No pasa-portes

El trámite de los pasaportes en Colombia, que debería ser sencillo y sin misterios, se ha vuelto un espejo de algunos de los aspectos más oscuros de nuestra nación. Para muchos colombianos, el pasaporte es un símbolo de oportunidad, de liberarse de una sociedad en la cual sus oportunidades son limitadas por la dificultad de emanciparse económicamente y no depender de nadie, de buscar un entorno menos apretado lejos de nuestras fronteras. Para otros, es un símbolo de libertad, de despedida de los límites sociales y culturales de una sociedad agobiante. Es una puerta a otra oportunidad; el sueño de —eventualmente— hacer borrón y cuenta nueva, una esperanza.

Recientemente, el Gobierno colombiano se ha dado a la labor de ir matando lentamente, como un cáncer silencioso, la esperanza de emancipación de muchos colombianos. El ramillete de dificultades que —paulatinamente— ha ido construyendo para obstruir el acceso de los soñadores a su portal de oportunidades por medio de esa libreta de papel depositaria de tecnologías de punta, no solo destruye sueños, sino que tiene alcances insospechados, condenables.

Antes de todo hay que dejar claro un hecho indiscutible. Previo a este gobierno, si bien existían dificultades para los colombianos para adquirir esta licencia para volar, sobre todo por la corrupción del cartel de la asignación de citas, nunca se había visto un ataque frontal a este servicio. Los colombianos tuvieron que acudir a intermediarios, pero sus esperanzas nunca estuvieron en entredicho.

Hasta que llegó el momento que nadie imaginaba. Era irreal que Gustavo Francisco Petro Urrego, aquel personaje que poco a poco ha ido minando el bienestar de los jóvenes —quitándoles los créditos educativos y los subsidios de vivienda, y robándoles la posibilidad de una pensión decente a menos que completen las 1.300 semanas—, iba a llegar tan lejos como para jugar con sus sueños. Como consecuencia de una rencilla personal contra la empresa colombianísima Thomas Greg & Sons, cuyo nombre proviene de la adquirida sucursal local Thomas de la Rue y del nombre del abuelo de la familia, don Gregorio, Petro se ha empecinado en una quijotesca, pero a la vez indigna, labor de nacionalizar la producción de los pasaportes.

El problema es que al presidente poco le importan los sueños de los jóvenes. Su estrategia, inexistente por lo demás, de que los pasaportes sean fabricados por la Imprenta Nacional con la colaboración del Gobierno de Portugal, es onírica, pero a la vez, una demostración de un desplante a los colombianos. La realidad sin tapujos es que para Petro el problema de los pasaportes es inexistente, porque para él los sueños de los colombianos son irrelevantes y pasan por debajo de sus odios personales.

Fuera de esta novela macabra, además del desprecio del presidente por las esperanzas del pueblo, la oficina de pasaportes refleja la parte oscura de la idiosincrasia colombiana. En una actitud sin precedentes, los funcionarios de la Cancillería han tomado la costumbre de perfilar a algunos ciudadanos por su apellido para negarles el pasaporte. Suponen dentro de su torcida visión del mundo que aquellos con nombres no hispánicos que tienen cédula, tuvieron pasaporte y lo quieren renovar, tienen más probabilidades de cometer el delito de haber adquirido la nacionalidad fraudulentamente.

Con esta disculpa, exigen a quienes se apellidan Williamson, Armitage, Cock, Kling, Dumit o Eichmann, que suministren pruebas de que sus padres son colombianos por medio de actas de nacionalización o de nacimiento. No se las exigen a quienes tienen ascendencia italiana, como a Benedetti, o libanesa, de apellido Saab, porque consideran que ellos sí tienen derecho a ser colombianos. Tampoco se las exigen a los miles de venezolanos nacionalizados colombianos de apellido Rodríguez, ni a los ecuatorianos de apellido Samboní. Esta actitud de los funcionarios nombrados en el Gobierno Petro solo refleja una realidad: su visión del mundo distorsionada y desatinada de cómo debe funcionar la sociedad.