El país se enfrenta a uno de los debates electorales más polémicos de todos los tiempos. El número excesivo de candidatos presidenciales, la polarización y la desinformación producto de las redes sociales han hecho que estos meses previos a la campaña sean confusos. Pero, aunque toda la atención se concentra en el debate presidencial, las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo serán igualmente importantes.
Este Congreso que se elige será el que tramite las distintas iniciativas que pretenda llevar a cabo el nuevo Gobierno. Esto es relevante, por cuanto desde ya se sabe que el Gobierno de Gustavo Petro inscribió el comité para una asamblea nacional constituyente, que buscará cambiar la Constitución. Un Congreso mayoritariamente afín al Gobierno actual garantizará que esta iniciativa prospere y marcará un punto de no retorno en el país.
El país no parece entender la importancia de elegir un buen Congreso. El Legislativo ha sido copado por clanes políticos que se reeligen una y otra vez y por influencers, que no tienen la menor idea de qué hacen en el Congreso. Estos últimos llegan allí por su visibilidad mediática, pero la gran mayoría por la corrupción que se mueve en las regiones.
Dicen los que saben que una campaña política al Congreso vale hoy 15.000 millones de pesos si es al Senado y 10.000 millones si es a la Cámara, cifra absolutamente desfasada de los topes máximos que impone el Consejo Nacional Electoral, que habla de 132 millones para una campaña al Senado y un poco menos para Cámara. Los únicos que pueden lograr estas cifras son, la mayoría de las veces, personajes oscuros, que luego se cobran su inversión a través de contratación con gobernaciones y alcaldías.
La Fundación Pares publicó un informe sobre los candidatos cuestionados que aspiran al Congreso. Este informe evidencia que cuatro de cada diez candidatos pertenecen a clanes de poder y que persiste la “puerta giratoria” entre familiares en la política. De la larga lista de 3.144 aspirantes al Congreso, Pares identificó 195 candidatos con graves cuestionamientos. De todos ellos, elaboré un top 10 de los candidatos más cuestionados (y descarados) que quieren elegirse en el Congreso.
10. Julio Elías Chagüi. Senador en 2020, busca reelegirse por el Partido de la U. Está señalado dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de apoyar las reformas del Gobierno a cambio de contratos en Córdoba. Se le acusa de ser cercano al condenado Ñoño Elías.
9. Didier Lobo. Senador desde 2018 por Cambio Radical. Tiene 19 procesos ante la Corte Suprema, entre ellos uno por enriquecimiento ilícito. En 2020, fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en la contratación del PAE cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico. Es señalado de formar parte del clan Gnecco.
8. Berenice Bedoya. Senadora de ASI. Está señalada de negociar contratos en la UNGRD en Meta, Casanare y Risaralda. Un exmiembro de su UTL denunció que fue obligado a consignar parte de su sueldo a favor de la hija y el yerno de la senadora.
7. Juan Loreto Gómez. Representante a la Cámara por La Guajira (2022), aspira ahora al Senado por el Partido Conservador. Heredó el caudal electoral de su madre, la exsenadora María Cristina Gómez Soto. Está señalado en el escándalo de corrupción de la UNGRD al presuntamente haber recibido contratos de Invías a cambio de apoyos en el Congreso. En 2023, la Procuraduría le abrió indagación por el hallazgo de munición en el vehículo que asigna la UNP.
6. Martha Peralta Epieyú. Senadora por el Mais, llegó al Congreso por lista cerrada del Pacto Histórico. Está señalada de presunto tráfico de influencias y uso indebido de cupos indicativos para la adjudicación de contratos por más de 10.000 millones de pesos en La Guajira, a través de la UNGRD.
5. Alfredo Ape Cuello. Representante a la Cámara por el Cesar, por el Partido Conservador desde 2010. Ha sido señalado de direccionar la contratación; entre ellos, los recursos de los Ocad Paz. En los últimos días, ha sido señalado de entregar agua en Aguachica (César) con carrotanques, bajo la condición de que los ciudadanos apoyen su candidatura. De esta maniobra también forma parte Didier Lobo.
4. Olga Milena Flórez. Esposa del exsenador Musa Besaile Fayad, condenado por pagar 2.000 millones al exmagistrado Leonidas Bustos para no ser capturado. Besaile aceptó cargos por corrupción en el manejo de recursos de regalías en Córdoba. Hoy goza de libertad condicional e impulsa a su esposa al Senado.
3. John Moisés Besaile Fayad. Aspira a ser reelegido por tercera vez en el Senado por La U. Heredó la curul de su hermano Musa Besaile. Tiene un proceso ante la Corte Suprema por haber firmado una resolución falsa, cuando era secretario del Interior del gobernador Alejandro Lyons, para direccionar la contratación. También es acusado de desviar el río San Jorge para su beneficio.
2. Richard Aguilar Villa. Heredero del clan Aguilar. Es hijo del condenado por paramilitarismo Hugo Aguilar. Fue gobernador de Santander y senador por Cambio Radical. Quiere regresar al Senado, ahora por el Partido Liberal. Fue capturado en 2021 por los delitos de corrupción y concierto para delinquir, pero quedó libre por vencimiento de términos. Fue señalado de corrupción en varios contratos, entre ellos el reforzamiento del estadio de Bucaramanga. Su secretaria de Infraestructura confesó el pago de coimas, al igual que el contratista. Aguilar está a la espera de juicio.
1. Astrid Sánchez Montes de Oca. Representante a la Cámara por el Chocó del Partido de la U desde 2018. Fue senadora en 2012. Hija de Rafael Sánchez Montes de Oca, cabeza del clan político. Es hermana de Patrocinio Sánchez, exgobernador condenado por corrupción, y de Odín Sánchez, exgobernador condenado por paramilitarismo. A pesar de tantos años en el Congreso, no se conocen iniciativas relevantes de su autoría a favor del Chocó.
