Opinión
Odios que matan
No quieren que el país conozca el desastre financiero que ellos mismos generaron.
El odio del Gobierno hacia las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se transformó en una inevitable relación tóxica. Las odian, pero les toca vivir con ellas. En su desastrosa carrera por implosionarlas —a punta de desfinanciación— tuvo que pasar a controlarlas a la brava, sin ninguna perspectiva, y ahora, con sus nuevos decretos, terminó por aceptarlas, intentando llevarlas a un modelo que parece moverse por el borde del precipicio. Ya no puede vivir sin ellas, pero tampoco tiene idea de hasta dónde quiere llegar.
El problema son los años de retórica y palabrería que han acompañado a la izquierda colombiana en relación con el sistema de salud que creó la Ley 100 de 1993. Los tanques de pensamiento de la izquierda decidieron estigmatizar la participación privada en la salud con la etiqueta del lucro. Esa fue una narrativa fácil que calaba en muchas personas cuando tenían dificultades para el acceso a los servicios de salud. Fue fácil vender la idea de unas aseguradoras que se embolsillaban el dinero y negaban servicios para quedarse con este.
Tan pronto como llegaron al Gobierno, ya no tenían la excusa de los gobiernos cómplices con las EPS, y entonces buscaron darle un vestido que justificara su intervención y su inmediata destrucción. Ese traje fue la nueva narrativa de que las EPS se habían quedado con las reservas técnicas, haciendo falsamente entender a la gente que esas reservas eran dineros que debían guardar y que se lo apropiaron los perversos dueños. Nada más inexacto porque, desde lo contable, las reservas son las deudas —los pasivos— causadas por los servicios prestados. Lo que las EPS deberían tener eran inversiones que soportaran esas deudas. Este es un error técnico que no reconocen porque les daña su narrativa.
Tampoco quisieron reconocer que se trata de un sistema de aseguramiento: las EPS reciben el riesgo de enfermar de las personas, uno que es parcialmente desconocido cuando se fija el valor que se les pagará por cada colombiano. Así como el primero de enero brindamos por nuestra salud, porque no sabemos si ese año tendremos una enfermedad grave, tampoco las EPS tienen la capacidad de conocer con certeza cuánto tendrán que pagar por la hospitalización de quienes se enferman. Para resolver esa situación, desde hace más de veinte años se venía realizando la estimación del posible gasto para el año siguiente, con base en los datos de gasto de los colombianos durante los años anteriores. A partir de ello, se fija un valor a reconocer por cada colombiano para el año siguiente, denominado Unidad de Pago por Capitación: la famosa UPC.
Este gobierno, henchido de sus odios, decidió que la información que sustentaba esos estudios no era confiable y empezó a ajustar la UPC de manera arbitraria, induciendo un déficit a un sistema que ya traía un nivel de gasto elevado por causa de las estrecheces presupuestarias de los anteriores gobiernos. Contrariando a todos los ministros anteriores, la exministra Corcho llegó a las comisiones presupuestarias del Congreso de la República diciendo que el sector no necesitaba más recursos y tampoco se preocupó por cubrir el costo de los servicios que estaban fuera de la UPC. Es decir, desfinanció al sistema.
Su sucesor continuó con la misma tónica, pero —adicionalmente— se ha venido gastando los pocos recursos del sistema en los tristemente célebres equipos de salud que pocos colombianos —incluida la web del ministerio— saben dónde están, qué poblaciones cubren, cuántos servicios han prestado y, mucho menos, qué efectividad han tenido.
Ahora tratan de ocultar su desastre. La Nueva EPS, que fue intervenida desde el inicio del gobierno, completó dos años sin presentar sus estados financieros. No quieren que el país conozca el desastre que ellos mismos generaron. Pero con gobernadores quejándose por la falta de pago a los hospitales públicos, IPS cerrando servicios y rompiendo los contratos con las EPS intervenidas, y millones de pacientes buscando tratamientos y pagándolos de su propio bolsillo, el acceso a la salud se transformó en la mayor preocupación de los colombianos.
Pero como si la tragedia inducida no fuera suficiente —y en lugar de responder a los colombianos— el presidente inició la semana pidiendo que los ministros de Salud de los gobiernos anteriores pidieran perdón por la crisis que su propio gobierno se encargó de inducir. ¡Qué descaro! Pocas veces tanta incompetencia se había revestido de tanta negligencia.
