Odebrecht presidente

En los siglos XIX y XX la América Latina era famosa por sus dictadores. Los había de todas clases, bárbaros o ilustrados, militares o civiles, tal como había vaticinado Bolívar: “Tiranuelos imperceptibles de todos los colores…”. En cada país, el más famoso novelista local escribía una novela sobre su caudillo respectivo: Asturias en Guatemala, Carpentier en Cuba, Fuentes en México, Vargas Llosa en el Perú, Roa Bastos en el Paraguay, Tomás Eloy
Martínez en la Argentina. García Márquez, a falta de un modelo colombiano convincente –porque Melo fue demasiado breve, y Laureano cayó enfermo, y Rojas no daba la talla– tuvo que inventar un “patriarca” multiforme compuesto de muchos dictadores tropicales y hasta de tiranos de la antigua Grecia. Pero más difícil todavía lo tendrán los novelistas de este siglo XXI: ya no hay dictadores serios, sino presidentes destituidos por corruptos. Pedro Pablo Kuczynski, que acaba de serlo en el Perú, es el más reciente.

Son legión. Casi todos los del Brasil: Dilma Rousseff por defraudación y obstrucción de la justicia, Lula da Silva por lavado de dinero, Collor de Mello por algo llamado “corrupción pasiva”. Los de la Argentina: para no hablar de los generales de las Juntas, culpables de asesinatos, secuestros, desapariciones y torturas, a Carlos Menem lo condenaron por peculado y contrabando de armas, y Cristina Fernández de Kirchner tiene abiertas media docena de causas judiciales: por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, por compra ilegal de dólares, por encubrimiento de terroristas, por incitación al asesinato. En el Paraguay el Senado destituyó a Fernando Lugo por un vago “mal desempeño de sus funciones”. En el Ecuador Abdalá Bucaram fue acusado de estar loco –cantaba rancheras– y de desviar fondos públicos en su provecho, y después Lucio Gutiérrez, acusado de nombramiento irregular de magistrados y cercado por las protestas populares, huyó al Brasil y fue destituido por abandono del cargo. En Guatemala Otto Pérez fue a la cárcel por corrupción aduanera. En Panamá Ricardo Martinelli escapó a los Estados Unidos perseguido por delitos contra la administración pública y está preso en Miami en espera de ser extraditado. En Venezuela Carlos Andrés Pérez fue destituido por enriquecimiento ilícito. En Colombia Álvaro Uribe tiene nada menos que 28 procesos ante la Corte Suprema –por falsos positivos, por paramilitarismo, por chuzadas ilegales, por injuria y calumnia, por manipulación de testigos–, sin contar los 186 que están estancados en la Comisión de Acusaciones, donde están estancadas igualmente las investigaciones contra el presidente actualmente en ejercicio, Juan Manuel Santos, por la financiación de su campaña electoral.

Pero sin duda el caso más llamativo es el del Perú, donde acaba de caer Kuczynski por haber puesto en libertad, o a pesar de haber puesto en libertad, según se mire, al expresidente Alberto Fujimori, que cumplía condena por delitos de lesa humanidad. Con Fujimori serían cinco, pues en el Perú están presos, o reclamados en extradición, o investigados por delitos de soborno, los otros tres presidentes de los últimos años: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Salvo Fujimori, preso por crímenes de sangre cometidos por orden suya y bajo su gobierno, los demás comparten la misma culpa: recibieron coimas a cambio de otorgar contratos a la poderosa empresa constructora Odebrecht, que también corrompió a otros muchos mandatarios y ministros desde México hasta la Patagonia. Y, por lo que parece, en todas partes dejó hechas las obras contratadas.

En vista de lo cual, y en pro de la eficacia, no sería mala idea que el señor Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa sobornadora, fuera unánimemente elegido presidente de toda América Latina. Además de su probada capacidad administrativa el señor Odebrecht presenta la ventaja impagable de que ya está en la cárcel.