Petro convirtió la diplomacia en refugio de prófugos

En cualquier democracia seria, un prófugo de la justicia sería un asunto de Estado. En Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, terminó convertido en un huésped de lujo, en una sede diplomática. El caso de Carlos Ramón González no es un episodio aislado: es la radiografía de un poder que se sirve de las instituciones para blindar a los suyos y torcer la justicia cuando le conviene.

González no es un fugitivo cualquiera. Fue guerrillero del M-19, mano derecha del criminal y asesino Jaime Bateman. Llegó a dirigir la inteligencia del país y conoció los secretos más sensibles del Estado. Hoy carga con una investigación por el millonario robo a la UNGRD. Según Olmedo López, exdirector de esa entidad y testigo clave, fue él quien dio la orden de saquearla para financiar la presunta compra de congresistas y así asegurar la aprobación de las nefastas reformas del gobierno. Hizo parte del cónclave.

Lo que destaparon Noticias RCN y W Radio es simplemente escandaloso. Desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025, Carlos Ramón González vivió “de gorra” en la casa oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua, sostenido con los impuestos de los colombianos. Ese espacio es exclusivo para el embajador, pero González lo ocupó como si fuera su casa, instalado con su esposa, protegido por el propio exembajador León Fredy Muñoz y respaldado por Óscar Muñoz Giraldo.

No fue solo el techo: usó un vehículo oficial de la embajada, un recurso que únicamente corresponde al embajador, y hasta lo trasladaban en él para buscar vivienda en Managua. Más grave aún, la propia embajada —según reveló Noticias RCN— tramitó ante el gobierno de Nicaragua su residencia, garantizándole permanencia legal en un país que no extradita a Colombia.

Y lo que termina por agravar aún más este escándalo es que existe una carta oficial con el logo de la embajada, fechada en septiembre de 2024, en la que el entonces embajador León Fredy Muñoz le pide a la dictadura de Ortega reconsiderar el permiso de ingreso de Carlos Ramón González para “vacacionar y descansar”. Lo que omitió decir es que González se había fugado de Colombia por el escándalo de la UNGRD.

Cuando el entramado quedó al descubierto, Muñoz intentó lavarse las manos, diciendo en entrevistas que no ayudó a fugarse al prófugo. Después sale Petro a decir que pedirá al gobierno nicaragüense que lo entregue. Hipocresía pura, si no le hubieran reventado la olla podrida, seguiría callado y cuidando a su camarada.

La pregunta es inevitable: ¿quién dio la orden de proteger y alojar, con esposa incluida, a un prófugo para que viviera como un rey en la embajada de Colombia en Nicaragua? León Fredy sabe perfectamente que no podía mover un dedo sin avisarle a su jefe. ¿Laura Sarabia, en su paso como canciller, estaba al tanto de esta operación encubierta, aunque hoy lo niegue? Y si ella lo sabía, ¿su jefe Petro también estaba enterado? Esto no se resuelve con silencios ni excusas. Aquí alguien tiene que dar la cara, porque la complicidad con un prófugo es un delito y el país no puede aceptar que la diplomacia se use como refugio de criminales.

Esto no es un error administrativo ni una confusión diplomática: es encubrimiento político, abuso de poder y uso descarado de la diplomacia como escudo para delincuentes aliados. Es transformar la representación del Estado en una tapadera para que un prófugo se burle de la justicia, mientras los colombianos financian su estadía, sus privilegios y hasta sus papeles migratorios.

El daño ya está hecho. Colombia queda exhibida como un Estado que protege a investigados por corrupción de alto nivel, que manipula su aparato diplomático para fines políticos y que manda un mensaje devastador. En el gobierno de Gustavo Petro, la justicia se dobla para los amigos y se endurece contra los adversarios.

Este caso no solo debe indignarnos, debe alarmarnos. Porque si hoy se protege a un prófugo con pasado guerrillero y vínculos directos con el poder presidencial, mañana cualquier embajada puede convertirse en guarida de fugitivos con carnet político. Y cuando un país convierte sus sedes diplomáticas en escondites de prófugos, deja de defender su soberanía para dedicarse a defender la impunidad.

Aquí no hay improvisación. Hay coordinación, cálculo y una estrategia que distorsiona la diplomacia. No la usan como un puente entre naciones, la convirtieron en un muro para encubrir y blindar a los suyos. Un muro levantado con la plata de todos los colombianos para proteger a los prófugos y sostener la impunidad.

Y que quede claro: si hoy esta olla podrida salió a la luz, es gracias a Noticias RCN y a la prensa libre que aún resiste. Por eso Petro nos persigue, porque sabe que solo la prensa independiente tiene el poder de desnudar lo que él quiere mantener en la penumbra.

Ñapa. Cuando Petro escribe en su trino que pedirá a Nicaragua que lo entregue y remata con “si reside en ese país”, en realidad le está abriendo la puerta de escape. Le da margen de tiempo para que se vuele de Nicaragua. ¿Le buscará protección en otro lado? Eso no es un lapsus: es complicidad disfrazada de gesto diplomático.