Nubes negras en el horizonte fiscal

Los hechos son difíciles de controvertir: el déficit fiscal de 2024 superó en aproximadamente $ 21 billones las proyecciones del Plan Fiscal de Mediano Plazo. Esta desviación se debió a ingresos tributarios $ 10,8 billones inferiores a lo proyectado y a un gasto primario de $ 9,8 billones superior al previsto. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando la meta establecida del 5,6 % y representando el nivel más alto en dos décadas, excluyendo los años de la pandemia. En respuesta a la menor recaudación, el Gobierno anunció en noviembre de 2024 un recorte del 5,6 % en el presupuesto anual, reduciéndolo de $ 502 billones a $ 472 billones.

¿Cuáles son las razones del significativo descache entre lo presupuestado y lo realmente recaudado? Son muchas, pero cabe destacar la ingenuidad, por no hablar de falta de experiencia de los técnicos, en presupuestar ingresos altamente inciertos como fallos positivos en litigios; una reforma tributaria muy mal diseñada, como fue la de Ocampo en 2022; y una torpe política en el sector minero energético, lo cual obviamente redundó en menor recaudo fiscal y una baja considerable en las utilidades de Ecopetrol, de las cuales el Gobierno es el mayor accionista.

¿Qué va a pasar en 2025? Un análisis del equipo de investigaciones del Banco de Bogotá estima que el recaudo efectivo podría alcanzar solo $ 279 billones, lo que representaría un déficit de aproximadamente $ 36,5 billones respecto a la meta establecida. Según la firma Valora Analitik, “en enero de 2025 la Dian reportó un recaudo de $ 32,8 billones, superando en un 5,9 % el mismo mes del año anterior, y en febrero alcanzó $ 49,51 billones, un 6,11 % más que en el mismo periodo de 2024, estas cifras aún están por debajo de las metas mensuales necesarias para cumplir con el objetivo anual”.

Hay varios factores que pueden descarrilar las proyecciones de ingresos en Colombia:

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Menor crecimiento del PIB que redunda en menor recaudación del impuesto de renta y el IVA. En 2024, el PIB de Colombia creció apenas un 0,6 %, muy por debajo de las expectativas iniciales de más del 2 %. Si en 2025 sigue la misma tendencia, el PIB va a ser menor al proyectado.
En 2024, la producción petrolera cayó un 3,2 %. Colombia depende en gran parte de los ingresos del petróleo y el carbón y si los precios internacionales bajan o la producción disminuye, los ingresos por regalías e impuestos de este sector pueden impactar de manera grave el presupuesto nacional.
Si los socios comerciales de Colombia enfrentan problemas económicos, las exportaciones caen, afectando la recaudación de impuestos. Imposible predecir el comportamiento del dólar, pero una devaluación encarece las importaciones y puede afectar el consumo y el comercio, reduciendo ingresos por IVA y aranceles una devaluación.
En un año preelectoral los cambios en políticas fiscales o incertidumbre política van a afectar la confianza de inversionistas y empresas, reduciendo la inversión y el empleo, lo que impacta la recaudación tributaria.

A este columnista lo que más le preocupa son las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda en el sentido que él no ha llegado para poner orden en las finanzas públicas, “sino a respaldar al presidente en sus iniciativas”. Por lo visto, el que no haya con qué financiar estas iniciativas no es problema para la cabeza del erario. ¿Será consciente el nuevo ministro de que con una deuda pública externa de 90.000 millones de dólares, el que nos aumenten un 2 % los intereses por el mayor riesgo que puede implicar desconocer la Regla Fiscal puede representar un mayor costo en intereses de cerca de ocho billones de pesos anuales, desconfigurando de manera grave todo presupuesto o ajuste?

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Apostilla: maravilloso análisis del exministro Jorge Humberto Botero: “La concepción de la hacienda pública tradicional se fundamenta en el principio del equilibrio presupuestal. Los gastos no pueden exceder, salvo en estados de excepción, de los ingresos previstos. La nuestra actual, que se basa en el mismo principio, abrió una posibilidad novedosa: si el cómputo de los gastos que el Gobierno estima necesarios es insuficiente, puede pedir al Congreso que establezca otras rentas para equilibrar el presupuesto. El financiamiento no computa como ingreso, aunque su servicio es parte del gasto presupuestal”.