Petro, el dictador

Gustavo Petro ha cruzado el límite y va escalando sin frenos. Su intención de imponer por decreto una consulta popular ya rechazada por el Senado no es un acto de terquedad política ni un simple pulso institucional. Es, sin titubeos, un golpe de Estado, una violación abierta al orden constitucional y una amenaza directa a las elecciones de 2026. Y lo peor: lo hace mientras aún controla las partes más claves del poder. El que tanto alimentó la narrativa de que le quieren hacer un golpe de Estado, hoy es quien intenta ejecutarlo contra la Constitución y la democracia. Pasó de advertir un golpe a protagonizarlo, con cinismo y total desprecio por el orden institucional.

El Congreso de la República, elegido democráticamente por los ciudadanos en las urnas, negó la consulta el pasado 14 de mayo, con 49 votos en contra y 47 a favor. La derrota fue clara y legítima. Sin embargo, Petro —como todo autócrata que desprecia los límites— no acepta el resultado y ahora pretende pasarse por la faja la Constitución con un decreto que le permita imponer su voluntad bajo el disfraz de “la voluntad del pueblo”.

Esto no es solo una violación del artículo 377 de la Constitución —que exige la aprobación previa del Congreso para cualquier consulta popular sobre reformas—, sino también un intento deliberado de pisotear el orden institucional y socavar la democracia, lo que implica un desafío directo a la separación de poderes. Si la Corte Constitucional llega a avalar semejante despropósito (que no creo que lo haga), no solo se convertiría en cómplice del Ejecutivo, sino que traicionaría su deber de salvaguardar la Constitución, rompería el equilibrio institucional del país y legitimaría el avance de una dictadura dispuesta a reventar la democracia desde dentro.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, hizo lo que las instituciones deben hacer en tiempos de amenaza: certificó formalmente ante el registrador nacional que la consulta fue rechazada, cerrando la puerta legal a cualquier intento de revivirla. Un acto de defensa constitucional que marca territorio y advierte lo evidente: imponer por decreto lo que el Congreso ya hundió es ilegal. Punto.

Petro lo sabe. Y por eso, al ver cerrada la vía institucional, ya empieza a dar indicios de su verdadero plan: una constituyente, esa vieja carta de todos los populistas latinoamericanos cuando las instituciones les resultan incómodas. Lo hará, probablemente, con el argumento de que “el pueblo está por encima de las instituciones”, el mismo libreto con el que se desmontaron repúblicas en nombre de revoluciones. Pero una asamblea constituyente no se puede convocar por capricho ni por decreto: requiere ley del Congreso, control previo de la Corte Constitucional y referendo ciudadano.

¿Tiene fuerza Petro, incluso estando fracturado internamente, para empujar esta locura? Sí. Y esa es la verdadera amenaza. Aunque enfrenta denuncias, escándalos de corrupción y pérdida de legitimidad, sigue controlando recursos públicos (tiene la chequera del Estado) y mantiene a personas de su círculo de confianza en cargos clave. Él y su alfil maquiavélico, Armando Benedetti, apuestan por la Corte Constitucional, donde creen tener mayorías, sin importarles lo que diga el Consejo de Estado, que dejó claro que el trámite de la consulta culminó con el concepto desfavorable del Senado. Sectores de la fuerza pública y órganos de control están debilitados (los dinamitó desde dentro). Y, sobre todo, cuenta con una narrativa populista peligrosa que le permite victimizarse y presionar desde la calle.

La consulta es su plan B frente al naufragio de su agenda legislativa. Y si las cortes no actúan con contundencia, Petro podría imponerla y ridiculizar al Congreso. No necesita una mayoría ciudadana ni argumentos jurídicos; solo necesita forzar la narrativa de que las instituciones están “traicionando al pueblo”. Así comienzan las autocracias. Así comenzó Chávez. Y así pretende comenzar Petro. El libreto ya fue aplicado en Venezuela, y ahí continúa atornillada la narcodictadura, en las narices de todo el mundo.

Los partidos democráticos y defensores de las libertades tienen la obligación de unirse, dejando de lado las diferencias, para defender la democracia. Las cortes deben actuar ya. No estamos frente a una pelea política más. Estamos en el punto de inflexión en que un presidente autócrata desbocado busca destruir los contrapesos del Estado para atornillarse en el poder. Petro no solo está desafiando la Constitución que juró respetar. Está desafiando la democracia misma.

Y como si hiciera falta más evidencia del caos institucional que Petro está provocando, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en un acto firme de defensa de la democracia y para evitar que Colombia termine convertida en la próxima Venezuela, interpuso una denuncia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por el posible rompimiento del orden constitucional por parte del exguerrillero. Así de grave es la situación: ya no es una advertencia interna, es un escándalo que traspasa fronteras. Petro no solo desafía las instituciones nacionales, está poniendo en juego la estabilidad democrática ante los ojos del mundo. La comunidad internacional está observante.

Petro está buscando atornillarse en el poder a como dé lugar, así ya no tenga respaldo popular ni legitimidad. ¿Por qué? Porque él y sus secuaces —empezando por Benedetti— necesitan blindarse desesperadamente. Lo que está en juego no es solo su permanencia en el poder, sino la impunidad frente a una serie de escándalos de corrupción que ya no se pueden tapar. El caso de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) es apenas la punta del iceberg: varios de sus alfiles más cercanos ya están capturados, imputados y hasta prófugos de la justicia. ¿Quién dio la orden? Caen todos los de su círculo más cercano, menos él. Y, mientras tanto, su exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, parece manejar la empresa estatal más importante del país como si fuera su finca personal, su caja menor, y con un poder sin control que no rinde cuentas ante nadie.

Pero hay más: el CNE (Consejo Nacional Electoral) tiene en sus manos información contundente sobre la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial y la violación de topes electorales. Petro lo sabe. Y por eso necesita aplastar el Congreso, imponer su consulta por decreto y abrirse paso hacia una constituyente que le permita reescribir las reglas del juego antes de que el juego lo alcance. No es democracia. Es supervivencia. Y la paga el país.

Ñapa: Me uno a las palabras de mi colega y compañero de Revista Semana Luis Carlos Vélez, en Asobancaria, al afirmar que, sin instituciones, sin división de poderes, sin libertad y sin periodismo, no hay productividad, y mucho menos país. Definitivamente, sin democracia no hay nación que se sostenga. Colombia enfrenta una amenaza real a su orden constitucional, y la respuesta no puede ser la indiferencia. Si no alzamos la voz hoy, mañana podría ser demasiado tarde.