Prisioneros de su pasado

Una pregunta que siempre debemos hacernos quienes vivimos en Colombia, y posiblemente los que viven en otros países, es: ¿por qué razón, cuando ya ha transcurrido una cuarta parte del siglo XXI, Colombia continúa prisionera de los remolinos de la violencia, del narcotráfico y de su principal aliado, que es la corrupción?

Sin pretender tener la respuesta mágica a dicha pregunta, una posible explicación puede estar en que las personas que desafortunadamente están metidas en las diversas actividades de los grupos armados ilegales, del narcotráfico y la corrupción, poco a poco, se han ido quedando prisioneras de su pasado y que el Estado, como todas las personas que vivimos legalmente, no hemos tenido la suficiente imaginación para procurar soluciones diferentes a las que se han venido ensayando en los últimos 75 años y que, en mi opinión, muy personal, no han servido para nada, a pesar de la muerte violenta de miles de personas y de los miles de billones de pesos gastados, entre ellos, los de la cooperación internacional en los propósitos de lograr la paz y la reconciliación nacional.

Como el Gobierno, que encabeza el presidente Petro, tampoco lo ha logrado con su política de paz total, hoy tenemos que reconocer que la situación de Colombia en materia de seguridad y convivencia pacífica está peor que antes, tanto en la parte urbana, como en la rural, por la irracionalidad principalmente de los grupos guerrilleros, cuyos dirigentes se han quedado atrapados en el pasado.

Esa dura realidad es la que tendrán que enfrentar las personas que salgan elegidas como presidente y vicepresidente de la República el próximo 31 de mayo de 2026. Por lo tanto, es apenas natural que quienes aspiren a esos cargos tienen el deber democrático de informarnos, en términos generales, cómo van a realizar su estrategia, de manera que nos permitan romper esquemas del pasado, incluyendo las relaciones con la comunidad internacional, y para que conjuntamente con los diversos sectores urbanos y rurales de la población —y de nuestras fuerzas militares y de policía— le demos paso a la creatividad, a fin de encontrar los caminos democráticos que nos permitan salir de los remolinos de la violencia, del narcotráfico, de otras actividades ilegales, de la impunidad, de la corrupción, y de paso contribuir a que miles de personas que están relacionadas con actividades ilegales se atrevan a romper las cadenas que las tienen prisioneras del pasado. Pero, ante todo, para que la gente buena que no está metida en actividades ilegales colabore decididamente con el Estado en la búsqueda de la justicia social, la paz y la reconciliación nacional.

Leyendo el libro de Gilberto Rodríguez Orejuela, que murió en una cárcel de Estados Unidos después de estar detenido por más de veinte años por actividades relacionadas con el narcotráfico, como él mismo lo reconoce, una pregunta surge: ¿de qué le valieron tantos miles de millones de dólares acumulados para no haber podido disfrutar tranquilamente al final de sus días ni siquiera de una pequeña parte de los mismos junto con sus hijos y demás familiares?

La respuesta no es sencilla. Son muchos los factores y las razones que deberíamos analizar para encontrar los caminos que nos puedan llevar a superar esta problemática. Pero es urgente y necesario hacerlo.

En esa noble y urgente tarea que necesitamos realizar de manera conjunta el Estado y los diversos sectores de la población, debemos tener como norte ético el saber “unirnos en la diferencia”, y sobre todo entender que en esa lucha necesitamos mucha creatividad y generosidad de los legales a fin de contribuir al logro de una Colombia mejor, justa, en paz y reconciliada.

Reconozco que lograrlo no es tarea fácil, pero si los legales —que somos más que los ilegales— sabemos unimos en la diferencia y enseñamos con nuestro ejemplo de vida, podemos hacer posible lo imposible, y contribuir para que las personas que están metidas en actividades ilegales se decidan a no seguir prisioneras de su pasado en Colombia.