Opinión
Petro in-Maduro: un riesgo para la seguridad nacional
Colombia enfrenta un incremento sostenido de la violencia, con líderes sociales, campesinos y ciudadanos sometidos a secuestros, asesinatos y extorsiones.
Los recientes pronunciamientos y decisiones del presidente Gustavo Petro han situado, nuevamente, a Colombia en un escenario de alta tensión mundial. En un momento histórico en el que la comunidad internacional observa con preocupación el grave deterioro institucional de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, el jefe de Estado colombiano ha optado por respaldar públicamente a dicho gobierno, generando cuestionamientos sobre la orientación y legitimidad de la política exterior nacional.
Venezuela atraviesa una de las etapas más críticas de su historia republicana. Lo que en su momento fue un Estado con proyección democrática y perspectivas de prosperidad, se encuentra hoy sometido a un régimen autoritario que concentra el poder, restringe las libertades fundamentales y utiliza los recursos de la Nación para fines particulares. Nicolás Maduro, en ejercicio del poder, ha consolidado una estructura vinculada a delitos transnacionales, en particular al narcotráfico.
El Gobierno de Estados Unidos ha sido contundente al ofrecer, desde marzo de 2020, una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, cifra que en enero de 2025 aumentó a 25 millones y que, actualmente, alcanza los 50 millones de dólares. La Casa Blanca sostiene que el dictador venezolano es uno de los mayores narcotraficantes del mundo.
En este contexto, mientras diversas naciones condenan y aíslan diplomáticamente a Maduro, el presidente Petro ha manifestado su disposición de emplear las Fuerzas Militares de Colombia para “protegerlo” de eventuales amenazas, lo que —de materializarse— podría implicar una subordinación de las capacidades de defensa nacional a intereses ajenos a la soberanía colombiana. Esta postura, lejos de fortalecer la imagen de Colombia como un Estado comprometido con la legalidad internacional, podría interpretarse como una complicidad política y material con un régimen señalado por graves violaciones a los derechos humanos y por la comisión de delitos internacionales.
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Es importante recordar que el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, ostenta también la calidad de comandante supremo de las Fuerzas Militares; sin embargo, dicho mando se encuentra limitado por la Constitución. El artículo 217 de la Carta Política establece que la misión esencial de la Fuerza Pública es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, no la custodia de mandatarios extranjeros con investigaciones penales internacionales.
Colombia enfrenta un incremento sostenido de la violencia, con líderes sociales, campesinos y ciudadanos sometidos a secuestros, asesinatos y extorsiones. Destinar los recursos militares para la protección de un narcotraficante como Maduro no solo constituye una decisión de alto costo político, sino que configura un claro desvío de poder, incumpliendo los deberes constitucionales impuestos al Ejecutivo.
La política exterior debe ser un instrumento para la defensa de los intereses de la Nación y no un medio para blindar regímenes delincuenciales manchados por el narcotráfico. El respaldo incondicional al gobierno de Maduro no es un gesto solidario: es una clara burla a los principios del derecho internacional, especialmente a aquellos que proscriben la protección de personas investigadas por delitos graves que atentan contra la paz y la seguridad internacionales. Esto demuestra, a todas luces, los caprichos de un presidente in-Maduro.
Adenda: A María Claudia y Alejandro, a don Miguel Uribe Londoño, a toda la familia, amigos, copartidarios, seguidores y a todo el pueblo colombiano, mis sentidas condolencias. En estos momentos difíciles que afronta el país, y especialmente la familia de Miguel, elevamos una oración por el consuelo y la paz de sus corazones. Honramos la vida de Miguel con la certeza de que escribió un legado para que Colombia pueda salir de esta espiral de violencia y reconduzca sus sendas hacia la consecución del país que soñó Miguel y con el que soñamos todos.
