Colombia enfrenta un desafío que no admite aplazamientos: recuperar el equilibrio de sus finanzas públicas sin sacrificar las posibilidades de crecimiento económico. El pasado 29 de octubre, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de rescate económico, que busca cerrar un hueco de entre 80 y 90 billones de pesos, con el que pretende corregir el deterioro fiscal mediante una combinación de reducción del gasto, mayores ingresos tributarios y estímulos a la inversión. La pregunta es inevitable: ¿quién paga la cuenta?
Nadie puede desconocer la gravedad del problema fiscal ni la necesidad de enfrentarlo. Un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recibe termina financiando sus obligaciones con deuda creciente y trasladando a las próximas generaciones el costo de sus decisiones.
Pero tampoco podemos aceptar que la respuesta habitual a los desequilibrios de las finanzas públicas sea acudir nuevamente al bolsillo de los ciudadanos. El proyecto, por ejemplo, extiende la tarifa general de IVA del 19 por ciento a algunos alimentos y amplía la base de quienes declaran renta.
El debate debería comenzar preguntando cuánto puede ahorrar el Estado sin sacrificar sus obligaciones esenciales. Porque una cosa es garantizar los derechos sociales y otra mantener estructuras burocráticas costosas, entidades con funciones duplicadas, subsidios ineficientes y gastos que no producen resultados. El tamaño del Estado no es una medida de bienestar, como tampoco lo es la magnitud de su presupuesto.
Tenemos antecedentes que vale la pena recordar. Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, con la Ley 790 de 2002, se adelantó una profunda renovación de la administración pública, mediante la fusión de ministerios, reorganización de entidades y racionalización de estructuras administrativas. Las presiones sobre el gasto continuaron, pero quedó demostrado que la organización del Estado admite decisiones de fondo, de mucho mayor calado que los ajustes marginales.
Hoy esa discusión adquiere especial importancia frente a la Misión Crecer, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Su propósito de llevar el crecimiento al 6 por ciento mediante mayor inversión, productividad y competitividad plantea una cuestión fundamental: ¿cómo estimular la economía si el esfuerzo fiscal termina reduciendo la capacidad de consumo, ahorro e inversión de quienes deben impulsar ese crecimiento?
Los impuestos son indispensables para financiar las obligaciones públicas, y una crisis fiscal también golpearía la inversión y el empleo. El reto está en encontrar un equilibrio que haga compatibles la disciplina fiscal y la expansión económica. Un ajuste que reduzca indiscriminadamente la inversión pública puede ser tan perjudicial como otro que descanse excesivamente en mayores cargas tributarias.
La experiencia europea ofrece una advertencia. Francia, con el gasto público más alto del continente, cerró 2025 con una deuda superior al 115 por ciento de su PIB. Los compromisos del Estado de bienestar requieren una economía suficientemente productiva para financiarlos. Pensiones, salud, educación y protección social son responsabilidades permanentes, cuyo costo no desaparece porque se conviertan en derechos o promesas políticas. Cuando las obligaciones crecen más rápido que los recursos necesarios para sostenerlas, la presión sobre los contribuyentes y las finanzas públicas termina aumentando.
Colombia debe aprender esa lección sin desconocer sus propias circunstancias. Cerca del 55 por ciento de los ocupados –más de 13 millones de personas– permanece en la informalidad, la productividad continúa siendo insuficiente y las necesidades sociales son enormes. Por eso resulta indispensable distinguir entre el gasto que genera bienestar y oportunidades, de aquel que simplemente sostiene la burocracia o perpetúa ineficiencias.
La austeridad inteligente significa precisamente eso: eliminar duplicidades, combatir el desperdicio, revisar subsidios mal focalizados –el propio proyecto identifica 260 partidas de transferencias y más de 50 fondos públicos por examinar– y reducir gastos improductivos, mientras se protegen la seguridad, los servicios esenciales y la inversión pública que eleva la productividad. No se trata de debilitar al Estado, sino de lograr que cumpla mejor sus obligaciones con los recursos disponibles.
Una cosa es redistribuir ingresos y otra crear las condiciones para que esos ingresos crezcan. Ambas responsabilidades pueden complementarse, pero ninguna política de redistribución sustituye la necesidad de producir riqueza, generar empleo formal y atraer inversión. La prosperidad de una sociedad no se mide por cuánto gasta su Gobierno, sino también por las oportunidades que tienen sus ciudadanos para trabajar, emprender y progresar.
El Congreso comienza ahora la discusión de una reforma que tendrá consecuencias importantes sobre las finanzas públicas y la economía. Habrá tiempo para examinar sus disposiciones, evaluar sus efectos y discutir alternativas. Aun así, desde el principio debe quedar planteada una cuestión esencial: ¿por qué no comenzar por una reforma administrativa profunda antes de trasladar nuevas cargas a los contribuyentes?
Porque la pregunta no es solamente quién paga la cuenta, sino qué estamos pagando y si ese gasto contribuye realmente al progreso de Colombia.