenaria del Senado que aún no ha sido decidido. Si llegara a prosperar, la reforma continuaría siendo debatida en otra comisión. Finalmente, las mayorías decidirán; tal es la regla democrática.

El objetivo no tiene que ver con una pieza de legislación. Si ese camino fuera correcto, cada que la agenda legislativa del Gobierno tenga un tropiezo, sería necesario convocar al pueblo para que, en comicios universales, dirima el conflicto. Es lo que puede suceder con la reforma a la salud. El caos sería absoluto.

La estrategia es otra. En numerosas ocasiones, el presidente se ha declarado revolucionario. Esta afirmación implica que, como consecuencia de su injusticia radical, es necesario sustituir por otro el modelo político y social.

 El problema es que casi todo lo que considera abominable está anclado en el sistema jurídico. Esta identidad tiene consecuencias profundas. Como no es posible ser leal, al mismo tiempo, a la revolución y al Estado de derecho, es inexorable optar y nuestro presidente ya lo hizo.

Con frecuencia habla de convocatorias al pueblo para que, sin restricción alguna, defina su destino. En ocasiones, se ocupa de debilitar la institucionalidad imperante, incluidos el Congreso, los jueces, el Banco de la República y la prensa. A esto añádale la teoría del “golpe blando” empleada para deslegitimar cursos de acción que se adelantan de conformidad con la normatividad vigente.

Los ruidosos conflictos que suscita el presidente, son posibles porque la democracia es el único sistema político que reconoce a sus adversarios, incluso cuando han llegado al Gobierno por medios legales, la posibilidad de minar desde adentro las instituciones.

En La quiebra de las democracias, Juan Linz escribe: “No es casualidad que los que se indignan ante la injusticia del orden social estén a menudo dispuestos a arriesgar la estabilidad de la democracia, que para ellos tiene menos valor que el cambio social. Esta es la fuente de la ambivalencia de muchos socialistas, especialmente marxistas, frente a la democracia política… El crítico radical del orden social existente… puede aducir que la democracia, si no es válida a corto plazo para producir un cambio social decisivo, no merece su lealtad”.

Abundan los ejemplos. El control hegemónico de las autoridades republicanas, logrado en España por los comunistas, es el antecedente directo del levantamiento militar de 1936 y de la larga dictadura franquista. Incapaz de gobernar bajo las reglas de la democracia liberal, Salvador Allende —el Petro chileno—, en 1973, fraguó con sus conmilitones un golpe de Estado. Conocidos sus objetivos, sus adversarios se anticiparon a aplicarle esa misma medicina. La dictadura de Pinochet duró varias décadas.

Sin embargo, a veces los camaradas tienen éxito en su afán destructivo. Envalentonado por el indulto que le concedió el presidente Caldera por su intento de golpe de 1992, Chávez optó por derruir el sistema usando medios jurídicos.

Ganó las elecciones en 1998 y, al posesionarse, juró cumplir sus deberes frente a “esta moribunda Constitución”, la que, en efecto, hizo perecer. Ese fue el comienzo del socialismo del siglo XXI. Sus credenciales democráticas son nulas. Y ahí va.

Es necesario tener claro que, más que buscar apoyo popular para unas reformas a la legislación laboral, el objetivo gubernamental consiste en movilizar a sus militantes contra el sistema político (la causa revolucionaria primordial) o, al menos, para potenciar su caudal electoral de cara a los comicios del año entrante.

Ese clima confrontacional puede generar graves actos de violencia. El llamado estallido social, que tantos daños causó en años recientes, puede reactivarse. Sus líderes deben ser los mismos de entonces, solo que esta vez estarán liderados desde el entorno presidencial.

Es en este contexto complejísimo que el Senado tendrá que decidir sobre la consulta popular. Puede rechazar la propuesta del Gobierno por razones como las aquí mencionadas, que son plenamente coincidentes con las expuestas por el cardenal Rueda el pasado domingo.

Está a su alcance también aceptar el desafío bajo precisas condiciones, tales como estás: (i) la creación de un sistema de veedurías adecuado para garantizar la lealtad en la competencia, que debería estar a cargo de la Procuraduría y un organismo internacional; (ii) la definición de cuáles serían los únicos funcionarios del Gobierno autorizados para hacer campaña; (iii) la adopción de mecanismos de acceso de los sectores de oposición a los medios de comunicación estatal; (iv) la exclusión de nuevos días cívicos; (v) el establecimiento de un canal de diálogo permanente del Gobierno, el Senado y la sociedad civil sobre el transcurso del proceso; (vi) la presentación de un plan para financiar los gastos extraordinarios que la consulta demande y las consecuencias que hacerlo tendría para otros renglones del gasto público.

Como el actual Gobierno carece de credibilidad, sería necesario establecer un mecanismo vinculante, expedido antes de la aprobación del Senado, sobre los compromisos que aquel asuma.

Briznas poéticas: El haiku es la poesía minimalista del Japón. Va un ejemplo de Kabayashi Issa: “La mariposa revolotea / como si desesperara / en este mundo”. Y este otro de Yamagushi Sodo: “Esta primavera en mi cabaña / Absolutamente nada / Absolutamente todo”.

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