Ocho mártires

No falten a la verdad, señores de la Fiscalía General. Ni ustedes ni el Gobierno hicieron ningún esfuerzo reseñable para rescatar con vida a Maryuri Hernández, Jesús Valero, James Caicedo, Carlos Valero, Óscar Hernández, Nixon Peñaloza y al matrimonio de Isaid Gómez y Maribel Silva, que en 2023 celebraron sus bodas de plata. Ni siquiera para encontrarlos muertos.

Debería darles pena redactar un comunicado poniéndose medallas: “El hallazgo se originó en la activación del mecanismo de búsqueda urgente el pasado mes de abril, ante la denuncia que dio cuenta de la citación de esas personas por parte de las disidencias de las Farc que delinquen en esa región”.

Agregan, sin pudor alguno, que gracias a su indagación establecieron dicho encuentro con la guerrilla. Una información que conocía todo el mundo en Calamar desde hace tres meses, cuando el grupo de fervorosos cristianos de las iglesias Cuadrangular y Nueva Alianza de Colombia no retornó tras cumplir una cita con mandos de las Farc-EP. No tenían alternativa diferente a acudir al llamado de los matones, la verdadera autoridad en Guaviare.

Tratándose de almas buenas, estarían convencidos de que darían las explicaciones pertinentes y les permitirían seguir con sus vidas sencillas. Tanto así que Maribel decidió acompañar a su esposo, Isaid Gómez, sin ser requerida, segura de que regresarían el mismo día a su hogar para atender tanto a sus dos hijos, de 10 y 4 años, como la tienda que abrieron en Pueblo Seco, el caserío al que habían llegado todos, procedentes de Arauca, hacía unos ocho años.

En todo caso, el pasado 28 de junio, tras la entrega al CICR de dos secuestrados que estaban en manos de los bloques Amazonas Manuel Marulanda y Móvil Martín Villa de las Farc-EP, se podía concluir que los habían asesinado.

En el escueto comunicado del citado organismo y con el lenguaje neutral que deben emplear para cumplir su misión humanitaria en zonas rojas, relataron que “los Bloques también proporcionaron al CICR información sobre los lugares de entierro de personas fallecidas en el marco de los conflictos armados”, sin especificar más. No hacía falta.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, quizá llegó la hora de cambiar las recurrentes “alertas tempranas”, puros saludos a la bandera, por una voz potente, dura, indignada, en distintos escenarios que pusiese la desaparición de los ocho en la agenda pública. Iris Marín debería recoger el legado de Gilma Jiménez, la insustituible e inolvidable defensora de los niños que solo contaba con carácter, determinación y firmeza para presionar a gobernantes y movilizar conciencias.

No olviden lo que dijo el general Mendieta cuando llevaba varios años secuestrado: “Duele más la indiferencia de los buenos que la maldad de los criminales”. Eso mismo pensaron las familias de los asesinados, al sentir que al país no le importaban sus seres queridos.

Y de mi cosecha agrego: empezando por el presidente y el Pacto Histórico, a los que solo les sirven los muertos como arma arrojadiza contra opositores.

Gustavo Petro estuvo en San José del Guaviare en junio y solo echó cuentos delirantes. Ni una palabra sobre los mencionados cristianos. Le valieron huevo, así de claro.

Tampoco sus rivales políticos hicieron de tamaña desaparición una cruzada, una bandera. Dolía que pasaran los días y no hubiese respuestas ni declaraciones fuertes de personalidades nacionales.

Por supuesto que no cabía esperar nada de los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda, tan activos cuando atacaban con el hashtag #NosEstánMatando a Iván Duque. La precandidata presidencial lo borró cuando Petro se instaló en Palacio, muestra del deleznable uso político que la extrema izquierda y sus aliados santistas hacían de los muertos.

Por si no tuvieran suficiente desgracia, las familias de Maryuri, James, Óscar, Carlos, Nixon, Jesús, Isaid y Maribel no solo perdieron a unos seres humanos maravillosos, también su nuevo terruño. El miedo a correr la misma suerte puede empujarlos a desplazarse.

Ante semejante barbarie, resulta incomprensible que aún haya quienes otorguen legitimidad política a las guerrillas. No sé con qué argumentos revestirán de revolucionario, por ejemplo, el crimen de James Albeiro Caicedo, por citar uno del grupo.

“De padres cristianos, se crio en el campo voleando pala, azadón, levantando ganado, jamás sembraron coca. Se casó con su novia de toda la vida, deja dos hijos y dos nietos”, me cuenta un pariente que lo quería mucho. “Jamás lo vi de mal genio, demasiado noble, no se metía con nadie. Fue un hijo, un padre, hermano y esposo amoroso, cuidó a sus papás hasta sus últimos días y se trajo a su hermano discapacitado, que requiere atención las 24 horas”.

Fueron el progenitor y un tío de James, procedentes del caucano Puerto Tejada, quienes fundaron la vereda Los Chorros, en Arauca, de donde también procedía, entre otros, su primo Óscar García, que deja viuda, tres hijos y un nieto.

Ocho mártires cristianos en un país donde la vida no vale nada.